Ahora que Animal Político acaba de revelar que el proceso en
contra del exgobernador Javier Duarte se encuentra detenido en los juzgados,
entre otros motivos por una mala integración de las acusaciones, resulta
oportuno cuestionarse que ha sucedido con los ex funcionarios y socios en el
saqueo a las arcas estatales.
Porque Javier Duarte de Ochoa no fue el único que
desapareció los miles y miles de millones, también hay otros que tienen
acusaciones pendientes y que al parecer también se encuentran paralizadas,
esperando caer en el famoso “perdón y olvido”.
Tal es el caso más notable, del ex secretario de SEDESOL estatal,
ex secretario de Finanzas y ex oficial mayor de la SEV, actualmente diputado
local con fuero Vicente Benítez González quien por ejemplo es señalado de
participar en el desvío millonario, pero que hasta la fecha, sigue tan
tranquilo y campante como si nada hubiera ocurrido.
Haya que recordar, por ejemplo, que Diseños Tevet y Trajan
Constructores, son solo dos de una red de aproximadamente 16 empresas fantasma
vinculadas al exgobernador Javier Duarte que fueron fondeadas con recursos
públicos, de acuerdo con la Procuraduría General de la República.
A su paso como oficial mayor de la SEV casi ocho millones de
pesos que debieron invertirse en la compra de mobiliario y equipo para escuelas
de educación básica en Veracruz se destinaron a dos de las empresas que la
Procuraduría General de la República (PGR) identifica como responsables de
lavar recursos púbicos por órdenes del exgobernador Javier Duarte.
La salida de esos recursos fue autorizada por el hoy
diputado local de Veracruz, Vicente Benítez González, quien se desempeñó como oficial mayor de la
Secretaría de Educación estatal, por lo que desde el año pasado, el legislador
es “investigado” por la PGR por desvío de recursos, pero hasta ahora no se ha
procedido penalmente en su contra.
En la audiencia inicial contra Javier Duarte, por los
delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, la PGR informó al Juez
que existe un grupo de aproximadamente 16 empresas fantasma fondeadas con
recursos públicos, utilizadas como el primer eslabón de una presunta red
delictiva para desviar recursos públicos.
Entre esas empresas, según los datos de la carpeta de
investigación revelados en la audiencia, se encuentran las compañías Diseños
Tevet S.R.L de C.V y Trajan Construcciones S.R.L de C.V.
“Se trata de empresas conocidas coloquialmente como empresas
fachada, es decir, de papel, que solo sirven para emitir facturas que amparen
operaciones inexistentes”, explicaron los fiscales de la PGR ante el juez
federal.
La procuraduría no expuso mayores detalles, pero documentos
obtenidos vía transparencia por Animal Político revelan que Benítez autorizó
pagos por casi 9 millones de pesos a las empresas Diseños Tevet y Trajan
Construcciones, en diciembre de 2014, cuando se desempeñaba como Oficial Mayor
de la Secretaría de Educación.
Para justificar la salida de ese dinero se concedieron dos
contratos que tenían como finalidad equipar planteles escolares. En ninguno de
esos contratos se realizó una licitación pública.
El primer contrato, firmado el 5 de diciembre de 2014, fue
concedido a la empresa Trajan Construcciones por un monto de 2 millones 499 mil
pesos. El concepto de dicho contrato,
numero ADQ-LS-038-2014, fue la adquisición de mobiliario escolar para distintos
planteles.
Cinco días más tarde, el 11 de diciembre de 2014, Benítez
concedió un contrato a Diseños Tevet, este por un monto de 4 millones 999 mil
600 pesos. El referido contrato, número CS-LS-042-2014, fue por “Servicios de
Impresión de Diversos Materiales”.
Cuando se solicitó al gobierno de Veracruz copia de los beneficiarios de los productos
adquiridos, la respuesta es que fueron “distintos centros educativos” sin
proporcionar detalle alguno.
En un recorrido hecho por una veintena de escuelas en
Veracruz, tanto primarias como secundarias, los directores señalaron que nunca
recibieron equipos, pues hasta el último año del administración e Duarte
operaban con múltiples carencias.
Son empresas fantasma y están en la CDMX
Animal Político publicó el pasado 15 de mayo que Diseños
Tevet y Trajan Construcciones son empresas cuyos domicilios fiscales están en
la Ciudad de México, pero en realidad no operan en ninguno de esos sitios.
