En cumplimiento al acuerdo aprobado el 18 de septiembre de este año, por la Diputación Permanente de la LXV Legislatura, y publicado en 23 del mismo mes en la Gaceta Oficial del Estado, este 2 de octubre la Comisión Permanente de Atención y Protección de Periodistas recibió la comparecencia de la titular de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), Ana Laura Pérez Mendoza, quien rindió un informe sobre las medidas adoptadas en beneficio del gremio periodístico de la entidad.
Esta comparecencia, resultado de la propuesta presentada el pasado 14 de agosto por la diputada Erika Ayala Ríos, fue coordinada por la diputada María Josefina Gamboa Torales, presidenta, y el legislador Augusto Nahúm Álvarez Pellico, secretario, de la Comisión Permanente de Atención y Protección de Periodistas de la LXV Legislatura.
Tras el informe de la CEAPP, se inició la primera ronda de preguntas y respuestas, en la que, en nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico preguntó si hubo omisión de este órgano autónomo en el caso del periodista asesinado Jorge Celestino Ruiz Vázquez y qué acciones han hecho, toda vez que “perdió la vida aún estando bajo su protección”, agregó.
La comisionada Pérez Mendoza negó que haya omisión e indicó que el citado reportero tenía medidas por la Fiscalía General del Estado (FGE), además que había dos expedientes, uno de ellos con medidas extraordinarias, pero que por secrecía del tema no pueden darse a conocer, al existir una investigación abierta.
Detalló que el periodista, corresponsal del periódico Gráfico de Xalapa, sufrió dos agresiones y denunció los hechos, pero –consideró- que ante los pocos avances acudió a la CEAPP y fue donde se le dio el acompañamiento de los abogados y la asesoría jurídica pertinente. Abundó que la institución a su cargo intervino y otorgó a la familia del periodista medidas de protección, reforzamiento de seguridad y otros apoyos.
A una segunda intervención del diputado Augusto Nahúm, en relación a conocer las medidas extraordinarias citadas, la comisionada destacó que no podría informarlo al tratarse de medidas de protección al núcleo familiar y que existe una investigación en curso.
En nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada María Josefina Gamboa Torales se pronunció a favor de una reconformación de la CEAPP y detalló que son dos temas los que debe atender: las medidas que han implementado en relación con condiciones laborales y el caso del comisionado Pedro Alberto Díaz Cruz, dado que hay quejas de periodistas del norte de la entidad, por supuestos casos de corrupción.
Posteriormente, entregó a la presidenta del órgano autónomo los videos y pruebas que sustentan las denuncias planteadas por las y los periodistas.
Pérez Mendoza dijo que se analizarán las pruebas e informó que ya habían recibido la queja de los periodistas del norte de la entidad, “el comisionado es uno igual a nosotros, no somos quien para sancionarlo”. Además, sostuvo, en la Sexagésima Cuarta Legislatura, el entonces diputado por Tantoyuca, Manuel Francisco Martínez dio lectura de esas quejas y que ante la existencia del Sistema Estatal Anticorrupción hay contralorías internas, por lo que será su Órgano Interno de Control (OIC) la que analice y proceda conforme a derecho.
En su intervención, la diputada Gamboa Torales le explicó que al tratarse de hechos constitutivos de delito ella como presidenta de la CEAPP está obligada a denunciar ante su OIC. “A esto nos encontramos con una cerrazón por parte del Secretario Ejecutivo y usted ya no me contesta los oficios, nos preocupa la falta de comunicación”.
La diputada Erika Ayala Ríos, del Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM, solicitó explicar si, al no contar con atribuciones en el tema laboral, está o no en posibilidades de orientar, apoyar, capacitar y asesorar a los periodistas que lo requieren. Cuestionó la austeridad de la presidenta del organismo y el sueldo, en comparación con la percepción de los periodistas.
En respuesta, Ana Laura Pérez Mendoza dijo que como autoridad administrativa está impedida de pronunciarse a favor o en contra del papel de la FGE en los casos mencionados. Admitió que es ofensivo el salario que perciben los periodistas, respecto a lo cual –refirió- el organismo que encabeza se ha pronunciado en contra. Aunque aclaró que no es un tema que desde sus atribuciones pueda resolverse, recordó que la CEAPP ha facilitado 176 asesorías laborales.
