Por Miguel Ángel Cristiani
En la situación actual que estamos viviendo en Veracruz,
donde las promesas de desarrollo y modernización parecen chocar con la dura
realidad de la exclusión, surge una pregunta inquietante: ¿Quién realmente se
beneficia de las inversiones que se prometen? La reciente implementación del
Programa de Bacheo Carretero por parte de la gobernadora Rocío Nahle es un
claro ejemplo de cómo, a pesar de los esfuerzos por reactivar la economía, el
tejido empresarial local se encuentra al borde del colapso.
Durante el sexenio anterior, el abandono de las obras
públicas fue evidente. La administración de Cuitláhuac García Jiménez dejó a su
paso un vacío en la infraestructura veracruzana que ahora, con la llegada de
recursos significativos, se intenta llenar. Sin embargo, como ha señalado Marco
Salas Contreras, presidente de la Sociedad Mexicana de Industriales y
Transformadores de la Construcción (SMITC), esta reactivación no está
beneficiando a las empresas locales. En un panorama desolador, ocho de cada
diez constructoras veracruzanas se encuentran sin trabajo.
El Programa de Bacheo Carretero, lejos de ser una panacea,
ha sido criticado por otorgar contratos a empresas de otros estados, dejando a
los constructores locales en la penumbra. Este fenómeno no es aislado; refleja
una tendencia más amplia donde las grandes obras son monopolizadas por
compañías foráneas, muchas de las cuales vienen con el estigma de proyectos
como Dos Bocas y el Tren Maya. La paradoja es evidente: mientras el gobierno
estatal busca modernizar y rehabilitar la infraestructura, lo hace a expensas
del empleo y la economía local.
La falta de licitaciones adecuadas y la escasez de
financiamiento son factores que agravan aún más esta crisis. Salas Contreras
subraya que, aunque en Veracruz se están llevando a cabo trece obras, solo una
o dos han sido adjudicadas a empresas del estado. Esta situación no solo impide
la generación de nuevos empleos, sino que amenaza con la pérdida de puestos de
trabajo existentes. La realidad es que el cierre del año se vislumbra frío y
complicado, con un sector en deterioro que necesita urgentemente un cambio de
dirección.
Es imperativo establecer un diálogo directo entre el
gobierno estatal y la iniciativa privada. La propuesta de Salas Contreras de
buscar mecanismos de financiamiento y factoraje es un llamado a la acción que
no puede ser ignorado. Las empresas locales cuentan con la maquinaria, el
equipo y la experiencia necesaria para ejecutar obras de calidad, pero se ven
limitadas por la falta de anticipos y la escasez de contratos. Ignorar esta
realidad sería un grave error que podría tener repercusiones a largo plazo en
la estabilidad económica del estado.
La última etapa del año es crucial para la ejecución de
proyectos y la reactivación económica. Sin embargo, a medida que avanzamos
hacia el octavo mes de 2025, la ventana de oportunidad para revertir esta
situación se cierra rápidamente. La inacción no es una opción. La economía
veracruzana se encuentra en un delicado equilibrio, y la posibilidad de una
crisis laboral y económica se cierne sobre nosotros como una sombra ominosa.
Es fundamental que tanto el gobierno como el sector
empresarial trabajen en conjunto para enfrentar esta crisis. La creación de una
alianza estratégica no solo podría reactivar la economía local, sino también
fortalecer el tejido social de Veracruz. Es hora de que los intereses de las
empresas locales sean considerados en la planificación y ejecución de proyectos
públicos. La prosperidad de Veracruz no puede depender de la intervención de
empresas foráneas; debe ser construida desde dentro.
En conclusión, la situación actual exige un compromiso firme
y decidido por parte de la gobernadora Rocío Nahle y su administración. La
responsabilidad cívica no solo implica la ejecución de obras, sino también el
cuidado y la promoción de la economía local. Es un momento crítico para la
ciudadanía veracruzana, que espera no solo promesas, sino acciones concretas
que garanticen su bienestar y desarrollo. La historia de Veracruz no se puede
escribir con la tinta de la exclusión; debe ser un relato de inclusión,
desarrollo y justicia económica para todos.
