De acuerdo con testimonios y documentos internos, el rector
Aguilar solicitó una extensión de su mandato sin someterse al procedimiento
legal establecido en la Ley Orgánica de la UV, que exige una convocatoria
pública, registro de aspirantes, presentación de propuestas de trabajo, y una
auscultación amplia a la comunidad, desarrollada durante al menos 40 días.
En cambio, la prórroga fue resuelta en apenas 12 días
hábiles, con una auscultación de solo 4 días en la que participaron cerca de
1,900 universitarios —menos del 2% del total—. A esto se suma la denuncia de
que el ejercicio incluyó acarreo de simpatizantes promovido por Rectoría y el
sindicato, así como cuestionarios con preguntas tendenciosas, similares a las
prácticas observadas recientemente en la elección de
jueces en el país.
Gracias por compartir este mensaje tan detallado. A
continuación, te presento una versión editada en estilo de comunicado
argumentativo o carta abierta, manteniendo el tono formal y crítico:
No a la prórroga ilegal: el respeto a la ley es la base del
prestigio universitario
La Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana establece con
claridad que la designación de un Rector, ya sea por nuevo nombramiento o
extensión de periodo, debe seguir un proceso formal y transparente de casi dos
meses. Esto incluye:
- Emisión de convocatoria,
- Registro de aspirantes con propuestas de trabajo,
- Auscultación amplia a la comunidad universitaria,
- Evaluación y selección conforme a criterios legales y
académicos.
Sin embargo, Martín Aguilar solicitó a la Junta de Gobierno
una prórroga directa, ignorando todo el procedimiento estipulado. En lugar de
abrir la competencia, se realizó una auscultación exprés de solo 4 días, en la
cual apenas participaron 1,900 personas (menos del 2% de la comunidad
universitaria). A esto se suman acusaciones de acarreo promovido por Rectoría y
el sindicato, así como la utilización de cuestionarios dirigidos a inducir el
apoyo a la prórroga.
La decisión de la Junta se tomó en tan solo 12 días hábiles.
Para facilitar esta resolución, fueron forzadas las renuncias de 5 de los 9
miembros “incómodos”, y sus puestos fueron ocupados por perfiles afines a
Aguilar. Todo este proceso viola la legalidad y atenta contra los principios de
autonomía y legitimidad.
tres ex rectores que ejercimos una prórroga lo hicimos
dentro del marco legal, compitiendo con otros universitarios y cumpliendo con
una auscultación real y amplia. El caso de Aguilar, en contraste, es una
maniobra ilegítima sustentada en el control de la Junta, no en el respaldo real
de la comunidad ni en el respeto a la ley. Incluso, Martín Aguilar excede el
límite de edad establecido, otro punto que vuelve nula la prórroga.
Por todo lo anterior, reiteramos que esta acción es ilegal,
ilegítima y pone en riesgo el prestigio de la UV. En la Red de Universitarios
no vamos a permitirlo. Esperamos que tú tampoco.
Además, cinco de los nueve miembros originales de la Junta
de Gobierno fueron reemplazados antes de la decisión, presuntamente por ser
“incómodos” para el rector. Estos cambios permitieron colocar a perfiles
cercanos a Aguilar, allanando así el camino a la prórroga exprés.
Exrectores de la UV señalaron que cuando ellos accedieron a
una prórroga, lo hicieron bajo los términos legales establecidos, compitiendo
en igualdad de condiciones con otros universitarios. El caso de Aguilar,
acusan, fue una imposición disfrazada, sin competencia real y sin legitimidad.
Otro aspecto preocupante es que el actual rector excede el
límite de edad permitido por la ley para acceder a una prórroga, lo que, sumado
a las irregularidades del proceso, invalidaría jurídicamente cualquier
documento que firme a nombre de la Universidad, limitando su autoridad a la de
un ciudadano común.
Sectores organizados de la comunidad universitaria y
exrectores afirman que el prestigio y la autonomía de la UV están en riesgo.
Por ello, exigen revertir la decisión y restablecer un proceso legal, incluyente
y transparente para la designación del próximo rector o rectora.
