IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo*
A diferencia de lo que ocurrió en el sexenio anterior, en donde no se permitió el acceso a integrantes de la DEA, al inicio de este nuevo gobierno federal la presidenta Claudia Sheinbaum ha reestablecido, en buena parte por las presiones del presidente Donald Trump, la colaboración con las diferentes agencias estadounidenses, de manera particular con la Drug Enforcement Administration (DEA).
El nuevo acuerdo entre México y la DEA para combatir a los capos fronterizos consiste principalmente en el lanzamiento del "Proyecto Portero", mediante el cual elementos de la DEA entrenan a agentes mexicanos para enfrentar a los jefes de plaza y líderes criminales que operan en la frontera común entre ambos países.
Este proyecto incluye capacitación intensiva de funcionarios mexicanos en centros policiales estadounidenses, impartida por militares, agentes de inteligencia y fiscalías estadounidenses, con el objetivo de desmantelar organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, armas y dinero. La cooperación marca un giro en la relación bilateral, con mayor colaboración y apoyo mutuo en contraste con años anteriores donde predominaba la desconfianza.
Se espera que el acuerdo fortalezca la lucha contra el narcotráfico y reduzca la violencia en zonas fronterizas mediante operaciones conjuntas y mejor entrenamiento, lo que puede mejorar el control de la frontera y disminuir actividades criminales.
Aunque el gobierno mexicano ha defendido que estas acciones se hacen con plena soberanía y en beneficio de la seguridad nacional, esta cooperación profunda con una agencia extranjera genera preocupaciones sobre la autonomía del país en materia de seguridad. Algunos sectores temen que la presencia y entrenamiento de la DEA pueda interferir en decisiones internas y la capacidad del Estado para ejercer control pleno en su territorio.
Este acuerdo refleja una estrategia compartida para enfrentar problemas transnacionales como el narcotráfico, pero requiere un equilibrio delicado para mantener la integridad y autoridad del Estado mexicano evitando percepciones de subordinación.
En conclusión, el acuerdo con la DEA para combatir a los capos fronterizos representa un avance operativo significativo para la seguridad, pero plantea desafíos en el manejo y percepción de la soberanía nacional. El éxito dependerá de la transparencia, respeto mutuo y la capacidad de México para preservar su autonomía mientras fortalece sus capacidades de seguridad a través de la cooperación internacional.
El Proyecto Portero implica un importante avance para la cooperación judicial y policial entre México y Estados Unidos, con las siguientes características e implicaciones principales:
Agentes mexicanos serán entrenados en centros policiales estadounidenses por funcionarios militares, de inteligencia y fiscales de Estados Unidos para enfrentar a capos y jefes de plaza que operan en la frontera común. Esto implica un intercambio de conocimientos, técnicas e información estratégicamente valiosa.
El proyecto fomenta el desarrollo de estrategias coordinadas y operaciones conjuntas, junto con la identificación de objetivos comunes para combatir de manera más efectiva a las organizaciones criminales trasnacionales.
El fortalecimiento del flujo de datos y evidencia entre agencias permitirá una investigación más ágil y profunda, vital para desmantelar redes de narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas.
El acuerdo facilita la cooperación en materia judicial, apoyando la emisión y cumplimiento de órdenes de arresto, extradiciones y procesos penales efectivos para capos y otros delincuentes.
Aunque la cooperación es estrecha, el proyecto se realiza bajo principios de respeto mutuo y en el marco de acuerdos legales y diplomáticos, procurando proteger la soberanía nacional mexicana.
La alianza busca reducir la violencia y actividades criminales en las zonas fronterizas, fortaleciendo el control y la estabilidad de ambos países en una región clave para la seguridad continental.
En esencia, el Proyecto Portero representa una cooperación policial y judicial integral que combina entrenamiento, inteligencia compartida y operaciones conjuntas, fortaleciendo la capacidad de México y Estados Unidos para combatir el crimen organizado de forma coordinada, eficiente y respetuosa de la soberanía, con impactos esperados en la mejora de la seguridad nacional y la justicia transfronteriza para ambos países.
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*Maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana, de la cual formó parte del claustro de profesores de la Licenciatura en Comunicación, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte de CDMX.
