Ex rectores de la Universidad Veracruzana, entre ellos Raúl Arias Lovillo y Sara Ladrón de Guevara, así como los aspirantes a rectoría Rafael Vela Martínez y Jorge Manzo Denes, sostuvieron un encuentro en el Edificio A de Rectoría con una comisión universitaria encabezada por Leopoldo Alafita y la secretaria de Desarrollo Institucional, Jaquelin del Carmen Jonguitud Zamora.
Durante la reunión, la funcionaria se declaró sin facultades para responder a la solicitud de prórroga al periodo rectoral, situación que ha detonado inconformidad en distintos sectores universitarios.
En un pronunciamiento público, integrantes de la comunidad universitaria señalaron que la resolución de la Junta de Gobierno que extendió el periodo del rector en funciones es ilegal y carente de legitimidad, al no estar contemplada en la Ley Orgánica ni en el Estatuto General de la institución.
Los firmantes denuncian que esta decisión ha provocado una crisis institucional y moral en la máxima casa de estudios de Veracruz, manifestada en :
División de la comunidad mediante campañas de desinformación.
Hostigamiento y persecución contra estudiantes, académicos y trabajadores.
Pérdida de confianza en los órganos de gobierno universitarios.
Demandas principales
La comunidad universitaria exige:
1. La revocación inmediata de la prórroga rectoral.
2. La disolución de la actual Junta de Gobierno y la conformación de una nueva, imparcial y democrática.
3. El nombramiento de un(a) rector(a) interino(a) que garantice conducción institucional sin sesgos.
4. La emisión de la convocatoria para la designación de un nuevo rector o rectora mediante un proceso transparente y participativo.
5. El cese de represalias contra quienes se han manifestado en defensa de la legalidad.
Finalmente, se anunció la conformación de una Comisión de Seguimiento integrada por académicos, estudiantes y trabajadores, que documentará las violaciones a la normatividad, dará seguimiento a los procesos legales en curso y mantendrá informada a la opinión pública.
Los universitarios reiteraron su disposición al diálogo, pero advirtieron que “la legalidad no es negociable” y que la Universidad Veracruzana debe retomar la ruta de la democracia, la transparencia y el respeto a los derechos de su comunidad.
