ALERTAN POR FRAUDE A NOMBRE DEL ORFIS.

Resulta que derivado que recientemente se entrego la Cuenta Pública 2024, hay "vivales" tratando de usar indebidamente el nombre de la Titular del ORFIS, Delia González Cobos, para tratar de sorprender a varios Alcaldes, ya que desde hace dos días una persona de nombre "Hiram Jerezano" ha estado enviando mensajes a los alcaldes para "arreglar" una cita con la Titular del ORFIS, para una correcta "entrega recepcion" esto para tratar de arreglarles las observaciones de presunto daño. Pero ha llegado a la mesa de Delia González Cobos, que le ha escrito a un sin número de alcaldes. Desde el norte, hasta los de la sierra, pasando por los últimos municipios como Uxpanapa, que esta retirado. Todos han alertado a la del ORFIS para que ponga cartas en el asunto, ya que se puede estar configurando un fraude de gran magnitud usando indebidamente su nombre. Por lo cual ya se va a proceder con la respectiva denuncia en la Fiscalia, para deslindar responsabilidades. Hay cerca de 30 capturas de pantalla que ya han entregado como pruebas los alcaldes a los que les ha escrito.

TEV valida triunfos en 40 alcaldías impugnadas de Veracruz!!!

 **Tras resolver impugnaciones; ratifica resultados en municipios como Xalapa, Córdoba y Coatzacoalcos.

 Xalapa, Ver. 03 septiembre 2025.- Tras más de dos meses de los cómputos municipales en la renovación de las 212 alcaldías de Veracruz, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) validó este 3 de septiembre un primer paquete de 40 elecciones municipales, al resolver impugnaciones interpuestas por diversos partidos, confirmando los triunfos de candidatos y candidatas electos. 

La resolución valida las constancias de mayoría entregadas previamente por el Organismo Público Local Electoral (OPLE), consolidando los resultados del proceso electoral del pasado 01 de junio. 

Los recursos fueron promovidos por partidos como Morena, PVEM, PAN, Movimiento Ciudadano y PT, quienes alegaron irregularidades que incluyeron:

 Recuento de votos por personas no autorizadas.

Violaciones al resguardo de la paquetería electoral.

Actos de intimidación por parte de candidaturas.

Presunto uso indebido de recursos públicos.

Conducta inapropiada de consejeros municipales.

 Sin embargo, el TEV determinó que los argumentos presentados no fueron suficientes para revertir los resultados, por lo que se ratificaron las victorias en municipios como Xalapa, Coatzacoalcos, Córdoba, San Andrés Tuxtla, Cosoleacaque, Catemaco, entre otros.

 Las resoluciones del TEV todavía pueden ser impugnadas ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y posteriormente en la última instancia de la Sala Superior del TEPJF.

 Los 40 municipios donde se validaron las elecciones son: 

1.    Landero y Coss

2.    Yecuatla

3.    Acultzingo

4.    Saltabarranca

5.    Chiconamel

6.    Las Choapas

7.    Catemaco

8.    Villa Aldama

9.    Ixmatlahuacan

10.    Atoyac

11.    Acula

12.    Soteapan

13.    Coacoatzintla

14.    San Andrés Tuxtla

15.    Tlapacoyan

16.    Cosoleacaque

17.    Magdalena

18.    Sochiapa

19.    Chumatlán

20.    Coatepec

21.    Pueblo Viejo

22.    Acajete

23.    Castillo de Teayo

24.    Huayacocotla

25.    Amatlán de los Reyes

26.    Atzalan

27.    Actopan

28.    Naranjal

29.    Amatitlán

30.    Álamo Temapache

31.    Aquila

32.    Naranjos Amatlán

33.    Tepetzintla

34.    Tamiahua

35.    Camarón de Tejeda

36.    Coatzacoalcos

37.    Córdoba

38.    Puente Nacional

39.    San Andrés Tlalnelhuayocan

40.    Xalapa

Martín Aguilar reta a Rocío Nahle por presupuesto 2026 para la UV

 Quiere la milloniza el espurio!!!

**UV hará valer su autonomía financiera, se pedirá el total del 4% del presupuesto estatal 2026.

**Rector dijo confiar en que Rocío Nahle respetará la autonomía financiera de la máxima casa de estudios. 

Xalapa, Ver. 03 septiembre 2025.- El rector de la Universidad Veracruzana (UV) que se quiere perpetuar de forma ilegal en el cargo, Martín Aguilar Sánchez, reiteró que como parte de la asignación presupuestal para el ejercicio 2026, la máxima casa de estudios solicitará y exigirá que se respete el 4% por ciento del presupuesto total del Estado para el año 2026, como por ley le corresponde. 

Aguilar Sánchez confió en que el Gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle García, respetará y hará valer la autonomía financiera de la UV.

 “Estamos solicitando el 4% del presupuesto estatal, como nos corresponde por ley, por lo que estamos abiertos al diálogo con el gobierno estatal y federal para ir mejorando las condiciones de la universidad, pero sí, cada año solicitamos el cuatro por ciento, como lo haremos para el 2026 con la Gobernadora Nahle”, afirmó. 

Aguilar Sánchez explicó que, aunque en cada ejercicio fiscal suelen recibir recursos adicionales, este año 2025 no hubo incremento significativo. 

 “Este año 2025 fue solamente un incremento pequeño de un millón más. Esperamos que ahora en este nuevo presupuesto y con la nueva gobernadora podamos tener un incremento más significativo”, expuso.

 ¿Qué dice la Ley sobre la autonomía de la UV? 

El artículo 10 de la Constitución de Veracruz establece que el presupuesto asignado a la Universidad Veracruzana no podrá ser menor al 4% del total del presupuesto general del Estado, previsto para el ejercicio anual respectivo.

 La norma señala que los recursos deberán ministrarse conforme al calendario autorizado y que en ningún caso el monto asignado puede ser inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior (año 2025). 

La reforma se aprobó en 2017 y planteaba un aumento paulatino: iniciar en 2018 con el 3 % hasta alcanzar el 4 % en 2024.

 De acuerdo con el proyecto de presupuesto 2026, la UV recibirá 6 mil 836 millones de pesos, de los cuales 3 mil 600 millones provienen del Estado y el resto de la Federación.

Dos Bocas: la refinería que aún no refina

Por Miguel Ángel Cristiani

En México tenemos la costumbre de inaugurar obras inconclusas y aplaudir promesas como si fueran resultados. La Refinería Olmeca, mejor conocida como Dos Bocas, es el ejemplo más reciente y más costoso de ese viejo vicio político. Desde su inauguración en julio de 2022, se nos ha vendido como el buque insignia de la autosuficiencia energética, pero los hechos se empeñan en desmentir el discurso: sobrecostos estratosféricos, retrasos interminables, producción muy por debajo de la prometida y, ahora, la paradoja de una refinería “estratégica” fuera de operación por un simple corte de energía eléctrica.

