Viene de la Auditoría Superior de la Federación
**Por desfalcos a recursos Federales del Seguro Popular.
**La denuncia embarra a Fidel Herrera y a su tapadera Javier
Duarte.
**El ahora dueño de la franquicia del Partido Verde en
Veracruz deberá contratar abogados.
**Javier Duarte de Ochoa dio carpetazo por medio de la FGE a
las investigaciones de la ASF.
Ciudad de México. 23 agosto
2020.- Este domingo se da a conocer que la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) logró reabrir una investigación por desvíos de recursos
federales del Seguro Popular en el Gobierno de Fidel Herrera (2004-2010),
pesquisa que la PGR indebidamente turnó a la Fiscalía de Veracruz, y que fue
archivada en tiempos de Javier Duarte (2010-2016).
Y es que se destaca que el
Segundo Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México concedió en última
instancia el amparo a la ASF, para que la Fiscalía de Veracruz revoque el
carpetazo que dictó la propia FGE el 3 de junio de 2015 en la averiguación
previa I.M.FESP/041/2015/III-02.
Acto seguido, deberá devolver
esa investigación a la ahora Fiscalía General de la República (FGR), para que
continúe con el trámite de esta indagatoria que hace un lustro estaba
registrada en la dependencia federal con el número PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-VI/379/2014.
Esta investigación es una de las 13 averiguaciones previas
que en conjunto suman desvíos por 4 mil millones de pesos, denunciados por la
ASF, iniciadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y
luego turnadas a la Fiscalía de Veracruz, que las archivó en cuestión de
minutos, el mismo día en que las recibió.
En esta indagatoria, la ASF
denunció un desvío de recursos transferidos por la Federación al estado de
Veracruz, por concepto de cuota social y aportación social solidaria del
Sistema de Protección Social en Salud (Seguro popular) durante el sexenio de
Herrera Beltrán.
La sentencia del colegiado
precisa que las irregularidades fueron detectadas por la ASF al fiscalizar la
Cuenta Pública del año 2009, en la auditoría 684 de tipo Financiera y de
Cumplimiento.
La ASF destaca que la
excepción al cumplimiento de la norma fue en los rendimientos financieros
generados por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), entonces a
cargo de Javier Duarte de Ochoa, y no ministrados al Régimen Estatal de
Protección Social en Salud del estado, por $26 millones 207 mil pesos.
También, en los pagos por
concepto de medidas de fin de año a personal regularizado por $55 millones 49
mil 600 pesos, y la adquisición de medicamentos no incluidos en el Catálogo
Universal de los Servicios de Salud, por $12 millones 992 mil 200 pesos.
El órgano fiscalizador
recurrió al amparo en contra de las declaratorias de incompetencia de la PGR y
la falta de notificación en la que incurrió cuando tomó esa decisión, así como
contra el no ejercicio de la acción penal.
Es hasta ahora que ha ganado
el pleito jurídico en una de las 13 indagatorias, con un argumento sencillo:
acreditó que los recursos desviados son federales y, por tanto, el asunto es
competencia ahora de la FGR.
En su momento, la Visitaduría General
de la PGR inició una investigación contra los dos agentes del Ministerio
Público que declinaron la competencia en favor de las autoridades veracruzanas,
que optaron por no investigar las denuncias que en su mayoría apuntaban a la
Administración de Javier Duarte de Ochoa.
Esta investigación se debió
turnar a la entonces Procuraduría General de la República, pero por razones
obvias dos agentes del ministerio público, declinaron competencia en favor de
la Fiscalía de Veracruz, en donde dieron carpetazo a la investigación de los
desvíos de esos recursos. Cabe mencionar que durante el gobierno de Javier
Duarte se llevaron a cabo campañas permanentes para inscribir a las personas al
Seguro Popular; hasta a miles de muertos inscribieron para robarse los recursos
federales.
Y es que entre más inscritos
hubiera, más recursos cosecharía el estado de Veracruz, recursos que fueron
desviados para otros fines.
Y ahora la Auditoría Superior
de la Federación ganó un amparo para que esas denuncias, lo mismo que muchas
otras tantas más fueran reactivadas y pasen a la competencia federal a cargo de
la FGR.
