Xalapa, Ver., lunes 1 de septiembre de 2025. — Este lunes comenzó el período de prolongación del rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar, ratificado por una Junta de Gobierno integrada por siete personas, decisión que es señalada por integrantes de la comunidad universitaria como ilegal, ilegítima y carente de sustento en la Ley Orgánica de la institución.
La Red por la Legalidad Universitaria, conformada por estudiantes y académicos, difundió un pronunciamiento en el que rechaza la figura de “prórroga” con la que Aguilar permanece en el cargo, calificándola como inexistente en el marco normativo de la UV. El colectivo advirtió que la medida no sólo vulnera los principios de legalidad y transparencia, sino que también pone en entredicho la validez de los documentos oficiales que lleven la firma del rector en funciones.
De acuerdo con el comunicado, la Junta de Gobierno de la UV “no tiene facultades para inventar mecanismos extraordinarios ni para extender unilateralmente el mandato del rector”. El órgano colegiado, explicaron, únicamente puede publicar una convocatoria y designar a la persona que ocupe la rectoría conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica. La supuesta prórroga, insistieron, carece de toda base legal.
El colectivo subrayó que la legalidad de los documentos firmados por Aguilar a partir de este día se encuentra en entredicho. Señalaron que contratos, nombramientos, oficios y demás actos administrativos emitidos bajo esta figura podrían ser impugnados, generando un clima de incertidumbre jurídica que afectaría a estudiantes, académicos y trabajadores universitarios. “No se trata de un capricho, sino de un asunto de legalidad”, precisaron.
La Red por la Legalidad Universitaria también cuestionó la última sesión del Consejo Universitario General (CUG), celebrada en condiciones que calificaron como irregulares. Según su versión, los quórums fueron manipulados y no se respetaron los mínimos de transparencia y participación universitaria. Con ello, añadieron, la legitimidad del máximo órgano de gobierno se ve comprometida.
En su mensaje por el inicio del ciclo escolar, Aguilar aseguró que la UV atraviesa un proceso de “legitimidad total” y acusó que existen intentos por paralizar la institución. Sin embargo, el pronunciamiento estudiantil desmintió esa versión: “Lo que realmente paraliza a la Universidad es la ilegalidad y la imposición”, advirtió la Red, señalando además el riesgo de represión contra quienes manifiesten su inconformidad.
La controversia por la prórroga del rector no es nueva. Desde mediados de este año, grupos universitarios habían advertido que la Junta de Gobierno preparaba un mecanismo de continuidad que no estaba contemplado en la normatividad interna. Con el inicio del semestre, el desacuerdo se formalizó en comunicados, protestas y foros organizados por estudiantes y académicos en diversas facultades.
La Red por la Legalidad Universitaria convocó a la comunidad a mantenerse vigilante y a documentar las posibles irregularidades derivadas de esta prórroga. No descartaron acudir a instancias judiciales para impugnar los actos que consideren ilegales. “Defender la legalidad no limita el aprendizaje; al contrario, lo protege”, sostuvieron en su mensaje.
El trasfondo del conflicto, apuntan observadores universitarios, radica en la falta de transparencia de los órganos de gobierno y en la ausencia de contrapesos efectivos dentro de la institución. Mientras las autoridades defienden la legalidad de sus actos, sectores de la comunidad académica sostienen que la UV se encuentra en un estado de vulneración normativa que pone en riesgo su autonomía y credibilidad.
Por su parte, hasta el momento, las autoridades de la Universidad no han respondido públicamente a los señalamientos sobre la legalidad de la prórroga ni a las críticas en torno al funcionamiento del Consejo Universitario General.
La continuidad del rectorado de Martín Aguilar, cuestionada desde sus primeros días, abre un nuevo capítulo en la vida de la UV. Lo que para la Junta de Gobierno es un mecanismo de estabilidad institucional, para amplios sectores de la comunidad universitaria constituye un precedente de imposición que amenaza la autonomía y el respeto al marco legal de la máxima casa de estudios de Veracruz.