La planta, ubicada en Paraíso, Tabasco, debía ser la joya de la corona de la política energética de la llamada Cuarta Transformación. Se presentó como el proyecto que nos liberaría de la dependencia de combustibles importados, sobre todo de Estados Unidos. Pero a dos años de haber sido inaugurada, su desempeño dista mucho de la autosuficiencia prometida: en julio procesó 156 mil barriles diarios, menos de la mitad de su capacidad diseñada (340 mil). Y de esa cifra, solo 57 mil barriles se convirtieron en gasolina y 76 mil en diésel. En otras palabras, su producción real sigue siendo marginal frente a la demanda nacional de combustibles.

El contraste entre el discurso y la realidad no es menor. El presidente López Obrador prometió que Dos Bocas costaría 8 mil millones de dólares; el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos estima que la cifra real ya rebasa los 21 mil millones. Es decir, un incremento del 162 %. En cualquier país serio, semejante desfase presupuestal sería motivo de escándalo, investigaciones y sanciones. Aquí, en cambio, se normaliza y hasta se celebra como “inversión estratégica”.

Las cifras oficiales de Pemex confirman los tropiezos: en junio la refinería alcanzó un pico de 191 mil barriles diarios; en julio la producción cayó 9.5 %. La gasolina refinada bajó 27 % en ese mismo periodo. Y aunque el diésel mostró un alza del 18 %, el balance general sigue estando muy lejos de justificar la inversión faraónica.

No es la primera vez que un megaproyecto energético se hunde en sus propias contradicciones. Baste recordar los elefantes blancos de Pemex en décadas pasadas: plantas petroquímicas subutilizadas, gasoductos ociosos, refinerías que nunca llegaron a su capacidad prometida. Dos Bocas no rompe con esa tradición; más bien, la perpetúa con un costo mayor y un disfraz propagandístico de “soberanía energética”.

El problema no es solo técnico ni financiero, sino estructural. La política energética mexicana sigue atrapada en un modelo del siglo pasado: apostar por refinar más petróleo en lugar de transitar hacia energías limpias y diversificadas. El mundo avanza hacia la descarbonización; México se aferra al crudo. Así, Dos Bocas no solo es un proyecto caro e ineficiente, también es una apuesta contraria a las tendencias globales.

Ahora bien, el contexto político tampoco es menor. En vísperas del arranque del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, se anuncia la creación de un fondo de inversión de 250 mil millones de pesos para financiar proyectos estratégicos y aliviar la deuda de Pemex, la petrolera más endeudada del mundo. Además, se proyectan 105 mil millones de pesos adicionales para el mantenimiento y operación de refinerías. La apuesta, de nuevo, es sostener a costa del erario una empresa que no logra levantar cabeza.

El gobierno asegura que, en 2025, Dos Bocas alcanzará su capacidad máxima de 340 mil barriles diarios. ¿Será? Los antecedentes invitan al escepticismo. En mayo, la planta produjo apenas 43 mil barriles diarios de gasolina, una cuarta parte de lo que supuestamente debería generar. ¿Cómo confiar en que el próximo año, por arte de magia, logrará multiplicar su producción por ocho?

Más allá de las cifras, lo que Dos Bocas simboliza es la persistencia de una visión política que confunde soberanía con terquedad. No se trata de negar la importancia de la seguridad energética, pero sí de reconocer que no se alcanza con elefantes blancos ni con obras inauguradas al vapor para presumir en giras presidenciales. La soberanía energética requiere planeación, diversificación, transición hacia renovables y, sobre todo, transparencia en el uso de los recursos públicos.

Dos Bocas debería ser, más que motivo de aplauso, una llamada de atención. Una refinería que costó más del doble de lo presupuestado, que opera a medias, que se apaga por un corte eléctrico y que produce menos de lo esperado, no puede presentarse como triunfo nacional. Es, en todo caso, un recordatorio de que la política energética mexicana sigue atada a inercias, intereses y discursos que no resisten el contraste con la realidad.

El reto de la próxima administración será decidir si continúa alimentando este espejismo con más dinero público, o si, de una vez por todas, se reconoce que la soberanía no se construye con proyectos faraónicos sino con políticas sensatas, honestas y sustentables. Mientras tanto, Dos Bocas seguirá siendo lo que hasta hoy: una refinería que refina poco, cuesta demasiado y simboliza mucho de lo que México necesita superar

 

El Espejismo del Progreso

Por Miguel Ángel Cristiani

Habría que preguntarse si ¿conoce usted a alguna persona o familia que durante los últimos años se encuentra en situación de pobreza y que haya podido abandonar esa situación.? Porque al menos, nosotros si conocemos a varios que al contrario, han pasado a engrosar las cifras de la pobreza.

En el panorama político y social, los números son a menudo utilizados como herramientas de propaganda. Sin embargo, detrás de las estadísticas brillantes se ocultan realidades crudas que merecen nuestra atención. Según los últimos informes, la población con al menos tres carencias sociales ha aumentado de 25 millones en 2018 a 27 millones en 2024. Una cifra que, lejos de ser un motivo de celebración, debería sonarnos como una alarma.

¿Dónde quedaron los supuestos logros del régimen? La narrativa oficial destaca avances, pero los datos cuentan una historia diferente. La carencia por acceso a servicios de salud ha pasado de 20 millones en 2018 a la escalofriante cifra de 44 millones en 2024. Más que un avance, esto es una regresión que pone en tela de juicio la efectividad de las políticas públicas. ¿Acaso se han multiplicado los hospitales? ¿Se han mejorado las infraestructuras? La respuesta es un rotundo no.

Y si esto no fuera suficiente, la población vulnerable por carencias sociales ha crecido de 31 millones en 2018 a 42 millones en 2024. Un aumento que sugiere que, en lugar de reducir la pobreza y las desigualdades, el gobierno está construyendo un panorama aún más sombrío. ¿Qué está pasando aquí?

Algunos podrían argumentar que las circunstancias globales, como la pandemia, han jugado un papel crucial en este aumento. Sin embargo, no podemos permitir que estas explicaciones diluyan la responsabilidad del gobierno. Se han gastado cientos de miles de millones de pesos del erario en programas que, según las cifras, no están cumpliendo su propósito.

Es fácil caer en la trampa de los números, donde los logros son presentados como triunfos rotundos. Pero, ¿qué hay de la realidad en la que viven millones de mexicanos? La salud, un derecho humano fundamental, se ha convertido en un lujo para muchos. Las estadísticas sugieren que, en lugar de mejorar, la situación se ha deteriorado, y la vulnerabilidad se ha expandido como una sombra que amenaza a cada vez más familias.

