Hora cero
Luis Alberto Romero
La reciente aprobación de reformas a la Ley en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz marca un momento importante en el esfuerzo por responder, desde el Estado, a una de las problemáticas más dolorosas y urgentes de nuestra sociedad: la desaparición de personas.
Con 41 votos a favor, tres en contra y sin abstenciones, el Congreso local avaló una propuesta turnada por la gobernadora Rocío Nahle, cuyo propósito es armonizar la legislación estatal con la Ley General en la materia.
Estas reformas incorporan herramientas tecnológicas, forenses y de gestión institucional que buscan hacer más eficaz la localización de personas desaparecidas, y colocan a Veracruz en sintonía con los estándares nacionales.
Entre las medidas más importantes está la creación de una Plataforma Única de Identidad que conecte bases de datos y registros para facilitar búsquedas rápidas, el uso de la CURP como dato de identificación, y la obligación de mantener registros actualizados en instituciones públicas y privadas que resguarden restos humanos.
La reforma también refuerza la obligación del Estado de actuar de forma inmediata, diligente y coordinada. Establece la creación o fortalecimiento de Unidades Especializadas en Búsqueda Inmediata, de larga data, en delitos cibernéticos, así como de áreas de atención a víctimas. Además, garantiza a los familiares acceso oportuno a la información, incluyendo el número de carpeta de investigación y el seguimiento puntual del caso, lo cual responde a una exigencia constante de los colectivos de búsqueda.
Uno de los avances más destacables es la inclusión de medidas que aseguran la protección y el bienestar de los hijos e hijas de personas desaparecidas, lo cual demuestra un enfoque más integral del problema.
También se establecen plazos claros para que tanto la Fiscalía General del Estado como los ayuntamientos modifiquen sus normas y procedimientos, incluyendo aquellos que regulan cementerios, crematorios y fosas comunes.
Aunque las reformas son alentadoras, su verdadero valor radicará en la forma en que se apliquen. No se puede perder de vista que las familias de personas desaparecidas han cargado durante años con la tarea de buscar, muchas veces sin apoyo institucional. De ahí la importancia de que esta nueva legislación se implemente con sensibilidad, transparencia y recursos suficientes; porque de poco sirve que se modifiquen las leyes si esta medida no se acompaña con la asignación presupuestal necesaria.
Veracruz avanza, sí, pero lo hace en un terreno marcado por la deuda histórica con miles de personas desaparecidas. Esta reforma representa un paso firme, pero no definitivo. El reto ahora es pasar de la ley a la acción, de los discursos a los resultados. Solo entonces se podrá decir que el Estado está cumpliendo su deber más básico: proteger la vida, la dignidad y la memoria de quienes aún no han regresado a casa.
@luisromero85
