La Columna
Por Fanny Yépez
- 800 indígenas en cárceles de Veracruz, por falta de traductores
- Desde abril pasado, el Congreso Local difundió la Reforma al artículo 5 de la Constitución Local.
- Los del OPLE siguen con su falta de sensibilidad
En 2025, se estima que en el estado de Veracruz hay alrededor de 1 millón 037 mil 424 personas indígenas, lo que representa el 12.8% de la población total del estado, según la Secretaría de Gobierno de Veracruz. Esto significa que aproximadamente una de cada ocho personas en Veracruz se identifica como indígena.
En las cárceles del estado de Veracruz, hay más de 800 personas indígenas recluidas, según un reporte de másnoticias.mx. La mayoría de ellos se encuentran en la región de las altas montañas. La falta de traductores en las lenguas indígenas es una complicación significativa que contribuye a que estas personas permanezcan en prisión, ya que muchos son acusados de delitos menores, pero no pueden comunicarse adecuadamente en el sistema judicial.
El Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas está trabajando en un censo para obtener datos más precisos sobre el número de personas indígenas encarceladas y en qué centros de reclusión se encuentran. Además, se están implementando programas para garantizar que los indígenas tengan acceso a intérpretes y a atención médica en su lengua materna.
Aunque no se sabe con precisión, en el Poder Judicial del Estado de Veracruz, existe un déficit significativo de traductores bilingües, especialmente para lenguas indígenas. Esto afecta principalmente a personas indígenas que enfrentan procesos legales y no comprenden el idioma español, dejándolos en una situación de desventaja.
Precisamente, este será uno de los programas prioritarios que pondrá en marcha en la entidad veracruzana, la presidenta electa del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Veracruz, Rosalba Hernández Hernández, quien, al sostener una reunión con comunicadores, adelanto que los consejeros de los pueblos indígenas acordaron que el próximo 1 de septiembre la estarán acompañando, en la ceremonia de toma de protesta donde le darán el bastón de mando.
Resaltó que los pueblos indígenas salieron a votar y ellos marcaron la gran diferencia, por lo que añadió que varios funcionarios que resultaron electos en el poder judicial, son de los pueblos originarios.
La magistrada Rosalba Hernández dijo que entre las líneas de trabajo que han establecido es de poner en marcha el catálogo de intérpretes y traductores que fortalezcan la defensoría pública. Son temas que se retomaran en la próxima administración del poder judicial.
En casi dos horas de intercambio de preguntas y respuestas, la magistrada, Rosalba Hernández, resalta las siguientes frases; “como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga”, esto ante la pregunta sobre si ha enfrentado presiones externas, “no se sé si haya fuerzas ocultas o conspiraciones”, “no tengo delirio de persecución”, “la corrupción viene de dos partes”, “una parte determinante es la denuncia”.
Rosalba Hernández, estará al frente del poder judicial en el estado, por un periodo de 2 años, con posibilidad de reelegirse por otros 3 años más.
El próximo 1 de septiembre en sesión del Pleno del Congreso local, las personas magistradas y juezas electas rendirán protesta, por lo que, Rosalba Hernández se convierte en la primera mujer indígena en ocupar este importante cargo en el estado de Veracruz.
Hasta que les hizo justicia la revolución
El pasado 23 de abril se dio arranque a lo largo del territorio veracruzano, la Consulta Indígena de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y originarias, para dar a conocer hasta el último rincón de Veracruz, la iniciativa de reforma al artículo 5 de la Constitución Local, presentada por la gobernadora Rocío Nahle García, el pasado 8 de enero en el Congreso del Estado.
Esta reforma establece pautas importantes que garantizan los derechos humanos de los pueblos originarios e indígenas, destacando cómo puntos medulares: la garantía a ser consultados en la toma de decisiones del estado, el reconocimiento como sujetos de derecho, lo cual les permitirá participar en el ejercicio presupuestal y otorgará desarrollo comunitario, resaltando su cultura, costumbres ancestrales y el reconocimiento a sus raíces y la calidad garantista de autodeterminación.
Esta consulta es realizada por el Congreso del Estado de Veracruz, que actúa como autoridad responsable, a través de las comisiones unidas de Procuración de Justicia, que preside el diputado Diego Castañeda Aburto, de Justicia y Puntos Constitucionales que preside el diputado Marcelo Ruiz Sánchez, de Asuntos Indígenas y de las Comunidades Afrodescendientes, que preside el diputado Urbano Bautista Martínez, así como la importante participación de las diputadas Mirian García Guzmán, Dulce María Hernández Tepole y Naomi Edith Gómez Santos; todos, quienes encabezan, en su primera fase de acuerdos e informativa, cada una de las 6 sedes claves en los municipios de: Benito Juárez, Tantoyuca, Papantla, Tequila, Playa Vicente y Mecayapan, en las cuales, se prevé atender y escuchar a más de 2580 comunidades.
Una fotografía dice más que mil palabras
Un sinnúmero de suspicacias y comentarios levanto el post que publico la noche de este lunes en su cuenta de X, la periodista Lulú López, donde se observa una elocuente fotografía tomada en la plaza Ankara.
En esa gráfica se ve “al consejero del OPLE Quintín Antar Dovarganes en una reunión con Gabriel Zúñiga Ovando, representante de Morena ante los órganos electorales y rápidamente hubo quienes les tomaron fotografías y hasta video, pues se les hace muy sospechoso, porque el fin de semana el TEV aprobó un nuevo recuento de votos en #PozaRica, y de todas las casillas.
En #Poza ganó Emilio Olvera, del partido Movimiento Ciudadano, pero la orden "superior" es arrebatar y al parecer ya comenzaron la operación”.
Ahora ambos personajes están obligados a explicar el motivo, causa y razón de la reunión, sobre todo a raíz de que el Tribunal Estatal Electoral haya dictaminado el recuento, de 51 paquetes electorales de la elección de presidente municipal en Poza Rica.
Faltos de tacto, faltos de sensibilidad y el desaseo tan marcado que ha tenido el OPLE, que en muy poco tiempo se ha desprestigiado, ponen el sello de lo que también podría ser considerado como corrupción.
