IMPRONTA
Desde
inicios de 2025, seis cárteles mexicanos (Sinaloa, Jalisco Nueva Generación,
del Noreste, del Golfo, Cárteles Unidos y Nueva Familia Mexicana), junto con
grupos como el Tren de Aragua, MS-13 y el Cártel de los Soles de Venezuela, han
sido catalogados como organizaciones terroristas extranjeras por EE.UU., bajo
el argumento de que su actividad genera graves riesgos a la seguridad nacional
y estabilidad regional.
La
orden da base legal para que las fuerzas armadas estadounidenses puedan actuar
más allá de sus fronteras, con operaciones directas en tierra, mar y aire, que
pueden incluir capturas o asesinatos de los líderes y miembros de estas
organizaciones.
Se
destaca que el narcotráfico es tratado como terrorismo armado, no solo como un
problema criminal, ampliando las herramientas y recursos del país para combatir
estas redes, las cuales también estarían involucradas en tráfico de personas y
vínculos con otras organizaciones terroristas. El Pentágono estaría elaborando
diversas opciones estratégicas para las operaciones militares, que podrían
incluir incursiones navales en costas mexicanas y empleo de drones para
vigilancia y ataques.
La
medida genera controversia y preocupación por la legalidad del uso de fuerza en
suelo soberano extranjero sin consentimiento, potenciales violaciones
internacionales, y riesgos de ser considerada una invasión. México ya ha
rechazado enérgicamente esta posibilidad y ha afirmado que no permitirá la
entrada de tropas estadounidenses en su territorio.
La
presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que México no aceptará la
intervención militar de EE.UU. y que la cooperación en seguridad debe respetar
la soberanía y las leyes mexicanas.
En
resumen, esta medida de Trump representa el paso más agresivo y radical hasta
ahora en su administración para combatir al narcotráfico mediante un enfoque
militar directo, trasladando la lucha a un terreno que tradicionalmente ha sido
responsabilidad policial y judicial, lo que abre un nuevo capítulo de tensión
política y diplomática entre ambos países y hacia toda la región
latinoamericana.
La
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México ha declarado de manera
enfática que no aceptará la participación de fuerzas militares de Estados
Unidos en territorio mexicano. La SRE reafirma que la cooperación en materia de
seguridad con Estados Unidos se da con un respeto irrestricto a la soberanía
nacional de ambos países, y que cada nación debe trabajar dentro de su propio
territorio para atender las causas de la violencia y las adicciones derivadas
del tráfico ilícito de drogas y armas.
Además,
la SRE subraya que la colaboración bilateral se basa en principios de confianza
mutua, responsabilidad compartida, igualdad soberana, respeto a la integridad
territorial y cooperación sin subordinación. México está comprometido con una
Estrategia Nacional de Seguridad para construir la paz con justicia,
enfocándose en las causas estructurales de la violencia y en lograr cero
impunidad.
La
Secretaría enfatiza que la mejor herramienta para proteger a las comunidades es
la colaboración y el diálogo binacional dentro del marco de respeto a las leyes
de cada país, y que actualmente se trabaja en un acuerdo de seguridad basado en
esos principios. Sin embargo, el gobierno mexicano es categórico en que no
permitirá el ingreso ni la operación de fuerzas militares estadounidenses en su
territorio.
Estas
declaraciones surgieron en respuesta a la orden ejecutiva secreta del
presidente Donald Trump que autoriza el uso de fuerza militar estadounidense
contra los cárteles de narcotráfico, con posibilidad de operaciones en México,
algo que México rechaza rotundamente, afirmando que tal intervención violaría
su soberanía. La presidenta Claudia Sheinbaum también ha descartado por
completo cualquier posibilidad de invasión militar estadounidense en México.
Según
la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, una
intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano tendría efectos
sumamente negativos, tanto desde el punto de vista soberano como diplomático y
social. La SRE ha declarado que dicha intervención violaría la soberanía
nacional de México y comprometaría principios fundamentales de respeto a la
integridad territorial y la igualdad soberana entre naciones.
La
SRE sostiene que la cooperación en materia de seguridad debe basarse en la
confianza mutua, la responsabilidad compartida y el diálogo respetuoso, dentro
del marco legal de cada país. Permitir la entrada y operación de fuerzas
militares extranjeras en territorio mexicano abriría un escenario de crisis
diplomática grave, con riesgo de tensiones políticas y sociales tanto en México
como en las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
Además,
la intervención militar podría profundizar la violencia y desestabilización en
diferentes regiones del país donde tienen una importante presencia los
diferentes cárteles, al trasladar la lucha contra el narcotráfico desde el
ámbito policial y judicial hacia uno militar y bélico, lo que podría afectar
negativamente a las comunidades y a la paz social. La SRE y la presidenta
Claudia Sheinbaum han sido categóricas en que México no aceptará ni permitirá
una invasión o presencia militar estadounidense en su territorio.
De
lo anterior se concluye que la intervención militar tendría un efecto adverso
en la soberanía nacional, provocaría un grave conflicto diplomático y pondría
en riesgo la estabilidad social y política en México, lejos de ser una solución
eficaz a los problemas estructurales vinculados al narcotráfico y la
inseguridad. La postura oficial es que la colaboración de seguridad debe
fortalecerse dentro del respeto mutuo y la cooperación bilateral sin vulnerar
la autonomía de México.
Falta
conocer también cuál será la posición del principal partido político en México,
el partido en el poder, en caso de que alguna de estas acciones pudieran estar
encaminadas hacia algun miembro de la organización partidista o bien sea un
funcionario que represente de manera preponderante al actual partido
hegemónico.
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*Maestro en
comunicación por la Universidad Iberoamericana, de la cual formó parte del
cuerpo académico de la Licenciatura en comunicación. Asimismo formó parte del
cuerpo académico en la Licenciatura en comunicación de la Universidad Anáhuac,
campús norte de la CDMX.
