IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo*
Ayer se realizó la última sesión del anterior Poder Judicial de la Federación, presidida por la ministra Norma Piña, fiel a su costumbre la ministra del pueblo Lenia Batres no reconoció el trabajo realizado por sus compañeros ministros y permaneció impávida ante lo que fue la última sesión del la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos así, frente al escenario de la renovación actual con jueces elegidos mediante tómbola, sumado a la baja participación ciudadana en este proceso, conlleva diversas implicaciones relevantes para la justicia y para la confianza de inversión en México. De esta manera a partir del 1 de septiembre de 2025 entrarán en funciones:
Nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), quienes fueron elegidos por voto popular en la
histórica primera elección judicial realizada el 1 de junio de 2025. La nueva
SCJN tendrá una integración de cinco ministras y cuatro ministros, con mandatos
de entre 8 y 11 años según los votos obtenidos. Esta reducción será de 11 a 9 ministros en total.
También entrarán en función los Magistrados del Tribunal
de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), quienes tomarán protesta y asumirán mandatos escalonados a
partir del 1 de septiembre.
Iniciarán funciones jueces de circuito y jueces de
distrito, en total se eligieron 386 cargos para juzgados de
distrito, que son los órganos jurisdiccionales de primera instancia. Su toma de
posesión es simultánea con la renovación de ministros y magistrados.
En total son 881 cargos federales judiciales los que
entran en funciones el 1 de septiembre, incluyendo ministros, magistrados y
jueces. Esto representa un cambio histórico porque por primera vez en México,
gran parte de los jueces y magistrados, incluyendo a los ministros de la
Suprema Corte, fueron electos por voto popular. La toma de protesta se
realizará en tres ceremonias oficiales, con la instalación solemne de la
Suprema Corte prevista para la noche del 1 de septiembre de 2025.
En el terreno legal se dan implicaciones para la justicia, cuestionamientos
sobre la legitimidad y la calidad del Poder Judicial: La selección de
jueces mediante un sorteo (tómbola), sin un proceso más riguroso o competitivo,
puede generar dudas sobre la idoneidad, preparación y capacidad de los nuevos
magistrados. Esto podría afectar la calidad técnica y el desempeño judicial.
La
baja participación ciudadana y la percepción de arbitrariedad en la selección
pueden incrementar la desconfianza de la sociedad en la autonomía,
imparcialidad e independencia del Poder Judicial, fundamentales para un sistema
judicial efectivo y equitativo. Existe también el riesgo de influencia política: Si
el proceso es percibido como poco transparente o controlado por intereses
políticos, aumenta la sospecha de que la justicia podría estar subordinada al
Ejecutivo u otros grupos de poder, afectando el Estado de Derecho.
Esta
renovación propiciará incertidumbre jurídica. Cambios abruptos y
cuestionados en la judicatura pueden generar inseguridad jurídica, retrasos en
resoluciones y menor eficacia en la administración de justicia, afectando
derechos y garantías legales.
Existen implicaciones para la confianza de inversión y en paralelo reducción
de la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros: La estabilidad
judicial es clave para atraer y mantener inversión. La percepción de un Poder
Judicial débil, poco profesional o politizado genera un entorno de riesgo y
mayor incertidumbre para los negocios. Algunas empresas extranjeras como
Iberdrola con una inversión de 4,500 mdd que ya puso a la venta, tomaron la decisión de no continuar en México.
Se
presenta un mayor riesgo de litigios injustos o arbitrarios. En un sistema
judicial sin plena confianza, las empresas y los ciudadanos pueden enfrentar
decisiones erráticas o influenciadas por presiones externas, desincentivando
proyectos de inversión y expansión.
Es
posible que se dé un impacto negativo en la competitividad del país. La
inseguridad jurídica y la baja confianza institucional podrían afectar la
capacidad de México para posicionarse como un destino atractivo para
inversiones productivas y tecnológicas.
Se
podría presentar un desincentivo para cumplimiento normativo. Cuando los
actores económicos desconfían en la justicia, puede aumentar la informalidad,
elusión fiscal y prácticas desleales, afectando la recaudación, competencia y
desarrollo económico.
En
suma, la renovación judicial basada en mecanismos como sorteo y con
participación ciudadana mínima pone en riesgo la legitimidad, calidad y
autonomía del Poder Judicial en México, lo que repercute directamente en la
confianza de la sociedad y el sector privado. Para garantizar justicia efectiva
y fortalecer la inversión, es fundamental implementar procesos más
transparentes, competentes y participativos que protejan la independencia
judicial y aseguren un entorno jurídico estable y confiable.
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Maestro en Comunicación por la Universidad
Iberoamericana, de la cual formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en
comunicación, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte de la CDMX.
