DE PRIMERA MANO
Por Omar Zúñiga
Cuando el 17 de julio la UNAM publicó los resultados de su primer examen de admisión en línea, algo no cuadraba.
El porcentaje de aspirantes con más de
100 aciertos —que entre 2021 y 2025 se había mantenido en un histórico 3.5 por
ciento— se disparó al 16.3.
En Medicina, la carrera más codiciada
del país, los altos puntajes saltaron del 9 al 29.3 por ciento.
No era una mejora educativa repentina:
era una anomalía estadística tan burda que en cuatro días obligó al rector Leonardo
Lomelí Vanegas a instalar una comisión técnica de 16 expertos y a suspender
las inscripciones, ante la sospecha de trampas masivas facilitadas por
inteligencia artificial y la venta de respuestas por TikTok y WhatsApp.
Hasta ahí, el escándalo lucía como lo
que aparentaba: una universidad rebasada por la tecnología y una empresa,
Territorium Life, incapaz de sostener la plataforma que se le adjudicó de forma
directa —sin licitación pública— bajo el argumento de ser "la única con
capacidad en el país".
Pero conviene mirar el expediente
completo de esa empresa antes de conformarse con la explicación de la
negligencia aislada.
*****
Territorium Life no llegaba limpia. En
Colombia fue contratada en 2019 por el Servicio Nacional de Aprendizaje por
cerca de 176 millones de pesos mexicanos, y terminó con retrasos de meses para
50 mil estudiantes y penalizaciones contractuales de entre el 5 y el 10 por
ciento; el sindicato SINDESENA la calificó, en 2021, de "estafa".
Aun así, la empresa acumula más de 218
millones de pesos en contratos con instituciones públicas mexicanas —entre
ellas el INE y el extinto Consejo de la Judicatura Federal—, y uno de sus
fundadores, Carlos Guillermo Elizondo Ancer, ha sido señalado por medios
independientes como cercano a equipos de la Secretaría de Educación Pública que
encabeza Mario Delgado.
No hay militancia partidista probada, pero
un proveedor con ese historial de fallas no debería ser, para ninguna
dependencia federal, sinónimo de confianza.
La pregunta que se impone no es si el
gobierno de la 4T fabricó digitalmente el colapso del examen.
No hay una fuga de correos, no hay un
documento que pruebe sabotaje directo, y sería irresponsable afirmarlo como
hecho consumado. La pregunta es otra, y más incómoda: ¿necesitaba el
oficialismo sabotear algo para beneficiarse de la crisis?
La respuesta, a la luz de los hechos,
apunta a que no. Bastaba con conocer las vulnerabilidades tecnológicas de la
UNAM —ya expuestas meses antes por un ciberataque que la propia institución
reconoció como una falla grave de seguridad informática—, empujar la transición
hacia un examen completamente digital para el cual la universidad no estaba
preparada, y dejar que el contrato cayera en manos de un proveedor con
antecedentes cuestionables.
El resultado es indistinguible de una
operación deliberada, sin que se tenga que firmar una sola instrucción.
Y ese resultado le sirvió al gobierno
federal casi de inmediato.
*****
Entre el 27 y el 29 de julio, la
presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema en tres conferencias matutinas
consecutivas —una frecuencia inusual para un asunto que, formalmente, compete a
la autonomía universitaria—.
Aunque el mensaje fue cuidadoso en las
formas: respeto a la autonomía, ofrecimiento de apoyo técnico de la SEP, el
fondo fue una crítica pública a la falta de preparación tecnológica de la
máxima casa de estudios, exactamente la narrativa que necesita un gobierno
interesado en presentar a la UNAM como una institución rebasada, incapaz de
gobernarse a sí misma.
No es la primera vez. Desde el recorte
de casi 11 mil millones de pesos a la educación superior anunciado en diciembre
de 2018 —que el propio Nerón de Macuspana reconocería después como "un
error"—, pasando por la propuesta legislativa morenista de 2020 para
"democratizar" por voto directo la elección de autoridades
universitarias, hasta los señalamientos presidenciales de 2021 y 2022 que
calificaron a la UNAM de "individualista" y "neoliberal" y
llamaron a desaparecer sus "cotos de poder", el patrón es
reconocible: presión presupuestal, desgaste discursivo e intentos de reforma
estructural.
En junio de 2024, cuando el Instituto de
Investigaciones Jurídicas cuestionó jurídicamente las reformas constitucionales
del oficialismo, la propia UNAM tuvo que deslindarse públicamente del
documento, en lo que muchos académicos leyeron como un doblegamiento forzado
por la presión desde Palacio Nacional.
Ese es el patrón regional, además:
universidades públicas asfixiadas primero por el desprestigio y después por la
intervención "salvadora" del Estado, como ha ocurrido con distintos
matices en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Guardando las proporciones
—México no es Nicaragua, y la UNAM conserva un peso institucional que otras
universidades de la región ya perdieron—, la lógica de fondo es la misma:
convertir una crisis operativa en argumento político para reducir la autonomía
de quien piensa distinto al poder.
*****
La conclusión honesta, con la evidencia
disponible hoy, no sugiere la existencia de un plan documentado de sabotaje
contra la UNAM, pero las pruebas existentes tampoco lo niegan de manera tajante.
Al gobierno de la 4T le resultó
extraordinariamente conveniente que la crisis ocurriera tal como ocurrió, con
el proveedor que la protagonizó y en el momento en que se dio.
En la vida no hay casualidades sino
causalidades, y en política, la conveniencia sostenida a lo largo de siete años
de tensión del gobierno con la misma institución deja de ser casualidad, sobre
todo cuando hay elementos que sugieren la posibilidad de que nuestra máxima
casa de estudios, sea blanco de una campaña de desprestigio.
¡Por mi Raza hablará el espíritu!
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