Cabe señalar que de acuerdo con la carpeta de investigación
entregada por la PGR ante el juez de control el lunes pasado, la red de lavado
de dinero que presuntamente encabeza Javier Duarte opera en Veracruz, Campeche
y la Ciudad de México.
El domicilio fiscal de Diseños Tevet es Gabriel Mancera
1543, en la colonia Del Valle, mientras que la dirección de Trajan es Paseo de
la Luz 324, interior 4, en la colonia Paseos de Taxqueña.
Auditores del Servicio de Administración Tributaria (SAT)
verificaron ambos domicilios y confirmaron que las empresas no operan en dicho
sitio.
Animal Político también acudió a ambas direcciones. En el
caso de Diseños Tevet se trata de una propiedad de color blanco donde no opera
esta ni ninguna otra compañía. Una joven de nombre Elizabeth reconoció que a
este sitio llegan los documentos de Tevet, pues se trata de su domicilio
fiscal, pero dijo desconocer donde funciona realmente la empresa.
La dirección de Trajan Construcciones corresponde a una
propiedad de dos niveles en una zona residencial. No se aprecia la presencia de
constructora alguna, ni de materiales, vehículos, bodegas o algo similar. Se
tocó varias veces el timbre pero nadie atendió a la puerta. Vecinos del lugar
dijeron que ellos no conocen de ninguna compañía en esa zona.
Este medio obtuvo las actas de constitutivas de las dos
empresas tras tramitarlas en el Registro Público de la Ciudad de México. Ambas
fueron creadas en el sexenio de Javier Duarte.
Trajan Construcciones fue constituida el 6 de julio de 2011
y, de acuerdo con su objeto social, se dedica a 16 cosas distintas, que van
desde la construcción hasta dar servicios de mercadotecnia, consultoría y hasta
conceder préstamos. Diseños Tevet fue creada el 16 de enero de 2013 y su objeto
social está relacionado específicamente con servicios de publicidad e
impresión.
A partir de la publicación en Animal Político del reportaje
Las Empresas Fantasma de Veracruz, el SAT ordenó auditorías de verificación a
una red de supuestos proveedores de la administración de Javier Duarte.
Entre esas empresas se verificó a estas dos empresas y el
SAT concluyó que son compañías falsas que simularon operaciones para emitir
facturas. De hecho sus registros fiscales ya se encuentran cancelados.
Investigación sin resultados
Desde 2016, Vicente Benítez es investigado por la PGR, pero
hasta ahora no se ha procedido en su contra. No se le incluyó en la acusación
que presentó el Ministerio Público en octubre y tampoco se ha solicitado algún
procedimiento de desafuero en contra suya.
De acuerdo con autoridades con pleno conocimiento del caso,
las averiguaciones contra Benítez iniciaron en la Fiscalía de Justicia de
Veracruz, pero la PGR atrajo todos los expedientes al considerar que estaba
involucrado en delitos federales. A partir de ahí no ha habido ninguna
resolución.
Vicente Benítez ocupó a lo largo de la administración de
Javier Duarte varios cargos, y en todos ellos, hay indicios de posibles hechos
de corrupción.
Primero lo hizo como tesorero de la Secretaría de Finanzas
donde renunció en enero de 2012, luego de que funcionarios a su cargo fueron
detenidos en el Aeropuerto de Toluca con 25 millones de pesos en efectivo
escondidos en dos maletas. El hecho ocurrió en el contexto del proceso
electoral de ese año, aunque el gobierno de Javier Duarte insistió en que el
dinero era para pagar festivales.
Benítez estuvo un año fuera de la función pública y regresó
como subsecretario de Desarrollo Social, donde, entre otras cosas, anunció un
programa de tiendas comunitarias que nunca existió, pero que sirvió para
asignar contratos a compañías fantasma.
Animal Político publicó que Benítez fue un personaje central
en la red de empresas fantasma que permitió la desaparición de 645 millones de
pesos, solo entre 2012 y 2013.
Además, la PGR indaga a Vicente Benítez por su relación con
varias propiedades tanto en Estados Unidos como en Costa Rica que se presumen
están relacionadas también con operaciones de desvío de recursos públicos.