La ironía está en que, mientras se proclaman victorias, la gente sigue luchando por lo básico: acceso a salud, educación y una vida digna. La diferencia entre la retórica oficial y la realidad cotidiana es abismal. Necesitamos un cambio de rumbo, una reevaluación de las políticas que realmente impacten y beneficien a la población.

Así, el supuesto logro más presumido por el régimen, que costó cifras astronómicas, resulta ser, en el mejor de los casos, un espejismo. Y en el peor, una burda mentira. La realidad es que la pobreza y la vulnerabilidad están más presentes que nunca. La pregunta es: ¿seguiremos permitiendo que nos vendan ilusiones mientras la verdad esconde un rostro desolador?

Es hora de despertar, de exigir cuentas y de transformar la frustración en acción. Porque al final, los números son solo eso: números. Lo que realmente importa son las vidas que hay detrás de ellos.

Las políticas que han fallado, según los datos oficiales:

1. Programas de Salud Pública: A pesar de la inversión en salud, el aumento en la carencia de acceso a servicios de salud de 20 millones a 44 millones sugiere que los programas no han logrado mejorar la infraestructura médica ni la disponibilidad de servicios.

2. Iniciativas de Bienestar Social: Los programas destinados a reducir la pobreza y las carencias sociales, como las transferencias directas, han mostrado resultados limitados. El aumento de la población vulnerable de 31 millones a 42 millones indica que estas medidas no han sido efectivas para mejorar las condiciones de vida.

3. Educación y Capacitación: Las políticas de educación y capacitación laboral no han sido suficientes para empoderar a las comunidades y reducir la desigualdad social. La falta de acceso a una educación de calidad contribuye a perpetuar el ciclo de la pobreza.

4. Desarrollo Regional: Las estrategias para impulsar el desarrollo económico en áreas marginadas no han demostrado un impacto significativo, lo que ha llevado a un aumento en las carencias sociales en diversas regiones del país.

5. Acceso a Servicios Básicos: Las políticas de infraestructura para garantizar el acceso a agua potable, saneamiento y electricidad han sido insuficientes, exacerbando las carencias en las comunidades más necesitadas.

Lo cierto es que la falta de efectividad en estas políticas ha llevado a un incremento en las carencias sociales y a un deterioro en la calidad de vida de millones de mexicanos. Es imperativo revisar y ajustar estas políticas para abordar las necesidades reales de la población.

Inicia prórroga cuestionada del rector de la UV en medio de denuncias de ilegalidad

Xalapa, Ver., lunes 1 de septiembre de 2025. — Este lunes comenzó el período de prolongación del rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar, ratificado por una Junta de Gobierno integrada por siete personas, decisión que es señalada por integrantes de la comunidad universitaria como ilegal, ilegítima y carente de sustento en la Ley Orgánica de la institución.

La Red por la Legalidad Universitaria, conformada por estudiantes y académicos, difundió un pronunciamiento en el que rechaza la figura de “prórroga” con la que Aguilar permanece en el cargo, calificándola como inexistente en el marco normativo de la UV. El colectivo advirtió que la medida no sólo vulnera los principios de legalidad y transparencia, sino que también pone en entredicho la validez de los documentos oficiales que lleven la firma del rector en funciones.

De acuerdo con el comunicado, la Junta de Gobierno de la UV “no tiene facultades para inventar mecanismos extraordinarios ni para extender unilateralmente el mandato del rector”. El órgano colegiado, explicaron, únicamente puede publicar una convocatoria y designar a la persona que ocupe la rectoría conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica. La supuesta prórroga, insistieron, carece de toda base legal.

El colectivo subrayó que la legalidad de los documentos firmados por Aguilar a partir de este día se encuentra en entredicho. Señalaron que contratos, nombramientos, oficios y demás actos administrativos emitidos bajo esta figura podrían ser impugnados, generando un clima de incertidumbre jurídica que afectaría a estudiantes, académicos y trabajadores universitarios. “No se trata de un capricho, sino de un asunto de legalidad”, precisaron.

La Red por la Legalidad Universitaria también cuestionó la última sesión del Consejo Universitario General (CUG), celebrada en condiciones que calificaron como irregulares. Según su versión, los quórums fueron manipulados y no se respetaron los mínimos de transparencia y participación universitaria. Con ello, añadieron, la legitimidad del máximo órgano de gobierno se ve comprometida.

En su mensaje por el inicio del ciclo escolar, Aguilar aseguró que la UV atraviesa un proceso de “legitimidad total” y acusó que existen intentos por paralizar la institución. Sin embargo, el pronunciamiento estudiantil desmintió esa versión: “Lo que realmente paraliza a la Universidad es la ilegalidad y la imposición”, advirtió la Red, señalando además el riesgo de represión contra quienes manifiesten su inconformidad.

La controversia por la prórroga del rector no es nueva. Desde mediados de este año, grupos universitarios habían advertido que la Junta de Gobierno preparaba un mecanismo de continuidad que no estaba contemplado en la normatividad interna. Con el inicio del semestre, el desacuerdo se formalizó en comunicados, protestas y foros organizados por estudiantes y académicos en diversas facultades.

La Red por la Legalidad Universitaria convocó a la comunidad a mantenerse vigilante y a documentar las posibles irregularidades derivadas de esta prórroga. No descartaron acudir a instancias judiciales para impugnar los actos que consideren ilegales. “Defender la legalidad no limita el aprendizaje; al contrario, lo protege”, sostuvieron en su mensaje.

El trasfondo del conflicto, apuntan observadores universitarios, radica en la falta de transparencia de los órganos de gobierno y en la ausencia de contrapesos efectivos dentro de la institución. Mientras las autoridades defienden la legalidad de sus actos, sectores de la comunidad académica sostienen que la UV se encuentra en un estado de vulneración normativa que pone en riesgo su autonomía y credibilidad.

Por su parte, hasta el momento, las autoridades de la Universidad no han respondido públicamente a los señalamientos sobre la legalidad de la prórroga ni a las críticas en torno al funcionamiento del Consejo Universitario General.

La continuidad del rectorado de Martín Aguilar, cuestionada desde sus primeros días, abre un nuevo capítulo en la vida de la UV. Lo que para la Junta de Gobierno es un mecanismo de estabilidad institucional, para amplios sectores de la comunidad universitaria constituye un precedente de imposición que amenaza la autonomía y el respeto al marco legal de la máxima casa de estudios de Veracruz.

Tuxpan: ¿polo de desarrollo o polo de promesas?

