DE PRIMERA MANO
El nuevo esquema de auditorías
integrales concentra en un solo procedimiento las revisiones de
cumplimiento normativo, desempeño institucional y ejercicio presupuestal que
antes se practicaban por separado.
Para los gobiernos estatales, eso no es
una noticia menor: es una alerta de primer orden.
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Hasta ahora, el modelo tradicional de
fiscalización funcionaba con una lógica segmentada: una auditoría financiera
aquí, una de desempeño allá, una de cumplimiento más adelante.
Esa fragmentación, lejos de ser neutral,
ofrecía a los entes auditados ciertos márgenes de maniobra: una irregularidad
podía perderse entre la brecha de dos revisiones distintas, o quedar diluida en
la falta de comunicación entre equipos auditores que no cruzaban sus hallazgos.
Con las auditorías integrales, la ASF
elimina esas costuras.
Un solo equipo, una sola metodología, un
solo informe consolidado que examina simultáneamente si el dinero se gastó en
lo que debía gastarse, si produjo los resultados comprometidos y si se
respetaron las reglas del juego.
La visión transversal que eso genera es
cualitativamente distinta: permite identificar causas estructurales y patrones
sistemáticos de irregularidad, no sólo errores aislados.
Simple y llanamente: es mucho más
difícil ocultar un patrón que esconder un número.
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Analizado el esquema con detenimiento,
al menos cinco vectores de exposición emergen para las entidades federativas:
1. La trampa del gasto etiquetado
El grueso de los recursos que reciben
los estados son transferencias federales sujetas a destino específico: Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud (FASSA), Fondo de Infraestructura Social (FAIS), entre
otros.
La lógica de la auditoría integral los
revisará de manera conjunta: no sólo si el dinero del FAIS se usó en obras,
sino si esas obras existen físicamente, si mejoraron el índice de marginación
comprometido y si los contratos se adjudicaron conforme a ley.
La superposición de esas tres capas es
dinamita para estados con costumbres de subejercicio, obra fantasma o
licitaciones a modo.
2. La deuda subnacional bajo el
reflector
Varios estados arrastran carteras de
deuda pública que fueron contratadas con cargo a participaciones federales
futuras, en muchos casos sin la debida transparencia legislativa ni evaluación
de capacidad de pago.
Una auditoría integral que cruce el
desempeño institucional con el régimen patrimonial y financiero del ente puede
revelar con nitidez el estado real del endeudamiento, incluyendo pasivos
contingentes —pensiones, demandas laborales, deuda flotante— que los gobiernos
estatales históricamente han mantenido fuera del balance público.
Lo que hasta ahora se registraba en
notas al pie podría convertirse en observaciones formales con consecuencias
jurídicas.
3. El nudo de las nóminas infladas
El capítulo 1000 —servicios personales—
concentra, en promedio, entre el 60 y el 70 por ciento del gasto corriente de
los estados.
Es también el renglón con mayor historia
de opacidad: plazas duplicadas, comisionados sindicales sin función clara,
basificaciones masivas previas a procesos electorales, personal activo en
nómina con registro simultáneo en el IMSS como trabajadores de empresas
privadas.
Al revisar de manera integral
cumplimiento normativo, desempeño y ejercicio presupuestal, la ASF dispondrá
del andamiaje metodológico para cruzar esas anomalías sin necesidad de tres
auditorías independientes.
Los estados que han diferido la
depuración de sus nóminas enfrentan ahora un riesgo de exposición mucho más
elevado.
4. El desempeño como evidencia de
corrupción
Este es, quizás, el cambio más
significativo en términos de impacto político.
En el modelo tradicional, una auditoría
de desempeño podía concluir que un programa tuvo resultados insatisfactorios
sin que eso derivara automáticamente en una responsabilidad jurídica: el
funcionario simplemente "no alcanzó metas". Con una auditoría
integral, la brecha entre el desempeño deficiente y el incumplimiento normativo
—o peor aún, entre el desempeño deficiente y el indebido ejercicio del gasto—
se vuelve visible de manera directa.
Dicho de otro modo: ya no bastará
argumentar "ineficiencia" cuando los indicadores de resultados estén
en el suelo y el presupuesto se haya ejercido al cien por ciento. Esa
combinación apunta a una sola dirección.
5. La capacidad institucional como vulnerabilidad
La auditoría integral requiere que los
entes auditados dispongan de sistemas de información confiables, archivos
organizados, indicadores de desempeño actualizados y controles internos
funcionales.
En muchos estados, esa infraestructura
administrativa simplemente no existe o existe de manera precaria.
La debilidad institucional,
paradójicamente, se convertirá en un hallazgo en sí mismo: la ausencia de
evidencia documental es, para efectos de fiscalización, evidencia de
irregularidad.
Los estados que no han modernizado su
gestión pública —y no son pocos— afrontarán un escenario en el que la torpeza
administrativa y la opacidad intencional producen el mismo resultado ante la
ASF.
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La pregunta relevante no es si el
instrumento es bueno o no, sino qué ocurrirá cuando ese instrumento se aplique
sobre entidades que han construido sus equilibrios políticos y presupuestales
sobre décadas de opacidad.
La respuesta incómoda es que los estados
más vulnerables no son necesariamente los más pobres, sino los que más han
dependido de la información fragmentada para administrar sus irregularidades.
Y esas entidades están hoy ante una
realidad que no habían enfrentado antes: una sola revisión que ve todo al mismo
tiempo.
La ASF no ha cambiado las reglas del
juego.
Ha cambiado los ojos con los que las
aplica.
Y eso, para quienes han jugado con las
reglas a medias, es un cambio que lo transforma todo.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
