Por Miguel Ángel Cristiani
En
Veracruz, hasta para contar votos se hacen bolas. El caso de Rosalba Hernández
es la muestra perfecta: ganó la elección extraordinaria para la presidencia del
Tribunal Superior de Justicia, pero al OPLE se le ocurrió interpretar la ley
como si fuera jeroglífico egipcio.
El
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) tuvo que entrar a poner orden. Y lo hizo
con una frase tan obvia que casi suena a burla: “la persona más votada debe
ser quien participe como magistratura del TSJ”. Traducido: el que tiene más
votos, gana. ¿De veras necesitábamos una resolución judicial para aclarar lo
que cualquier estudiante de secundaria entiende en cinco segundos?
Lo que
parecía un trámite de rutina —expedir una constancia de mayoría— terminó en un
sainete legal. El OPLE, en lugar de limitarse a aplicar la norma, decidió
improvisar. Interpretó que la presidencia del TSJ podía asignarse con criterios
distintos a la votación directa. En otras palabras, decidió inventar reglas que
no estaban en el reglamento. Rosalba impugnó, y con razón.
La
controversia se originó a raíz de una impugnación presentada por la propia
Hernández, quien argumentó que la interpretación del OPLE sobre quién debería
recibir la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) era errónea.
Según el TEV, la normativa veracruzana establece que la persona más votada debe
ser quien haya participado específicamente como magistratura en el proceso
electoral del TSJ. Esto significa que los votos recibidos en esta elección
extraordinaria deben ser considerados de manera exclusiva para los candidatos
que compitieron en esa categoría.
Este
detalle, aunque técnico, tiene profundas implicaciones. La decisión del TEV no
solo corrige un error interpretativo del OPLE, sino que también reafirma la
importancia de la transparencia y la justicia en el proceso electoral. En un
estado donde la política puede ser un terreno pantanoso, este fallo representa
un paso hacia la claridad y la legalidad.
Hernández
ha sido una figura destacada en el ámbito judicial y académico de Veracruz. Con
una sólida trayectoria como magistrada en materia constitucional, catedrática
en la Facultad de Derecho de la UV, su ascenso a la presidencia del TSJ podría
cambiar la dinámica del poder judicial en el estado. Su experiencia y
conocimientos jurídicos son bien valorados, lo que la convierte en una
candidata ideal para liderar el TSJ en tiempos de incertidumbre.
Su
candidatura no solo representa una victoria personal, sino también un símbolo
de empoderamiento para las mujeres en el ámbito judicial. A medida que más
mujeres asumen roles de liderazgo, se abre la puerta a una mayor diversidad y a
una representación más equitativa en las esferas de decisión.
El fallo
del TEV también tiene un trasfondo político. En una época en la que la
confianza en las instituciones está en entredicho, esta decisión podría
restablecer cierta fe en el sistema electoral. La correcta interpretación de
las normas y la protección de los derechos de los candidatos son fundamentales
para el fortalecimiento de la democracia.
Además,
la presidencia del TSJ no es un puesto menor. Quien asuma este cargo tendrá la
responsabilidad de influir en decisiones judiciales clave que impactan la vida
de los veracruzanos. En este sentido, la elección de Hernández podría marcar un
cambio significativo en la forma en que se administran la justicia y los
derechos en el estado.
El TEV le
dio la razón. Ordenó al OPLE modificar sus acuerdos y entregarle a Rosalba
Hernández la constancia que la acredita como la candidata más votada. Suena
lógico, ¿no? Pues sí, pero en la política veracruzana lo lógico suele ser lo
menos común.
Lo
interesante aquí no es solo el caso de Rosalba, sino lo que revela. Primero,
que el árbitro electoral parece más preocupado por quedar bien que por aplicar
la ley con firmeza. Segundo, que en Veracruz la disputa por el poder judicial
es tan política como cualquier elección municipal. Y tercero, que la legalidad,
lejos de ser un terreno firme, es un campo minado de interpretaciones
convenientes.
No
estamos hablando de un cargo menor. La presidencia del Tribunal Superior de
Justicia significa tener en las manos una de las llaves más poderosas del
Estado: la que abre —o cierra— puertas en los procesos judiciales, en la
definición de magistrados, en la relación con los otros poderes. Por eso la
silla se pelea con uñas, dientes y leguleyadas.
La
magistrada Rosalba Hernández no solo se ganó un papel con su nombre y firma
oficial. Ganó legitimidad. Y en política, la legitimidad pesa más que cualquier
maniobra en la sombra. Hoy su triunfo no depende de un cálculo burocrático del
OPLE, sino de una sentencia firme del Tribunal Electoral.
Pero la
pregunta queda en el aire: ¿Qué tanto daño hace a la confianza ciudadana este
tipo de tropiezos institucionales? Porque si para validar lo más básico —que el
más votado es el ganador— necesitamos de impugnaciones, sesiones y resoluciones
judiciales, ¿Qué podemos esperar en procesos más complejos?
La
moraleja es sencilla, aunque incómoda: los votos cuentan, aunque a algunos no
les guste el resultado. Y si el árbitro se distrae o se hace bolas, siempre
habrá un tribunal que le recuerde lo elemental: la ley se cumple como está
escrita, no como conviene.
En
Veracruz no solo hay baches en las carreteras, también en la democracia. Y
aquí, el TEV acaba de tapar uno de los más peligrosos: el del capricho
institucional. Ojalá no se vuelva costumbre.