 

Por Miguel Ángel Cristiani

Desafortunadamente abundan las declaratorias solemnes y los acuerdos firmados con tinta burocrática que, en el papel, suenan a modernidad, progreso y bienestar. La más reciente joya de este repertorio oficial es la Declaratoria del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) Tuxpan, Veracruz, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado martes 26 de agosto. Una superficie de poco más de 235 hectáreas en la costa norte de Veracruz ha sido bendecida, según el discurso gubernamental, como epicentro de inversiones, empleos dignos y cadenas productivas. Pero la pregunta incómoda —la que todo ciudadano debería hacerse— es: ¿estamos ante un verdadero proyecto de desarrollo o frente a una más de esas quimeras que terminan en terrenos baldíos y elefantes blancos?

La declaratoria se ampara en el Plan México 2025-2030, presentado por la presidenta de la República como la ruta para colocar a México entre las diez principales economías del mundo. Palabras mayores. La idea, en teoría, es fortalecer el mercado interno, impulsar la innovación y la industria nacional y generar empleos bien remunerados. Tuxpan aparece como pieza estratégica por su puerto, su cercanía a la Ciudad de México y su vocación agroindustrial y energética.

En el papel, no hay fisuras: ubicación privilegiada, conectividad marítima y terrestre, vocaciones productivas que van de la logística al sector textil, y hasta el visto bueno ambiental de la Semarnat. Pero la historia del desarrollo regional en México está plagada de decretos similares que terminaron en fracaso: basta recordar el Plan La Chontalpa en Tabasco en los años sesenta, los polos de crecimiento industrial en los setenta, o más recientemente las Zonas Económicas Especiales (ZEE) impulsadas en 2016 y canceladas por el actual gobierno en 2019. Todas prometían dinamismo económico, todas juraban empleo y bienestar; ninguna cumplió.

Tuxpan no es ajeno a estas dinámicas. Desde hace décadas se le presenta como la “joya logística del Golfo”: puerto cercano al centro del país, conexión carretera hacia la capital, vocación petrolera y agroindustrial. Sin embargo, la realidad es que el rezago social sigue marcando la vida cotidiana de sus habitantes. Según el Coneval, Veracruz mantiene índices de pobreza superiores al 50%. En Tuxpan, las comunidades indígenas, invisibilizadas en la declaratoria oficial, sobreviven con carencias estructurales en salud, educación y servicios básicos.

El acuerdo publicado asegura que el INPI no detectó afectaciones a comunidades indígenas, y por lo tanto no era necesario realizar consulta previa. La afirmación es jurídicamente impecable, pero políticamente preocupante: se opta por la salida fácil antes que por el diálogo real con la población, que a fin de cuentas será la primera en experimentar los impactos —positivos o negativos— de este proyecto.

Tampoco es menor el asunto ambiental. Aunque la Semarnat determinó que el polígono es viable y no colinda con áreas naturales protegidas, lo cierto es que se ubica en un corredor bioclimático relevante para la conectividad ecológica regional. Se habla de vegetación secundaria y de la necesidad de cambio de uso de suelo, pero la experiencia enseña que los “estudios técnicos justificativos” suelen ser más un trámite que una garantía real de sustentabilidad.

La memoria colectiva recuerda lo ocurrido con otros megaproyectos energéticos y portuarios en el país: devastación ambiental, comunidades desplazadas y beneficios concentrados en unos cuantos inversionistas. Tuxpan no debería repetir esa historia.

El acuerdo establece que las actividades productivas prioritarias serán la logística, la agroindustria, la industria ligera, la textil especializada y, cómo no, la energética. No cabe duda: Tuxpan se perfila como nodo de la nueva estrategia de industrialización mexicana. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿qué parte de esa riqueza se traducirá en bienestar tangible para la población local? ¿O será, como tantas veces, un polo de beneficios fiscales para grandes corporaciones, mientras los pobladores siguen atrapados en el círculo de la pobreza y la migración?

El reto es monumental. Si este PODECOBI se limita a maquillar estadísticas de inversión extranjera directa, el resultado será un espejismo más. Si en cambio logra articular a los pequeños productores, generar empleos con salarios dignos y respetar el medio ambiente, podría ser una palanca real de transformación.

La declaratoria del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Tuxpan representa una oportunidad, sí, pero también un enorme riesgo. La historia enseña que los planes sexenales suelen naufragar cuando se topan con la corrupción, la improvisación o el simple desinterés político.

La ciudadanía tiene derecho a dudar, a exigir transparencia, a demandar que las promesas no se queden en boletines oficiales. Porque el verdadero bienestar no se decreta en el Diario Oficial: se construye con empleos estables, con servicios de calidad, con respeto a la dignidad de la gente.

La disyuntiva está planteada: o Tuxpan se convierte en motor de desarrollo regional, o en otro monumento a las promesas incumplidas del poder.

Javier Herrera Borunda va tras penas más severas para funcionarios corruptos!!!

 

**Los funcionarios corruptos no deben tardar tres años en llegar a prisión.

**Se promoverá iniciativa de ley para capacitar a funcionarios en fiscalización.

 Boca del Río, Ver. 27 agosto 2025.- El diputado federal del Partido Verde, Javier Octavio Herrera Borunda reconoció que, debido a la actual normativa federal, en México se tardan hasta 3 años en darse cuenta que funcionario público cometió un acto de corrupción.

 "Lo que estamos buscando también es cambiar la normatividad nacional para que los tiempos sean más cortos, se tardan tres cuatro años en caer los que realmente robaron (...) yo creo que se mira a todos parejo, hay escándalos en todos lados, me encantaría decirte que los del Verde y los de Morena no tenemos escándalos, todos tienen escándalos, todos tienen negritos en el arroz pero somos los mejores portados", sentenció.

 Es por ello que, él como presidente de Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación promoverá una iniciativa de ley para que se exija a todo funcionario que maneje recursos públicos que se capacite en fiscalización.

 "Esto me encantaría volverlo iniciativa de ley y lo vamos a presentar empezando septiembre. En la ley dice que, que bien que esté en la ley lo de la entrega recepción, yo creo que lo que tenemos que regular ahora es en los siguientes 15 días de que te dan un mando público o un mando donde maneja recursos, tengas la obligación de capacitarte en el Sistema Nacional y en el Sistema de Administración y Fiscalización, que lo certifiquen. Va a ser una iniciativa, y esto que estamos haciendo hoy de capacitar a los nuevos cuadros que sea una constante nacional", subrayó.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Javier Herrera Borunda, negó que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Morena o el Partido del Trabajo (PT), protejan a sus funcionarios en la fiscalización de recursos públicos. 

