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viernes, 12 de mayo de 2023

Desfachatez con toga y birrete

 

La gente les tenía consideraciones eran admirados, como lo que siempre debieron ser. Su primera caída fue el 31 de diciembre de 1994, a un mes de haber tomado posesión Ernesto Zedillo, cuando despidió a los 26 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y redujo su número a 11.

En esa ocasión, para renovar a todos los ministros de la SCJN, el presidente tuvo que enviar una terna conformada por 18 personas, entre las cuales el Senado de la República escogió 11.

Parecía que con estos cambios los ministros se encargarían de llevar las tareas con rectitud y transparencia. No fue así.

Al inicio del actual sexenio la orden de bajarse el salario a los jefes de algunas de las llamadas instituciones volvió a golpear a los 11 ministros, quienes, de inmediato se ampararon para no perder el nivel salarial, a pesar de que su consigna es: “…el Poder Judicial de la Federación representa al guardián de la Constitución, el protector de los derechos fundamentales y el árbitro que dirime las controversias, manteniendo el equilibrio necesario que requiere un Estado de derecho”.

Antes de que se sucedieran uno tras otro sus excesos, los magistrados mostraban cierta tenencia a enfrentarse no sólo al Poder Ejecutivo en sus proyectos sino en resolver, de manera favorable, todo juicio iniciado por la oposición, ya sean amparos o liberaciones de auténticos delincuentes, como recientemente sucedió con un amparo que consiguió el ex alcalde de Benito Juárez, Christina Von Roherich, entre otros muchos que tienen incluso que ver con beneficiar narcotraficantes y sus familiares, que al parecer son de los casos favoritos de algunos ministros, según dan cuenta los medios actualmente.

Como este tipo de fallos y decisiones de ministros y jueces está llena la trayectoria de mentiras, y sabotajes a la 4T, a grado tal que han obstruido el gobierno de la actual administración.

Aceptaron los amparos y fallaron a favor todas las instancias que defendían las obras de los funcionarios del pasado, y detenían las del actual sexenio con miles de pretextos. Desde la protección del aeropuerto de Texcoco hasta el complot contra el Tren Maya. 

Ante esta situación Andrés Manuel López Obrador mostró una lista de los privilegios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que destacan el retiro con pensión vitalicia con casi la totalidad de su sueldo, ayuda para gastos fúnebres de 30 mil pesos, además, en la jubilación se les permite quedarse con los vehículos que tuvieron asignados, entre otros. Por este motivo, dijo, se está planteando una reforma al Poder Judicial, a partir de una Reforma Constitucional para 2024. Por eso ahora actúan de manera tan descarada porque saben que en un futuro ya no podrán medrar en nombre de la justicia.

Porque de los tres poderes de la unión los únicos de sus miembros que no son electos son los integrantes del Poder Judicial, resquebrajando el sistema democrático por una costumbre que derivó en vicio.

El Plan B electoral fue echado para atrás por la Suprema Corte, el cual consiste en bajar los sueldos de los funcionarios del INE, que ganan más que el Presidente.

Los ministros de la SCJN reciben primas vacacionales de 95 mil pesos, equivalente a 10 días de sueldo y un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723 mil 690 pesos 24 centavos al año.

Difícilmente puede estar en el fiel de la balanza quien está del lado de los privilegios, es decir, de una minoría cuyos intereses se han defendido siempre desde la Corte en México. La justicia social se convirtió en justicia elitista, donde la razón se le otorga al que paga por fuera para que diseñen los fallos a favor de verdaderos delincuentes.

Se habla de una denuncia pública que responsabiliza a la presidenta de la Corte, Norma Piña, de recibir 200 millones de pesos, para debilitar mediáticamente a la actual administración pública.

¿Qué tipo de justicia puede haber en México cuando la legalidad tiene un precio y la justicia está permanentemente en subasta?

Las decisiones de los ministros de la Suprema Corte no sólo tienen un significado de interés personal sino que se caracterizan por una postura conservadora. Su cotidianeidad les reclama vivir y actuar en la nostalgia del pasado, cuando nadie les pedía reducir sus salarios ni dar a conocer las razones de sus fallos, en esos momentos eran intocables y perfectos. Casi dioses.

Con aguinaldos de 588 mil pesos, 40 días de sueldo, primas vacacionales por 95 mil pesos, comedor especial en la Suprema Corte de Justicia, donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas, presupuesto de 5 millones 540 mil 930 pesos mensuales para contratar personal, dos vehículos blindados tipo Suburban con valor acumulado de 6 millones, que se renuevan cada dos años, pago por riesgo de más de 640 mil pesos al año, apoyo para gasolina, 22 mil pesos mensuales, apoyos ilimitados para el pago de peajes en autopistas, escoltas al Servicio de Protección Federal, entre otros beneficios que no tienen razón de ser.

Se trata de un despacho privado para cada uno de los ministros, donde pueden hacer negocios personales pero con cargo al erario. Es decir, mantenemos zánganos que permiten que hay presos políticos, que tengan en sus cuentas delincuentes, que se liberen a corruptos, que se abran las puertas a funcionarios públicos corruptos para que sigan su ascendente carrera política, etc.

 

PEGA Y CORRE

Ya empezó a impartir clases Lorenzo Córdova en la UNAM como una burla al sentido común, a la legalidad del país a las normas de la Máxima Casa de Estudios y a la justicia.

 

Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes