“Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.” – Albert Einstein.
Ya son muchas las voces de especialistas en derecho y ciencia política que advierten que Veracruz enfrenta una seria crisis de estado.
La misma se ha comenzado hacer más evidente con la
implementación de una política persecutoria en contra de aquellos que opinen o
piensen diferente.
Así la persecución política como instrumento para
intentar acallar todas aquellas voces que señalan, adviertan o hablen en contra
del régimen son factibles de ser inscritos en ese selecto listado de personajes
antagónicos.
Recientemente el ex procurador General de la República,
ex secretario de Gobierno y ex embajador de México en Francia, Ignacio Morales
Lechuga durante su participación en la reunión anual de Alianza Generacional
–esta que encabeza Héctor Yunes Landa- apunto datos importantes al respecto.
El ex rector de la Escuela Libre de Derecho afirma: “en
Veracruz se hayan reimplementado delitos y sanciones que en su momento “eran
inexistentes”, tales como el de ultrajes a la autoridad, del cual acusó, se ha
convertido “en un instrumento de persecución política contra todo aquel que ose
criticar y opinar diferente a las autoridades estatales”.
Atentatorio de los derechos humanos, el Gobierno que
encabeza Cuitláhuac García Jiménez se ha vuelto en una especie de estado
represor con tintes “dictatoriales” que no abonan a la construcción de una
sociedad responsable y participativa.
A este escenario, cabe traer a colación que es Veracruz
el primer lugar en la detención de actores políticos de oposición, aun cuando
se les tache de delincuentes políticos y no en presos políticos.
Casos como el de Rogelio Franco Castán, el de Gregorio
Gómez, y ahora el más reciente el del panista Tito Delfín Cano, son tan solo
algunas muestras de esa política sistemática.
Este reportero conversó con el dirigente del Movimiento
Antorchista en la entidad, Samuel Aguirre Ochoa, a quien ahora apuntan las
baterías.
El ex diputado federal señaló que ahora mediante
citatorios la Fiscalía General del Estado (FGE) pretende intimidar y de ser
posible, sacarlos de la actuación pública, por criticar al régimen.
Aguirre Ochoa señaló que debido a una denuncia penal
interpuesta por una mujer que no conocemos, en la que se le acusa de los
delitos de FRAUDE y ABUSO DE CONFIANZA, su representante legal compareció en
las instalaciones del Centro de Medios Alternativos de Solución de Conflictos
de la FGE, ubicado en Xalapa, para dar respuesta al citatorio correspondiente.
Según ha explicado el dirigente social, en la citada
reunión tuvieron conocimiento que, en el mes de julio de 2021, dos individuos
intentaron vender una porción de terreno a la denunciante, MARÍA NAYELI “N”,
ubicada entre las calles Osa Menor, Saturno y Estrella Capella de la colonia
Arroyo Blanco en Xalapa, cuya propiedad legítima pertenece al Ing. Samuel
Aguirre Ochoa.
Uno de ellos, EDUARDO “N”, se ostentó como apoderado
legal de Samuel Aguirre Ochoa, mostrando un Poder Notarial supuestamente
otorgado por éste. Es preciso aclarar, que dicho Poder Notarial, de existir, es
totalmente apócrifo, pues Aguirre Ochoa JAMÁS ha otorgado un documento de este
tipo a dicha persona.
Además, en la mencionada reunión, la denunciante exhibió
una copia de credencial de elector a nombre de Samuel Aguirre Ochoa, en la que
se pudo observar que la fotografía de ésta, para nada corresponde a la imagen
del líder de Antorcha en Veracruz.
Todas las evidencias apuntan como es de presumirse, que
con base en argucias legaloides se pretende inculpar al dirigente Antorchista
en Veracruz.
Esta situación resulta muy preocupante pues, suponiendo
que simplemente se trate de un fraude cometido por un estafador o un grupo de
ellos, evidencia la ineficacia del Estado para evitar el incremento de los
delitos en la entidad, por lo que exigimos se actúe de manera pronta en este y
en todos los casos en los que se violenten los derechos de los veracruzanos.
Y si, por otro lado, estamos ante una elaborada
fabricación de delitos para involucrar a Samuel Aguirre Ochoa con el objeto de
manchar su imagen y hostigar políticamente a él y a la Organización social que
dirige, reiteramos nuestro llamado al gobierno estatal para que se abstenga de
utilizar al aparato judicial con la finalidad de reprimir a los antorchistas o
a cualquier otro grupo de ciudadanos que no simpaticen con las acciones de su
gobierno.
La grave crisis de estado, reflejada ya en persecución
política nos obliga a cuestionarnos, en qué momento el gobernador del Estado
comenzará a deshacerse de algunos lastres al frente de muchas dependencias, los
cuales simplemente no trabajan para el mismo lado y solo lo encaminan a
responsabilizarlo de las serias y graves acusaciones que habrán de llegar tras
demostrarse el uso sistemático y faccioso de la medida.
Al
tiempo.
astrolabiopoliticomx@gmail.com
Twitter: @LuisBaqueiro_mx