 El diputado federal aseguró que en su labor de vigilancia "se mide a todos parejo y el que la hace la paga".

 En sus declaraciones Herrera Borunda subrayó que ningún partido político está exento de escándalos de corrupción. Afirmó que cuando estos señalamientos tienen sustento, deben investigarse y sancionarse a los responsables. 

 "Yo creo que se mira a todos parejo, hay escándalos en todos lados. Me encantaría decirte que los del PVEM y los de Morena no tenemos escándalos, todos tienen escándalos, todos tienen negritos en el arroz, pero somos los mejor portados", expuso.

 El diputado detalló que la Comisión que preside trabaja en colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

 El propósito de esta cooperación es revisar el uso de recursos públicos para garantizar la transparencia y el correcto ejercicio del gasto.

  Javier Herrera Borunda realizó una capacitación este miércoles 27 de agosto a más de 27 alcaldes, síndicos y tesoreros, donde dio a conocer que la semana pasada la realizó en Aguascalientes, y en próximas fechas se hará en Durango y Jalisco.

 

En sus redes sociales Herrera Borunda publicó el siguiente mensaje:

 

¡Estoy en casa, paisanos!

 

Convocado por el CEE del PVEM Veracruz, hoy vivimos un día remarcable para el PVEM y para Veracruz: Iniciamos los Diálogos con Autoridades Municipales Electas 2026-2029. 

 

Un espacio en donde la Auditoría Superior de la Federación, la Cámara de Diputados y la Contraloría General del Estado, capacitamos a las y los 27 presidentes municipales electos, en materia de administración de recursos públicos con transparencia, elaboración de programas de acción responsables e implementación de políticas públicas que respondan a las necesidades de la gente.

 

Ahora bien, este camino debe institucionalizarse. Por eso, en los primeros días de septiembre presentaré una Iniciativa de Ley para que sea obligatorio que todos los presidentes municipales, y cualquier otra autoridad que administre recursos públicos, se capaciten en el Sistema Nacional Anticorrupción dentro de los primeros quince días posteriores a asumir el cargo. Este es un compromiso más que asumo con Veracruz y con México.

 

Gracias, dirigente, Mtro. Edgar Herrera Lendechy, por la apertura y la organización impecable de este evento encaminado al bienestar de nuestros paisanos. 

 

 

 

Denuncian prórroga ilegal del rector Martín Aguilar en la UV: acusan manipulación y violación a la Ley Orgánica

 

Xalapa, Ver. — La reciente decisión de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) de otorgar una prórroga directa al rector Martín Aguilar ha desatado una ola de críticas dentro de la comunidad universitaria, donde académicos y exrectores advierten que el proceso fue ilegal, opaco y carente de legitimidad.

De acuerdo con testimonios y documentos internos, el rector Aguilar solicitó una extensión de su mandato sin someterse al procedimiento legal establecido en la Ley Orgánica de la UV, que exige una convocatoria pública, registro de aspirantes, presentación de propuestas de trabajo, y una auscultación amplia a la comunidad, desarrollada durante al menos 40 días.

En cambio, la prórroga fue resuelta en apenas 12 días hábiles, con una auscultación de solo 4 días en la que participaron cerca de 1,900 universitarios —menos del 2% del total—. A esto se suma la denuncia de que el ejercicio incluyó acarreo de simpatizantes promovido por Rectoría y el sindicato, así como cuestionarios con preguntas tendenciosas, similares a las prácticas observadas recientemente en la elección de jueces en el país.

Gracias por compartir este mensaje tan detallado. A continuación, te presento una versión editada en estilo de comunicado argumentativo o carta abierta, manteniendo el tono formal y crítico:

No a la prórroga ilegal: el respeto a la ley es la base del prestigio universitario

La Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana establece con claridad que la designación de un Rector, ya sea por nuevo nombramiento o extensión de periodo, debe seguir un proceso formal y transparente de casi dos meses. Esto incluye: 

- Emisión de convocatoria, 

- Registro de aspirantes con propuestas de trabajo, 

- Auscultación amplia a la comunidad universitaria, 

- Evaluación y selección conforme a criterios legales y académicos. 

Sin embargo, Martín Aguilar solicitó a la Junta de Gobierno una prórroga directa, ignorando todo el procedimiento estipulado. En lugar de abrir la competencia, se realizó una auscultación exprés de solo 4 días, en la cual apenas participaron 1,900 personas (menos del 2% de la comunidad universitaria). A esto se suman acusaciones de acarreo promovido por Rectoría y el sindicato, así como la utilización de cuestionarios dirigidos a inducir el apoyo a la prórroga.

La decisión de la Junta se tomó en tan solo 12 días hábiles. Para facilitar esta resolución, fueron forzadas las renuncias de 5 de los 9 miembros “incómodos”, y sus puestos fueron ocupados por perfiles afines a Aguilar. Todo este proceso viola la legalidad y atenta contra los principios de autonomía y legitimidad.

tres ex rectores que ejercimos una prórroga lo hicimos dentro del marco legal, compitiendo con otros universitarios y cumpliendo con una auscultación real y amplia. El caso de Aguilar, en contraste, es una maniobra ilegítima sustentada en el control de la Junta, no en el respaldo real de la comunidad ni en el respeto a la ley. Incluso, Martín Aguilar excede el límite de edad establecido, otro punto que vuelve nula la prórroga.

Por todo lo anterior, reiteramos que esta acción es ilegal, ilegítima y pone en riesgo el prestigio de la UV. En la Red de Universitarios no vamos a permitirlo. Esperamos que tú tampoco.

Además, cinco de los nueve miembros originales de la Junta de Gobierno fueron reemplazados antes de la decisión, presuntamente por ser “incómodos” para el rector. Estos cambios permitieron colocar a perfiles cercanos a Aguilar, allanando así el camino a la prórroga exprés.

Exrectores de la UV señalaron que cuando ellos accedieron a una prórroga, lo hicieron bajo los términos legales establecidos, compitiendo en igualdad de condiciones con otros universitarios. El caso de Aguilar, acusan, fue una imposición disfrazada, sin competencia real y sin legitimidad.

Otro aspecto preocupante es que el actual rector excede el límite de edad permitido por la ley para acceder a una prórroga, lo que, sumado a las irregularidades del proceso, invalidaría jurídicamente cualquier documento que firme a nombre de la Universidad, limitando su autoridad a la de un ciudadano común.

Sectores organizados de la comunidad universitaria y exrectores afirman que el prestigio y la autonomía de la UV están en riesgo. Por ello, exigen revertir la decisión y restablecer un proceso legal, incluyente y transparente para la designación del próximo rector o rectora.

¿Universidades libres o dinastías familiares?

