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Las preguntas que no han sido contestadas hasta
la fecha
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Quien es el propietario de la empresa que
representa
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Quien le facilitó obtener ventas al gobierno por
más de 100 millones
Por Miguel Ángel Cristiani González
Son muchas -demasiadas- las preguntas que
están sin tener una respuesta creíble, en el caso de la empleada de la SEV, que
aparece como representante legal de una empresa a la que en distintas
dependencias del gobierno del estado, le otorgaron contratos para la
adquisición de productos diversos por más de cien millones de pesos.
Esa suerte, no la tiene ni el presidente
Biden.
La información revelada hasta ahora, parece
indicar que es el mismo esquema con el que se trabajó en la administración del
gobernador Javier Duarte de Ochoa, cuya esposa por cierto, sigue en proceso de
extradición del Reyno Unido, pero no la han traído aún para que responda, al
menos, de los 100 millones de pesos que fueron desviados desde el DIF estatal.
Casi es la misma cantidad de millones de
pesos los que se otorgaron ahora a una joven empleada de la SEV.
Entre los cuestionamientos que no han sido
aclarados hasta la fecha, es por ejemplo, ¿quién o quienes son los dueños de la
empresa privilegiada con esos contratos millonarios.?
¿Desde que dependencia se dio la orden para
que le fueran otorgados esos contratos.?
¿Quién es el funcionario que movió la cuna,
para que se le entregaran esos negocios.’
¿El ORFIS y la Contraloría Estatal ya están
interviniendo, para constatar que lo que se compró efectivamente se entregó a
las dependencias.?
¿La Auditoría Superior de la Federación va a
auditar esas compras?
Al igual comprobar que se entregaron las
compras, se repartieron a los beneficiarios.
No basta con que el secretario de Educación,
Zenyazen Escobar García reconozca que se le entregaron a Araly Rodríguez Vez
contratos en esa dependencia como trabajadora con doble plaza, una en Xalapa y
otra en Cosoleacaque al sur del Estado.
¿Cómo es posible que pudiera “tramitar”
tantas licitaciones de contratos en distintas dependencias si tenía que estar
trabajando también en la SEV.
A menos que le hayan ofrecido esas dos
plazas, como compensación para aparecer como “representante legal”.
No basta con que Zenyazen Escobar García
asegure que se trató de una propuesta de algún sindicato de la SEV, desde hace
más de un año, pero que “curiosamente” no recuerda cual fue.
Araly Rodríguez Vez no sobrepasa los 46 años
y ha sido una de las proveedoras del gobierno de la 4T más multifacética,
porque igual vende mobiliario, equipo médico especializado, computadoras,
uniformes, sillas de ruedas, carriolas y hasta material anticovid-19.
En solo cuatro años logró 39 contratos por
100.9 millones de pesos con cuatro dependencias de gobierno: La Secretaría de
Salud, el DIF estatal, el Instituto Tecnológico de Perote y los más recientes
con la Secretaría de Seguridad de Veracruz.
En todos se identificó como la proveedora
32804 de la Secretaría de Finanzas y logró los contratos vía adjudicación
directa. Como su dirección marcó la calle Huelva 39 en la popular colonia
Higueras de Xalapa, solo que ahí desconocen su nombre.
El líder del PRI, Marlon Ramírez denunció su
sospecha sobre esta proveedora y exhibió los contratos en dos ocasiones, - en
noviembre del 2022 y recientemente en enero, durante la comparecencia del
Órgano de Fiscalización de Veracruz.
El gobernador Cuitláhuac García dice que se
investigan sus contratos y que incluso confesó que no es dueña de la “empresa”
sino prestanombres y en realidad es una empleada administrativa que cubre un
interinato en la Secretaría de Educación con dos trabajos: Uno como secretaria
administrativa y otro como prefecta foránea en una escuela de Poza Rica, por
ello recibe salario de casi 20 mil pesos mensuales.
Pero que no hay “evasión de Impuestos”.
La empresaria que está dada de alta como
persona física empezó a recibir contratos del gobierno de Morena en 2019, un
año después de que entró en operación la administración estatal de la
denominada Cuarta Transformación.
La asignación de contratos, en los que han
estado involucrados varios secretarios de despacho, ha generado polémica, pues
nadie asume la responsabilidad de cómo una persona, sin ser propiamente una
empresa, logró vender al gobierno del estado desde una computadora, audífonos,
uniformes, sillas de ruedas, hasta pruebas de VIH e insumos para la atención de
la pandemia por el virus SARS CoV-2.
Con tantas habilidades para las finanzas,
casi casi, que doña Araly González debería de ser mejor la secretaria de
Finanzas o secretaria de Desarrollo Económico.
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