La legisladora Erika Ayala consideró que la funcionaria soslaya su responsabilidad al aducir falta de competencia en los temas en cuestión. En cuanto a los salarios e ingresos, propuso mayor coordinación para evitar responsabilizar al Poder Legislativo y justificar la no realización del trabajo.
Además, le consultó acerca de cuáles han sido las acciones específicas para mejorar la situación de vulnerabilidad laboral en la que se encuentran los periodistas. Cuestionó la pertinencia de conservar un organismo autónomo de esta naturaleza y si sus atribuciones pudieran ser realizadas por otra instancia que sí dé las respuestas requeridas y ver qué destino se puede dar al presupuesto de 20 millones de pesos anuales que hasta ahora se ha destinado a este órgano.
Pérez Mendoza aclaró que el periodista fallecido contaba con las medidas de protección dictaminadas por la FGE. En cuanto a los viáticos, comentó que la CEAPP va hasta los lugares donde residen los compañeros que necesitan asesoría y apoyo legal o económico. Dada la precaria situación en la que trabaja la mayoría, se ha destinado 6.5 millones de pesos del capítulo de Servicios Personales a la vertiente de ayuda social para aminorar las carencias; así también les ha brindado medidas de atención, de protección y seguridad.
En su turno, la diputada del Grupo Legislativo de Morena, Ana Miriam Ferráez Centeno, preguntó respecto a las acciones que ha tomado la CEAPP, en gestoría ante la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, para dar las garantías laborables y respaldo a los corresponsales en localidades o comunidades; mismos que –a su consideración- en muchas ocasiones trabajan como “freelancers”, sin contratos, ni prestaciones y con sueldos bajos.
Ante esto, la comisionada lamentó la situación de los compañeros corresponsales, a lo que aseguró se han dado a la tarea de capacitarlos. Lo anterior pues algunos de ellos no tienen la carrera específica aunque se habilitan en el oficio, lo que ha dado lugar a que ante la falta de profesionalización no puedan acceder a mejores condiciones económicas.
Aseguró que la constricción económica ha orillado a medios de comunicación al despedido de periodistas, realizando una subcontratación con personal que no tiene la experiencia ni los conocimientos adecuados, sin embargo, reiteró, la CEAPP no tiene la atribución de mandar alguna sanción a empresarios que incumplan con los derechos laborales de los periodistas.
Durante su segunda intervención, la diputada Ferráez Centeno cuestionó la exigencia por parte de la CEAPP del ingreso de las solicitudes exclusivamente vía oficio para el seguimiento de los casos de cada uno de los periodistas, a lo que la Comisionada respondió que es un requisito para dar entrada y seguimiento y así quedar asentada el acta de procesos para respaldo de la Comisión.
Agregó, que la misma CEAPP les apoya para el ingreso de su oficio, además de contar con formatos en la plataforma de la página web, asesoría vía telefónica y a través de los propios comisionados.
La diputada Judith Pineda Andrade, del PAN, lamentó que la servidora pública se deslindara de lo que le corresponde, que responsabilice al Congreso del Estado y a la FGE y que se presentara sin la preparación adecuada para comparecer ante las y los diputados. Dado que esta Legislatura nombró un contralor interno para la CEAPP, pidió información acerca del estatus actual de la Contraloría Interna y de lo realizado por este organismo estatal en la actual administración, no en las anteriores, y qué seguimiento ha dado a los expedientes que recibió.
Ana Laura Pérez respondió que, en cuanto a la integración de la Contraloría Interna y debido a que no se autorizó el incremento presupuestal 2019 a servicios personales, se autorizó la contratación de dos profesionistas de asimilado salario y con esto dar cumplimiento al mandato legal.
La diputada, a su vez, aclaró que no se le pide que sancione, sino que haga una labor más activa y que abogue por los periodistas. Aclaró que ningún nombramiento de contralor implica un aumento de presupuesto. Al aludir un ahorro de 3 millones de pesos en la CEAPP, sugirió que se destine a la Contraloría Interna y solicitó que haga llegar la información faltante y objetiva y preguntó cuántas denuncias interpuso en su contraloría interna.
Luego de aclarar que dicho ahorro correspondió al ejercicio 2017 y que el nombramiento de los contralores fue posterior, la comisionada dijo que el organismo hará un esfuerzo por ser más activo y buscará mecanismos para atender a los compañeros en situación de vulnerabilidad.
Al cumplirse las dos rondas de preguntas y respuestas, la diputada María Josefina Gamboa agradeció a la comisionada y a las 14:21 horas concluyó la comparecencia.