Por Miguel Ángel Cristiani

La noticia cayó como una bomba en los pasillos académicos y políticos: Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aparece en la lista de aspirantes a la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) para el periodo 2025-2029. La sorpresa no fue menor: ¿es una legítima propuesta emanada de la comunidad universitaria o el preludio de un nuevo capítulo en la crónica de las influencias políticas sobre las instituciones de educación superior?

Conviene recordar que no estamos ante un hecho aislado. Veracruz nos dio la primera lección cuando en 2021 la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana eligió como rector a Martín Aguilar Sánchez, con el aval —directo o indirecto— de la entonces primera dama. Hoy, el escenario se repite en Puebla, donde la sombra de Palacio Nacional parece aún proyectarse sobre las aulas.

La BUAP, fundada hace casi 450 años y orgullosamente autónoma desde 1956, se ha caracterizado por ser un espacio plural, crítico y diverso. Su autonomía, como la de cualquier universidad pública, es un bien sagrado que costó décadas de luchas y sacrificios. Pero hoy se tambalea frente a una práctica tan vieja como perniciosa: convertir a las instituciones académicas en extensiones del poder político y en plataformas de legitimación para proyectos personales o familiares.

La candidatura de Gutiérrez Müller debe analizarse bajo esa lupa. No se trata de cuestionar sus credenciales académicas —ha publicado libros, es doctora en teoría literaria y cuenta con una trayectoria respetable en la investigación—, sino de subrayar el contexto político que la rodea. Su sola condición de esposa del expresidente la convierte en una figura cargada de simbolismo político. Y en México, el simbolismo nunca es inocente.

El discurso oficial de la llamada Cuarta Transformación hizo de la “separación del poder político y económico” una bandera moral. Sin embargo, la realidad muestra otra cara: la tentación de extender la influencia familiar a espacios estratégicos. Que una cónyuge presidencial busque encabezar la universidad más importante de Puebla no parece un acto de simple coincidencia, sino la prolongación de un proyecto político que se niega a dejar de gravitar incluso fuera de la Presidencia.

El problema no es que Gutiérrez Müller carezca de capacidades —las tiene—, sino que su nominación alimenta la percepción de un “nepotismo ilustrado”: la idea de que los vínculos familiares sustituyen al debate meritocrático y que las universidades públicas pueden convertirse en feudos de grupos políticos.

No es la primera vez que la política mexicana intenta colonizar las universidades. Recordemos los años setenta y ochenta, cuando la Universidad Autónoma de Guerrero o la Universidad de Oaxaca se convirtieron en trincheras de disputas partidistas. Cada rectoría era el botín de un gobernador o de un grupo político. Los resultados fueron desastrosos: paros constantes, pérdida de prestigio académico y fuga de talentos.

La autonomía universitaria, reconocida en la Constitución, no es un adorno retórico. Es la garantía de que las instituciones educativas no estén sometidas a la voluntad de caudillos, presidentes ni esposas de expresidentes.

Ante esta postulación, surgen varias preguntas legítimas:

·        ¿Puede la BUAP garantizar que su proceso de selección sea libre de presiones políticas?

·        ¿No se corre el riesgo de dividir a la comunidad entre partidarios y detractores de la “candidata presidencial”?

·        ¿Qué mensaje se envía a miles de académicos y académicas que han dedicado su vida a la investigación sin contar con padrinazgos políticos?

En un país donde los concursos por plazas universitarias suelen ser procesos tortuosos y altamente competitivos, la percepción de privilegio resulta un golpe directo a la moral de la comunidad científica.

La universidad no es una oficina de gobierno ni un despacho de relaciones públicas. Es un espacio de libertad crítica, donde las ideas deben debatirse sin miedo a represalias políticas. La llegada de una figura con tan claras conexiones al poder amenaza con contaminar ese ambiente y convertir la rectoría en una extensión del poder presidencial.

El riesgo es claro: si se normaliza que los familiares de presidentes o gobernadores ocupen rectorías, mañana las universidades podrían ser dirigidas no por los mejores académicos, sino por los más cercanos al círculo político en turno. Y ese sería el inicio del fin de la autonomía universitaria.

La comunidad de la BUAP tiene en sus manos una decisión crucial. No se trata de rechazar a priori a Beatriz Gutiérrez Müller por su parentesco político, sino de garantizar que el proceso sea realmente democrático, transparente y basado en méritos académicos comprobables. Si al final de un concurso limpio y abierto ella resulta la mejor opción, que así sea. Pero si su nombre se impone por influencias externas, estaríamos frente a una traición a la esencia de la autonomía universitaria.

En México ya sabemos lo que ocurre cuando la política se mete en la universidad: se pierde el rumbo, se degrada la calidad académica y se cancela la crítica. No podemos permitir que la BUAP, orgullo de Puebla y referente nacional, se convierta en otro eslabón de una cadena de imposiciones disfrazadas de elecciones libres.

La pregunta de fondo es clara: ¿queremos universidades que formen ciudadanos críticos y libres, o instituciones al servicio de proyectos personales y dinastías políticas? La respuesta, más que un debate académico, es un acto de defensa ciudadana.

 

El informe de Martín Aguilar: crónica de una legitimidad impostada

Por Miguel Ángel Cristiani

¿De qué sirve rendir un informe si la comunidad universitaria no confía en quien lo presenta? Esa es la pregunta que se impone a la víspera del IV Informe de Labores del rector Martín Aguilar Sánchez, programado para este 27 de agosto en la Sala Tlaqná de la Universidad Veracruzana (UV). Lo que debería ser un acto solemne de rendición de cuentas ante el Consejo Universitario General, corre el riesgo de convertirse en un espectáculo diseñado para maquillar una prórroga que buena parte de la comunidad percibe como ilegal, ilegítima y contraria al espíritu universitario.

No se trata de un capricho ni de un berrinche estudiantil, como algunos intentarán presentarlo. La inconformidad que ha motivado la convocatoria de la Red de la UV por la Legalidad tiene raíces profundas: la extensión del mandato rectoral más allá de lo previsto en la normatividad universitaria, una decisión que huele más a maniobra política que a reforma legítima. La universidad pública, conviene recordarlo, no es propiedad privada de sus autoridades en turno, sino un bien social cuyo gobierno debe ajustarse a la transparencia, la legalidad y el consenso.

El contraste entre el discurso y la realidad será evidente mañana. Mientras adentro de la Sala Tlaqná se desplegará un evento cuidadosamente orquestado —con invitados especiales, acarreados y controles estrictos de acceso para blindar a los inconformes—, afuera resonará la protesta de académicos, estudiantes y trabajadores que se niegan a convalidar lo que consideran un atropello. Se han convocado lonas, pancartas y vestimenta negra como símbolos de duelo por la institucionalidad universitaria mancillada.

