· La
necesidad de modernizar y fortalecer al sistema judicial mexicano
· Requiere
una transformación de fondo para servir verdaderamente a la ciudadanía
· Cambios
estructurales que cuestionan el equilibrio de poderes
Por Miguel Ángel
Cristiani G.
Como es ya bien sabido que en la naturaleza del presidente
Andrés Manuel López Obrador está en descalificar y ningunear a todos los que
opinan o actúan diferente, esta mañana en su conferencia de prensa aseguró que el
paro de los integrantes del Poder Judicial “es ilegal”, pero que éste ayudará
al pueblo de México pues al no estar activos jueces, magistrados y ministros
“tenemos cuando menos la garantía que no se dejará en libertad a delincuentes
del crimen organizado y de cuello blanco”.
Mientras tanto los trabajadores del Poder Judicial – no los
magistrados, jueces- iniciaron desde este lunes, un paro de labores para
protestar por la llamada Reforma al Poder Judicial.
Que como tema central y de polémica trata de que los
funcionarios del Poder Judicial sean electos por votación popular.
Hay que recordar que en los últimos años, el Poder Judicial
de México ha sido objeto de intensos debates y propuestas de reforma. Desde la
administración del presidente Enrique Peña Nieto hasta la actual gestión del presidente
Andrés Manuel López Obrador, la necesidad de modernizar y fortalecer al sistema
judicial mexicano se ha mantenido en la agenda política y pública. Ahora, con
la reciente presentación de la Iniciativa de Reforma Constitucional al Poder
Judicial por parte del Ejecutivo Federal, esta discusión entra en una nueva y
crucial etapa.
La Iniciativa de Reforma Constitucional al Poder Judicial
propuesta por el presidente López Obrador busca transformar radicalmente la
estructura y funcionamiento de este poder del Estado. Entre los principales
cambios planteados se encuentran: la eliminación del Consejo de la Judicatura
Federal, la reorganización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
la designación directa de jueces y magistrados por el Ejecutivo, y la creación
de un nuevo Instituto de Defensoría Pública, entre otros.
Desde la perspectiva del Gobierno Federal, esta reforma es
necesaria para combatir la corrupción, la impunidad y la falta de independencia
que han caracterizado al Poder Judicial mexicano durante décadas. El presidente
López Obrador ha señalado reiteradamente que el actual sistema judicial está
"secuestrado" por intereses creados y que requiere una transformación
de fondo para servir verdaderamente a la ciudadanía.
Sin embargo, la propuesta ha generado una fuerte
controversia y rechazo por parte de diversos sectores de la sociedad civil,
organismos autónomos, y algunos partidos políticos de oposición. Estos actores
argumentan que la reforma representa una amenaza a la separación de poderes y a
la autonomía del Poder Judicial, abriendo la puerta a una mayor injerencia del
Ejecutivo en la administración de justicia.
Uno de los puntos más cuestionados es la eliminación del
Consejo de la Judicatura Federal, un órgano colegiado encargado de la
administración, vigilancia y disciplina de los tribunales federales. Según los
críticos, esta medida debilita los mecanismos de contrapeso y control sobre el
propio Poder Judicial, concentrando un mayor poder en manos del presidente de
la República.
Asimismo, la designación directa de jueces y magistrados por
el Ejecutivo también ha generado preocupación, ya que podría comprometer la
independencia judicial y propiciar un mayor alineamiento político de los
operadores del sistema de justicia. Algunos analistas advierten que esto abre
la puerta a la "judicialización de la política" y a un mayor riesgo
de injerencia del Gobierno en los procesos judiciales.
Por otra parte, la reforma también plantea la creación de un
nuevo Instituto de Defensoría Pública, que asumiría las funciones que
actualmente desempeña la Defensoría Federal. Aunque el objetivo de mejorar el
acceso a la justicia para los sectores más vulnerables es loable, existen dudas
sobre la viabilidad y autonomía de este nuevo organismo, especialmente en lo
relativo a su financiamiento y designación de funcionarios.
Es importante señalar que esta no es la primera vez que se
intenta reformar al Poder Judicial en México. Iniciativas anteriores, como la
Reforma Judicial de 1994 o la Reforma Constitucional de 2021, también buscaron
modernizar y fortalecer al sistema judicial, con resultados mixtos. Ahora, la
actual propuesta parece ir más allá, planteando cambios estructurales que
cuestionan el equilibrio de poderes y la independencia del Poder Judicial.
En este contexto, es fundamental que el debate sobre la
Reforma al Poder Judicial se dé de manera amplia, plural y transparente, con la
participación de todos los actores relevantes, incluidos los propios
integrantes del sistema judicial, los colegios de abogados, las organizaciones
de la sociedad civil y la academia. Solo así se podrá encontrar un balance
adecuado entre la necesidad de transformar y modernizar al Poder Judicial, y el
respeto a los principios de división de poderes y Estado de Derecho.
Asimismo, es crucial que cualquier cambio se lleve a cabo de
manera gradual y con un enfoque basado en evidencia, evitando medidas que
puedan poner en riesgo la integridad y credibilidad del sistema de justicia.
Una reforma apresurada o excesivamente radical podría generar más problemas de
los que pretende resolver, socavando la confianza ciudadana en las
instituciones.
En última instancia, la discusión sobre la Reforma al Poder
Judicial en México trasciende las fronteras partidistas o ideológicas. Se trata
de un tema fundamental para la consolidación del Estado de Derecho y la plena
vigencia de los derechos humanos en el país. Por ello, es imperativo que este
debate se lleve a cabo con responsabilidad, rigor y una visión de largo plazo,
priorizando el interés público por encima de cualquier otro.
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