Desde el Café
Bernardo Gutiérrez Parra
El Seguro Popular es un ente desconcentrado de la
Secretaría de Salud, responsable de financiar la provisión de servicios de
salud a la población de escasos recursos económicos; es decir, a personas que
no tengan para pagar cirugías mayores, médicos particulares y que carezcan de IMSS
o ISSSTE.
Al menos es lo que se dice en el papel sobre la
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, verdadero nombre del Seguro
Popular.
Bien, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado,
el ex funcionario duartista Mauricio Audirac Murillo, ordenó que se
transfirieran 2 mil 300 millones de pesos de ese Seguro a una cuenta
concentradora conocida vulgarmente como “Licuadora” de la Secretaría de
Finanzas y Planeación.
Lo anterior con objeto de obtener mejores rendimientos
financieros, que en efecto se obtuvieron, pero cuyo capital (los 2 mil 300
millones) y los intereses, nunca fueron devueltos al Seguro Popular.
De esta malversación de recursos públicos es de lo que
se acusa a Audirac Murillo.
Según pruebas aportadas por la Fiscalía, en los
últimos dos meses del 2014 el entonces titular de Sefiplan, Mauricio Audirac,
ordenó al director del Seguro Popular, Leonel Bustos (actualmente prófugo) y al
tesorero Tarek Abdalá (inhabilitado por 10 años pero que sigue siendo diputado
federal), transferir recursos de los programas del Seguro Popular y
Oportunidades a una cuenta de Sefiplan.
Obediente, Leonel Bustos efectuó el 28 de noviembre 11
transferencias bancarias por un total de mil 200 millones de pesos. El 10 de
diciembre ejecutó otras 10 transferencias por un monto de 850 millones y el 16
del mismo mes hizo dos transferencias más por 250 millones de pesos.
Y la licuadora se puso a trabajar a todo lo que daba.
Este monumental atraco se hizo evidentemente con
premeditación, alevosía y ventaja.
De ser cierto ¿qué va a alegar Audirac a su favor?
Recordarás lector que fue en los primeros meses del
2015 cuando comenzaron las protestas por la falta de apoyos del Seguro Popular.
Y fue por esas fechas cuando los jilgueros de Javier Duarte salieron a decir
que ese dinero no había llegado a Veracruz.
Ahora sabemos que ésta fue una más de las mentiras del
gordo, que indiscutiblemente fue uno de los beneficiarios de ese saqueo.
El desvío de esos 2 mil 300 millones de pesos provocó que
cientos de veracruzanos no recibieran atención médica y como consecuencia
murieron.
¿Esas muertes van integradas en la Carpeta de
Investigación de Mauricio Audirac o con la pura acusación de coalición tiene la
Fiscalía?
¿Quién va a responder por los niños, jóvenes y
ancianos que tuvieron que morir para que sujetos sin escrúpulos disfrutaran de
2 mil 300 millones de pesos?
Este acto de inhumanidad propio de personas sin alma
¿va a quedar impune?
Existen en Veracruz cientos de personas que lloran a
un familiar al que no pudieron atender en un sanatorio particular por la
maldita jodidez. Y porque unos sujetos a quienes la Federación proporcionó 2
mil 300 millones de pesos para que atendieran a esos enfermos simplemente los
dejaron a su suerte.
¿Nadie va a pagar por eso?
Nueva
Delegada del ISSSTE
Ayer al mediodía la ex alcaldesa de Xalapa, Elizabeth
Morales García, tomó posesión como nueva Delegada Estatal del ISSSTE en
sustitución de Arturo Gutiérrez.
Antes de tomarle la protesta, el Director de
Delegaciones del ISSSTE, Alfredo Reyes Arreola, subrayó que Elizabeth fue
elegida por unanimidad por los miembros de la Junta Directiva de ese Instituto.
Quienes pensaron que el nombramiento como Delegada en
la Profeco era un premio de consolación para la xalapeña y que de ahí se iría a
su casa, se equivocaron. Elizabeth asumió desde ayer un cargo de mayor
relevancia que la pone en la vitrina de los políticos priistas a quienes no hay
que perder de vista.
Su trabajo como diputada federal, como alcaldesa de
Xalapa, como lideresa del PRI veracruzano y como titular de la Profeco en la
entidad, son las mejores cartas de presentación para esta mujer de la que
pronto se hablarán cosas mejores.