No es la primera vez que en la UV se vive esta tensión entre la comunidad y la rectoría. La historia universitaria está marcada por episodios de resistencia contra los intentos de perpetuación o manipulación de las normas internas. Desde los movimientos estudiantiles de los setenta, pasando por las pugnas sindicales y las reformas estatutarias discutidas con desdén, hasta las actuales manifestaciones, la universidad ha sido un termómetro de las libertades y, también, de los abusos. Cada generación ha debido recordar a las autoridades que el poder rectoral no es vitalicio ni monárquico, sino estrictamente acotado.

El fondo del asunto es más grave que un simple acto protocolario. Lo que se juega aquí es el principio de legalidad dentro de la máxima casa de estudios de Veracruz. Si en la universidad se relativiza la ley, si se normaliza la arbitrariedad y se sofoca la disidencia con puertas cerradas y accesos controlados, ¿qué mensaje se transmite a los jóvenes que ahí se forman? La universidad, por definición, debería ser el espacio donde florece el debate crítico, no donde se clausura bajo la lógica de la conveniencia política.

El rector Aguilar podrá ofrecer cifras, logros académicos y proyectos culturales en su informe; podrá presumir reconocimientos y alianzas institucionales. Pero todo ello quedará en entredicho si el acto mismo que preside se percibe como una puesta en escena para revestir de legitimidad una prórroga cuestionada. La credibilidad, en política como en academia, no se fabrica con discursos ni con cenas posteriores: se construye con respeto a las reglas, apertura al diálogo y congruencia ética.

La manifestación pacífica convocada por la Red de la UV por la Legalidad es, en este contexto, un ejercicio cívico imprescindible. No se trata de un linchamiento, sino de un recordatorio: la universidad pertenece a la sociedad, no al capricho de un rector ni a las complicidades de un consejo dócil. Vestirse de negro mañana será un acto simbólico, pero cargado de dignidad: el duelo no es solo por la legalidad violentada, sino por la esperanza de que la UV vuelva a ser un espacio de libertad crítica, no un escenario de legitimaciones impostadas.

Al final, el verdadero informe no será el que se lea en el podio ni el que aplaudan los invitados en la Tlaqná. El verdadero informe será la expresión de la comunidad universitaria en las calles, con pancartas y consignas, reclamando algo tan elemental como el respeto a la ley. Porque si la universidad pública pierde su legalidad, pierde también su alma.

Nos vemos mañana 27 de agosto, a partir de las 13 horas y hasta el término de la jornada.

Llevemos lonas, pancartas, cartulinas, vistamos de negro, expresemos nuestro rechazo a la prórroga ilegal e ilegítima otorgada a Martín Aguilar que contraviene el espíritu universitario.

 

ROBO DE CARGA Y ARANCELES, QUÉ EFECTO TIENEN?

 IMPRONTA 

Carlos Miguel Acosta Bravo*

 El robo de carga y de camiones de carga impacta negativamente al autotransporte en México en varios aspectos importantes: Económicamente, el sector enfrenta pérdidas millonarias, con más de 15,000 robos reportados en 2024 y un incremento estimado del 9 a 16% para 2025, según asociaciones como Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV)   y La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad e Industria Satelital (AMESIS). Sólo la recuperación de vehículos de carga asciende a más de 3,400 millones de pesos y las pérdidas totales, considerando mercancía, son aún mayores. Los estados más afectados son Estado de México, Puebla, Guanajuato, Michoacán y Jalisco. El robo afecta la eficiencia y confiabilidad de la cadena logística especialmente en sectores sensibles como automotriz, alimentario y electrónico.

En la reciente medida determina de la suspensión de visas para conductores de transporte pesado, esta  afecta a algunas categorías de visas de trabajo para choferes no mexicanos, pero según la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, los choferes mexicanos que operan bajo el T-MEC con visas tipo B no se verán afectados directamente. Estas visas permiten cruces fronterizos autorizados sin operación dentro del territorio estadounidense, evitando la afiliación a visas restringidas. Esto limita riesgos, pero genera incertidumbre en el sector y obliga a la mejora continua en capacitación, como pruebas de idioma inglés y normativas de tránsito. Respecto a la influencia de los aranceles impuestos por Trump en el sector de autotransporte y manufacturero mexicano:

En lo que tiene que ver con la movilidad los aranceles de EE.UU. han reducido la operación de más de 200,000 vehículos de carga en México, impactando no sólo el transporte transfronterizo sino también a empresas que movilizan mercancías en la cadena productiva nacional. Esto provoca un paro superior al 50% de unidades estacionadas y afecta severamente la eficiencia logística en sectores como el automotriz, alimentos y manufactura. Canacar advirtió que estos aranceles pueden ser "mortales" para la economía ligada al autotransporte si no se negocia una solución pronta. También ha generado efectos en rutas, tarifas y demanda de transporte.

El robo a camiones genera enormes pérdidas y riesgos operativos; la medida de visas impacta menos a choferes mexicanos por reglas del T-MEC pero obliga a adaptación; y los aranceles de Trump tensan aún más la operación del autotransporte y la manufactura, afectando la economía nacional y la cadena logística.

El costo anual que representa el robo de carga para las empresas de autotransporte en México es muy significativo y alcanza miles de millones de pesos. Con un aumento del 9.18% respecto a 2023.

De acuerdo con CESVI México, el costo promedio por cada evento de robo supera 1.2 millones de pesos mexicanos, sin considerar daños colaterales (multas, incumplimiento de contratos, aumento en primas de seguro, entre otros).

CONCAMIN estima que las pérdidas anuales por robo de carga ascienden a más de 4,113 millones de dólares, equivalentes a más de 70,000 millones de pesos mexicanos, alrededor del 0.7% del PIB nacional.

Además de las pérdidas por valor de mercancías y vehículos, las empresas enfrentan costos adicionales por interrupciones, rescates, deterioro de activos, aumento en gastos de seguridad y daño reputacional.

Las zonas con mayor incidencia de robos son: Estado de México, Puebla, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, afectando especialmente cadenas productivas estratégicas como la automotriz, alimentaria, química y electrónica.

En lo que va de 2025 ya se reportan más de 12,000 incidentes con tácticas delictivas cada vez más sofisticadas, como bloqueo falso, uso de inhibidores de señal GPS y secuestro exprés de operadores.

El costo económico anual estimado por robo de carga en el sector autotransporte en México supera ampliamente los 70,000 millones de pesos, una cifra que impacta fuertemente en la competitividad, seguridad y estabilidad logística nacional.

