En medio de un periodo de vacaciones, la Universidad Veracruzana no halla
descanso. La comunidad universitaria se encuentra en pie de lucha frente a la
imposición de un rector espurio: Martín Aguilar. Este conflicto no es solo una
batalla por la dirección de una institución educativa; es un reflejo de la
fragilidad de nuestras instituciones y de la necesidad imperante de respetar la
ley.
La llegada de Aguilar al rectorado es un acto que desafía no solo la
normativa interna de la universidad, sino también los principios democráticos
que deben regir cualquier proceso electoral. La comunidad académica ha
levantado la voz, formando una red de universitarios que busca mantenerse
informada y organizada, un claro indicativo de que el espíritu de resistencia y
la defensa de la legalidad están más vivos que nunca.
Es crucial contextualizar esta lucha. La Universidad Veracruzana, como
bastión del conocimiento y la cultura en México, ha sido históricamente un
espacio de pensamiento crítico y de formación de ciudadanos comprometidos. Sin
embargo, el actual embrollo administrativo pone en riesgo no solo la autonomía
de la institución, sino el futuro de generaciones enteras de estudiantes que
merecen un liderazgo legítimo y comprometido con el bienestar colectivo.
La imposición de un rector sin el respaldo de un proceso transparente es un
precedente alarmante. Este tipo de actos no solo erosiona la confianza en las
instituciones educativas, sino que también alimenta un ciclo de impunidad que
se extiende más allá de las aulas. La historia nos recuerda que la falta de
respeto a las normas establece un terreno fértil para la corrupción y el
autoritarismo. En este contexto, la comunidad universitaria tiene el deber
cívico de actuar, de no permitir que la legalidad sea una mera formalidad que
se puede ignorar.
Los datos son claros: según el último informe de la Auditoría Superior de la
Federación, las irregularidades en la administración de recursos en
instituciones educativas son alarmantes. Este tipo de corrupción no solo se
manifiesta en la falta de transparencia, sino también en la manipulación
política que busca controlar lo que debería ser un espacio de libre
pensamiento. La Universidad Veracruzana no debe convertirse en un campo de
batalla para intereses ajenos a su misión fundamental.
Es imperativo que la comunidad universitaria reflexione sobre el papel que
desempeña en este momento histórico. La lucha por la legalidad no es solo una
cuestión interna; es un llamado a la ciudadanía en su conjunto. El compromiso
cívico exige que todos los sectores de la sociedad se involucren en la defensa
de sus derechos y de sus instituciones. La universidad debe ser el ejemplo de
esto, un faro de esperanza y un modelo de cómo se debe enfrentar la adversidad.
La resistencia contra la imposición de Martín Aguilar debe ser vista como un
acto de valentía y responsabilidad cívica. La lucha por una Universidad
Veracruzana libre y autónoma es, en última instancia, una lucha por la
democracia misma. La comunidad debe permanecer unida, no solo para exigir el
respeto a la ley, sino para reafirmar su compromiso con la verdad, la justicia
y el bienestar colectivo. Este es el momento de actuar, de no permitir que la
legalidad sea un concepto abstracto, sino un principio que guíe cada acción y
decisión en el camino hacia un futuro más justo y equitativo.
En pleno receso
vacacional, cuando se supondría que la Universidad Veracruzana descansaría del
ajetreo cotidiano, la realidad ha demostrado lo contrario: la casa de estudios
más importante del estado está en plena efervescencia. Y no por logros
académicos, sino por la imposición ilegítima de un rector, Martín Aguilar, cuya
permanencia en el cargo ha encendido las alarmas de la comunidad universitaria
y de quienes todavía creemos en la legalidad como piedra angular de la vida
institucional.
La situación que vive la
Universidad Veracruzana no es menor ni anecdótica. Se trata de una ruptura
flagrante de los procesos democráticos internos, de un atropello al espíritu
universitario y a los principios que deberían regir cualquier institución de
educación superior. La continuidad de Aguilar al frente del rectorado, sin el
respaldo de un proceso transparente y legítimo, constituye no solo un acto de
usurpación, sino un atentado contra la autonomía universitaria.
A lo largo de su
historia, la UV ha sido un espacio de pensamiento crítico, un semillero de
conciencia social y un baluarte en la formación de generaciones de
profesionistas comprometidos con el desarrollo del estado y del país. Por ello,
duele que hoy esté sumida en una crisis provocada desde las cúpulas del poder,
que buscan imponer su voluntad al margen de la ley y del consenso.
