Por Miguel Ángel Cristiani
La noticia cayó como una bomba en los pasillos académicos y políticos:
Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa del expresidente Andrés Manuel
López Obrador, aparece en la lista de aspirantes a la rectoría de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) para el periodo 2025-2029. La sorpresa no
fue menor: ¿es una legítima propuesta emanada de la comunidad universitaria o
el preludio de un nuevo capítulo en la crónica de las influencias políticas
sobre las instituciones de educación superior?
Conviene recordar que no estamos ante un hecho aislado. Veracruz nos dio la
primera lección cuando en 2021 la Junta de Gobierno de la Universidad
Veracruzana eligió como rector a Martín Aguilar Sánchez, con el aval —directo o
indirecto— de la entonces primera dama. Hoy, el escenario se repite en Puebla,
donde la sombra de Palacio Nacional parece aún proyectarse sobre las aulas.
La BUAP, fundada hace casi 450 años y orgullosamente autónoma desde 1956, se
ha caracterizado por ser un espacio plural, crítico y diverso. Su autonomía,
como la de cualquier universidad pública, es un bien sagrado que costó décadas
de luchas y sacrificios. Pero hoy se tambalea frente a una práctica tan vieja
como perniciosa: convertir a las instituciones académicas en extensiones del
poder político y en plataformas de legitimación para proyectos personales o
familiares.
La candidatura de Gutiérrez Müller debe analizarse bajo esa lupa. No se
trata de cuestionar sus credenciales académicas —ha publicado libros, es
doctora en teoría literaria y cuenta con una trayectoria respetable en la
investigación—, sino de subrayar el contexto político que la rodea. Su sola
condición de esposa del expresidente la convierte en una figura cargada de
simbolismo político. Y en México, el simbolismo nunca es inocente.
El discurso oficial de la llamada Cuarta Transformación hizo de la
“separación del poder político y económico” una bandera moral. Sin embargo, la
realidad muestra otra cara: la tentación de extender la influencia familiar a
espacios estratégicos. Que una cónyuge presidencial busque encabezar la
universidad más importante de Puebla no parece un acto de simple coincidencia,
sino la prolongación de un proyecto político que se niega a dejar de gravitar
incluso fuera de la Presidencia.
El problema no es que Gutiérrez Müller carezca de capacidades —las tiene—,
sino que su nominación alimenta la percepción de un “nepotismo ilustrado”: la
idea de que los vínculos familiares sustituyen al debate meritocrático y que
las universidades públicas pueden convertirse en feudos de grupos políticos.
No es la primera vez que la política mexicana intenta colonizar las
universidades. Recordemos los años setenta y ochenta, cuando la Universidad Autónoma
de Guerrero o la Universidad de Oaxaca se convirtieron en trincheras de
disputas partidistas. Cada rectoría era el botín de un gobernador o de un grupo
político. Los resultados fueron desastrosos: paros constantes, pérdida de
prestigio académico y fuga de talentos.
La autonomía universitaria, reconocida en la Constitución, no es un adorno
retórico. Es la garantía de que las instituciones educativas no estén sometidas
a la voluntad de caudillos, presidentes ni esposas de expresidentes.
Ante esta postulación, surgen varias preguntas legítimas:
·
¿Puede la BUAP garantizar que su proceso de
selección sea libre de presiones políticas?
·
¿No se corre el riesgo de dividir a la comunidad
entre partidarios y detractores de la “candidata presidencial”?
·
¿Qué mensaje se envía a miles de académicos y
académicas que han dedicado su vida a la investigación sin contar con
padrinazgos políticos?
En un país donde los concursos por plazas universitarias suelen ser procesos
tortuosos y altamente competitivos, la percepción de privilegio resulta un
golpe directo a la moral de la comunidad científica.
La universidad no es una oficina de gobierno ni un despacho de relaciones
públicas. Es un espacio de libertad crítica, donde las ideas deben debatirse
sin miedo a represalias políticas. La llegada de una figura con tan claras
conexiones al poder amenaza con contaminar ese ambiente y convertir la rectoría
en una extensión del poder presidencial.
El riesgo es claro: si se normaliza que los familiares de presidentes o
gobernadores ocupen rectorías, mañana las universidades podrían ser dirigidas
no por los mejores académicos, sino por los más cercanos al círculo político en
turno. Y ese sería el inicio del fin de la autonomía universitaria.
La comunidad de la BUAP tiene en sus manos una decisión crucial. No se trata
de rechazar a priori a Beatriz Gutiérrez Müller por su parentesco político,
sino de garantizar que el proceso sea realmente democrático, transparente y
basado en méritos académicos comprobables. Si al final de un concurso limpio y
abierto ella resulta la mejor opción, que así sea. Pero si su nombre se impone
por influencias externas, estaríamos frente a una traición a la esencia de la
autonomía universitaria.
En México ya sabemos lo que ocurre cuando la política se mete en la universidad:
se pierde el rumbo, se degrada la calidad académica y se cancela la crítica. No
podemos permitir que la BUAP, orgullo de Puebla y referente nacional, se
convierta en otro eslabón de una cadena de imposiciones disfrazadas de
elecciones libres.
La pregunta de fondo es clara: ¿queremos universidades que formen ciudadanos
críticos y libres, o instituciones al servicio de proyectos personales y
dinastías políticas? La respuesta, más que un debate académico, es un acto de
defensa ciudadana.