 

 

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cacostabravo@yahoo.com.mx

 

 

*Maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana, de la que formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte de la CDMX.

Al PRI le urgen candidatos que espanten de valientes

Desde el Café  

Bernardo Gutiérrez Parra  

Las legislaturas plurinominales que se supone, nacieron con el fin de que las minorías tuvieran una representación en el Congreso federal y en los Congresos locales, jamás cumplieron su función y se convirtieron en premios lucrativos para unos cuantos afortunados.  

La única preocupación de un candidato a diputado o senador por la vía plurinominal, es ser de los primeros en la lista porque con eso tiene asegurada su curul, lo demás le importa pura corneta.  

Un ejemplo son los traidores Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre Miguel Ángel Yunes Linares que compitieron por esa vía. No hicieron campaña política por lo que ni siquiera se empolvaron los zapatos; sabían que si el candidato a gobernador de la coalición PAN-PRI ganaba serían senadores y si perdía también. Es decir, no tuvieron que sudar la gota gorda para llegar a la Cámara Alta.  

Luego vino lo otro: la traición a los partidos que los postularon, a los veracruzanos y al país entero. Pero ahí los tienes lector, a lo que se le ofrezca a Morena.  

Quienes han vivido del plurinominalismo (si se me permite la palabra y si no se me permite pues ni hablar porque ya la escribí) son los partidos chicos. De ahí que sean los más preocupados por la desaparición de los legisladores plurinominales como lo propone la reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum, porque los dejará en la inopia política.  

Lo que nunca imaginé ni en mis sueños más pachecos, fue ver al PRI oponiéndose a que desaparezcan las pluris. No porque hayan nacido en el gobierno de José López Portillo sino por cuestión de supervivencia.  

Este lunes su dirigente estatal Adolfo Ramírez Arana, dijo que desaparecer esa figura es una aberración y un retroceso porque es quitarle la voz a millones de mexicanos que se manifiestan contra el sistema. Pero eso es una falacia y él lo sabe.  

Si Adolfo fuera más sincero tendría que confesar que está defendiendo las pluris porque el PRI llegó a un punto en que es incapaz de ganar una curul por la vía de los sufragios.  

Si en las pasadas elecciones le faltaron candidatos para cubrir el total de los 212 ayuntamientos, no quiero imaginar la de dolores de cabeza que sufrirá para encontrar a sujetas y sujetos temerarios que digan: “Yo me la juego con el PRI y voy por una diputación local o federal por la vía del voto ciudadano”.  

Uta, ya parece. Aunque de que los hay los hay y puede que más de un suicida político levante la mano.

Me parece hasta kafkiano que en el corto lapso de diez años, el otrora poderoso e invencible PRI, que fue amo y señor del sistema político de este país por más de 70 años, se haya convertido en un partidito que necesite de la caridad de las plurinominales.  

“A dónde hemos llegado, Dios mío” dirían mis abuelas si vivieran.  

Pero más adelante Adolfo desvarió y dijo cosas que ni al caso como que “los priistas de Veracruz defenderemos siempre a nuestro líder Alejandro 'Alito' Moreno, que dicho sea de paso, es el único actor político que levanta la voz, por eso la persecución política (en su contra)”.  

Frase digna de rebatirse porque uno; una encuesta seria mostraría que nueve de cada diez de los poquísimos tricolores que aún siguen siendo fieles al partido, quieren que Alito se largue del PRI. Y eso lo sabe Adolfo Ramírez.  

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Y dos, a Alito Moreno lo tienen con la espada de Damocles sobre la cabeza no porque levante la voz, sino porque es un bandido y un corrupto. Y si anda libre no es porque sea inocente, sino porque es un inofensivo líder de un partido que también es inofensivo.  

Y es que el tricolor es ya un partido pequeño. ¿O acaso no se han dado cuenta?  

Lo que el PRI necesita y con urgencia no son discursos retóricos sino a mujeres y hombres que quieran competir (sin miedo a una derrota cantada), por una curul uninominal en el 2027. Pero deben ser personas temerarias y fuera de serie. Valientes de verdad, tanto como el primer ser humano que se comió un zapote prieto.

¿Te animas, lector?  

bernagup28@gmail.com

En los últimos 10 años se aumento en un 300% el uso de la motocicleta como medio de transporte

 

Incremento de accidentes de motocicleta debe considerarse como problema de salud 

• En los últimos 10 años se aumento en un 300% el uso de la motocicleta como medio de transporte y sus consecuencias se tienen en los temas físicos, económicas y la perdida de vidas humanas: Edmundo Macario Álvarez.

Irineo Pérez Melo.- Ante el creciente número de motocicletas, que en una década se incrementó en un 300%, se ha disparado también el número de accidentes, por lo que las autoridades competentes deben considerar como un problema de salud, por las consecuencias físicas económicas y la perdida de vidas humanas que se tienen por este motivo.

Lo anterior fue señalado por Edmundo Macario Álvarez, integrante del colectivo Movilidad Segura Veracruz, quien dijo que esto es motivado por el incremento del uso de la motocicleta como medio de transporte por parte de la ciudadanía.

En conferencia de prensa, en dónde integrantes de este colectivo dieron a conocer los resultados de la actividad realizada el pasado fin de semana denominada “El Carrusel de las Movilidades Humanas”, efectuada en la ciudad de Xalapa, expuso que en los últimos diez años se incrementó en un 300% el número de motocicletas en el estado, por lo que también aumentó la incidencia de accidentes.

Sin precisar cifras, porque se basa en las cifras aportadas por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI), así como de la Comisión Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra) expresó su preocupación por esta situación y sobre todo por las pérdidas de vida que se han tenido por este motivo

Acompañado por dos integrantes del colectivo mencionado, hizo un recordatorio a las autoridades respectivas del pendiente que se tiene en el ámbito legislativo, en la cual Veracruz y otras once entidades de la República Mexicana, no ha armonizado la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que la federación ya tiene implementada.

“Tenemos una ley federal de Movilidad y Seguridad Vial que Veracruz debe armonizarla; se están haciendo trabajos y nosotros como colectivo estamos trabajando en una iniciativa reforma para plantearla a las y los diputados locales y hacerla realidad”, añadió 

Con esto, dijo, se estará en condiciones de contar con cuadros normativos y gozar del derecho a la movilidad, tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y estar acordé con la normatividad estatal”, abundó.

Además, adelantó que el momento es propicio para lograrlo, pues se está en el proceso de iniciar sus gestiones los 212 Ayuntamientos veracruzanos y pueden incluir en sus planes de desarrollo municipales este rubro, por lo “nos acercaremos con las autoridades municipales para plantearles está propuesta a los nuevos ayuntamientos”, dijo por último.