Por Miguel Ángel Cristiani
Ahora que desde los Estados Unidos están destapando la cloaca de la
corrupción en nuestro país, como lo es el hecho de la detención del empresario
petrolero Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, acusado de liderar una red
de sobornos para obtener contratos millonarios con Pemex, no es una anécdota
aislada. Es, en realidad, la confirmación de lo que muchos advertimos desde
hace una década: la llamada reforma energética del sexenio de Enrique Peña
Nieto no abrió la modernización del sector, sino la puerta grande a la
corrupción trasnacional, disfrazada de “inversión privada”. Ahora se sabe cómo
es que la corrupción petrolera entre otras tantas formas llegó hasta el Estado
de Veracruz.
El caso Rovirosa ilustra la perversión de un esquema que, en teoría,
buscaba atraer capital y tecnología para aprovechar los hidrocarburos
nacionales, pero que en la práctica se convirtió en un festín de
privilegios, componendas y sobornos. La historia, revelada por el periódico
español El País esta semana,
es clara: mediante pagos ilegales a altos funcionarios de Pemex y PEP, Rovirosa
aseguró contratos jugosos, incluido el bloque petrolero VC-01 en Veracruz,
una zona de 125 kilómetros cuadrados que abarca seis municipios.
Ese campo, adjudicado en 2018 a través de la empresa Bloque VC 01
S.A.P.I. de C.V., fue construido sobre arena movediza. Primero lo ganó una
firma china, pero al incumplir con un incentivo de 2 millones de dólares, la
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) trasladó el contrato al “segundo
lugar”: Rovirosa. Así, el empresario, que ya tenía tentáculos en Texas mediante
la firma Roma Exploration and Production, se convirtió en concesionario por
tres décadas. Suerte demasiado buena como para ser casualidad.
Desde 2020, Rovirosa ha extraído 160,000 barriles de petróleo de
tierras veracruzanas. Según datos del Banco de México, de marzo de 2023 a mayo
de 2024 vendió 34,000 barriles por 2 millones de dólares, de los cuales el
Estado recibió apenas 790,000 en regalías. Pero en el siguiente periodo —junio
de 2024 a mayo de 2025— se comercializaron 88,501 barriles por casi 5
millones de dólares sin que exista registro de pago alguno al erario. ¿Qué
significa esto? Simple: el negocio privado avanzó, pero la nación quedó en
segundo plano.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que Rovirosa
operó en mancuerna con Mario Alberto Ávila Lizárraga, exfuncionario panista
de Pemex Exploración y Producción, y que al menos entre 2019 y 2021 sobornaron
a tres funcionarios de la petrolera para obtener contratos y limpiar
auditorías. La acusación también apunta a familiares involucrados en la
maquinaria de corrupción. Un ejemplo es Irma Cristina Payró Rovirosa,
quien fungía como representante legal ante la CNH en los trámites de permisos.
Conviene no olvidar que la reforma energética de 2013 fue
vendida al país como la panacea para modernizar el sector, atraer tecnología y
generar riqueza. Hoy, lo que vemos es que las rondas de licitación se
convirtieron en rondas de corrupción. Empresarios como Rovirosa —hasta hace
poco discretos, pero con fuertes conexiones políticas— son el espejo de un
modelo que subordinó el interés público al lucro privado.
Veracruz, rico en recursos naturales y pobre en beneficios sociales,
vuelve a ser escenario de esta contradicción. Los municipios que integran el
bloque VC-01 son ejemplo de comunidades que ven salir el petróleo, pero no ven
llegar desarrollo, salud ni seguridad. El petróleo se extrae aquí, las
ganancias se reparten allá.
Frente a esta evidencia, la Secretaría de Energía guarda silencio.
No hay, hasta ahora, una postura clara sobre si se revisarán las concesiones
otorgadas bajo sospecha de corrupción. El gobierno mexicano no puede pretender
que este caso es “asunto extranjero”. Los barriles se extrajeron de nuestro
suelo, los contratos se firmaron bajo nuestras leyes, los funcionarios
sobornados eran de Pemex.
¿Dónde queda la rendición de cuentas? ¿Quién revisará que las regalías
faltantes sean restituidas? ¿Quién se atreverá a depurar las cloacas de Pemex,
donde exfuncionarios de todos los colores partidistas han encontrado un terreno
fértil para su enriquecimiento?
El caso Rovirosa es más que una historia de sobornos: es un espejo de
lo que significó la reforma energética. Una apuesta que, en lugar de fortalecer
la soberanía, la hipotecó; que en lugar de blindar a Pemex contra la
corrupción, lo abrió a nuevos esquemas de saqueo; y que en lugar de garantizar
beneficios sociales, dejó al Estado con migajas.
Hoy, cuando Estados Unidos actúa y procesa a los corruptos de “nuestro”
sistema, el silencio en México resulta doblemente vergonzoso. Si dependemos de
cortes extranjeras para limpiar lo que en casa toleramos, entonces el verdadero
problema no es Rovirosa ni Ávila: es la complicidad estructural de un
sistema político que permitió que esto ocurriera.
La lección es clara: los recursos de la nación no se privatizan sin
consecuencias. El petróleo de Veracruz debe servir a los veracruzanos, no a
los bolsillos de empresarios y políticos con padrinos en Pemex. Mientras no
entendamos eso, cada reforma energética será, en realidad, una reforma para
el saqueo.
