DE PRIMERA MANO
*Se pone en riesgo la libertad de
expresión: CEAPP
*Rosalba Hernández, presidenta del TSJ
La figura de la violencia política en
razón de género ha sido mucho muy socorrida últimamente por diferentes actores
políticos, para denunciar que son objeto de diferentes campañas en su contra y
con esa figura jurídica, denunciar a periodistas, que lo que hacen es hacer uso
de la libertad de expresión
Ejemplos hay muchos, desde la denuncia
de la diputada del PT Elízabeth Morales contra los reporteros gráficos Beto
Gato, Rigoberto Suárez y contra el sureño Pablo Jair Ortega, que
cuando causó estado por parte del TEV, causó de manera paralela, la sorna de la
esposa de la diputada contra los compañeros reporteros (ahí nadie dijo nada).
Otro de los casos, el cual incluso se
publicó en este espacio el 15 de mayo pasado, es el de Ángel Camarillo.
En ese momento dijimos que “al término
de la campaña del 2021, en que se eligieron presidencias municipales, el medio
de comunicación para el que trabaja, le dio una orden (nota trabajada, se
llama. De nada) sobre el porcentaje de familiares que habían resultado electos
en la jornada del 6 de junio”.
“El trabajo fue publicado después de la
elección, el lunes 7, muy buen trabajo por cierto”.
“Se revelaron las cifras de acuerdo con
los números del PREP y se realizó la contextualización de consanguineidad para
conocer los lazos existentes entre autoridades electas y los alcaldes en
funciones, que al final deberían dejar la silla en manos de él o ella, pues
había tanto varones como mujeres”.
(…) “En este contexto, a una persona
candidata (para no caer en el juego de el, ella o elle) no le gustó que le
hicieran saber que su papi era el alcalde y que heredaría el cargo, que al
final se quedó como candidata perdedora”.
Denunció (o presento una queja) por
violencia política en razón de género contra Ángel Camarillo y otros
colegas ante el INE, instancia que le dio la razón a los demandados, mandando a
paseo a la quejosa por no encontrar elementos para configurar la violencia
política en razón de género”.
(…) “El exhorto, respetuoso pero firme,
para que se tomen cartas en el asunto, tanto la CEAPP, como al mismo Mecanismo
Federal, tomen este caso y que llegue a donde tenga que llegar, pero jamás
sentar un precedente de esta naturaleza”.
Pues bien, mes y medio después de la
publicación, finalmente la CEAPP, en voz de su presidente, el colega y amigo Luis
Ramírez Baqueiro, y a pregunta expresa, dijo que en el estado de Veracruz
se ha incrementado el número de denuncias presentadas contra periodistas por
presuntos casos de violencia política en razón de género, una situación que,
lejos de garantizar justicia, pone en riesgo la libertad de expresión y el
ejercicio periodístico.
Reveló que al menos nueve comunicadores
han sido denunciados en un solo caso, lo que muestra un uso desmedido de esta
figura jurídica. Señaló que el problema radica en la laxitud de los juzgadores
y en la falta de claridad por parte de las autoridades electorales.
“La cuestión no está del lado de la
Comisión, sino del lado juzgador y de la autoridad electoral. Los jueces
deberían ser más estrictos y decir: ‘esta denuncia no procede porque el
periodista tiene derecho a cuestionar’”.
Además, Ramírez Baqueiro pone el
dedo en la llaga al señalar que algunos juzgadores, con tal de obtener
beneficios personales o mantener cercanía con quienes presentan las denuncias,
dan trámite a cualquier señalamiento, incluso si carece de sustento legal.
“Cualquier juzgador, con tal de granjearse algún apoyo o trato parental, acepta
la denuncia”.
“Es lamentable que quienes transitaron
del periodismo a la función pública no tengan la sensibilidad de respetar la
libertad de expresión y, en cambio, busquen aprovecharse de esta figura para
silenciar voces”.
“Está en la cancha de los legisladores
establecer límites claros para evitar que se abuse de esta figura. La autoridad
electoral también debería fijar lineamientos específicos y más sensibles”.
Casi inmediatamente después de la
primera publicación, en mayo, el caso de Ángel Camarillo fue retomado
por Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19, y bueno…, aunque la CEAPP se tardó
nomás mes y medio, finalmente también ya lo tiene.
Los señalamientos de su presidente son
fuertes, esperamos que no sean un grito en el desierto y que el tema no sea
flor de un día, sino que realmente lo tomen y lo retomen -los casos que sean
necesarios-, y que actúen como hace la FGE cuando no hay denuncia de un hecho
relevante, es decir por noticia criminal y se abran los expedientes
correspondientes, tanto para evitar una injusticia, como para evitar un crimen
mayor, que es atentar contra la libertad de expresión.
En momentos como los que vivimos, en los
que a una sociedad le urge decir las cosas, alzar la voz precisamente contra
injusticias y atropellos, tiempos en los que quedarse callado, es la peor de
las opciones.
*****
Para documentar el optimismo…, el OPLE,
a través del Acuerdo OPLEV/CG295/2025 determinó que conforme a la legislación
vigente, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz,
debe recaer en la persona de Rosalba Hernández Hernández, mientras que
la del Tribunal de Conciliación y Arbitraje será para Luz María López Aburto.
Parte del acuerdo dice “(…) si bien el
Tribunal Superior de Justicia y el de Conciliación y Arbitraje forman parte del
Poder Judicial del Estado, se trata de dos órganos jurisdiccionales distintos,
destacando que, el Tribunal de Concillación y Arbitraje al no integrar el Pleno
del Tribunal Superior de Justicia, una integrante de dicho Tribunal Laboral no
podría presidir el de Superior de Justicia”.
Dicho acuerdo ya fue turnado al Congreso
del Estado para su conocimiento “y lo conducente”.
Así las cosas, Rosalba Hernández
es la magistrada presidenta electa del TSJ, que serña constitucional a partir
del 1 de septiembre.
¡Enhorabuena!
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
