IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo*
La reforma a la Ley General de Aguas, a pesar de las importanes protestas de organizaciones de agricultores del centro y norte del país con bloqueos carreteros muy importantes, fue aprobada por la Cámara de Diputados el 3-4 diciembre 2025 ( con 328 votos Morena-PVEM-PT) y Senado el 5 diciembre y su publicación en DOF, aún se encuentra pendiente, centraliza el control estatal del agua vía CONAGUA, prohibiendo transferencias/herencias automáticas de concesiones entre particulares (sustituidas por "reasignaciones" controladas, caducando títulos no usados, creando el Registro Nacional del Agua con mayor transparencia/sanciones (multas hasta 50,000 UMA, más de $657,000 pesos, y crea la figura de delitos hídricos), priorizando uso humano y agrario y restringiendo cambios de uso (por ej. agrícola a industrial).
Entre los conflictos de interés identificados destaca que importantes legisladores de Morena y aliados avalaron la ley pese a contar con concesiones propias: Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena, vicecoordinador) denunció corrupción en CONAGUA pero impulsó reforma; Ricardo Monreal (Morena) enfrentó acusaciones de intereses cerveceros; exgobernadores PAN (Miguel Márquez de Guanajuato, Francisco Ramírez Acuña de Jalisco) admitieron títulos agrícolas masivos pero oposición los usó contra Morena; la familia del expresidente Vicente Fox posee 14 títulos y otros exfuncionarios de Morena/PAN fueron señalados por acaparamiento vía pozos ilegales en Chihuahua. También destacan diputados con concesiones agrícolas y mineras, votaron sin mencionarlo recusación, e incluso podrían estar generando mercado negro detectado y destacaron los choques de figuras como Ricardo Anaya vs Gerardo Noroña.
Todos los mencionado deberían haberse excluido, y debieron recusarse por que eso significa una violación ética e incluso constitucional (art. 46 Reglamento Diputados y debieron mantenerse en abstención por claros conflictos interés; art. 14 CPEUM imparcialidad). Su participación genera percepción y corrupción y la centralización beneficia reasignaciones políticas del vital liquido, erosiona legitimidad a la ley y expone amparos masivos de productores; exclusión vía comisión ética habría preservado credibilidad.
Entre las prominentes figuras públicas se encuentran: Alfonso Ramírez Cuéllar (diputado Morena, vicecoordinador), Jorge Carlos Ramírez Marín (senador Morena-PRI), Olga Sánchez Cordero (exministra SCJN, senadora Morena), Ricardo Monreal (senador Morena), Irma Juan Carlos (diputada Morena), Juan Antonio Martín del Campo (diputado PAN), Francisco Javier Ramírez Acuña (exgobernador Jalisco, PAN), Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo (diputado PRI), Miguel Márquez (exgobernador Guanajuato, PAN), entre al menos 31 políticos identificados con concesiones significativas (6.2 millones m³/año, el equivalente a más de 2 mil albercas olímpicas).
Destaca el senador por el Verde ecologista Jorge Carlos Ramírez Marín, que tiene el mayor volumen concesionado, con títulos agrícolas en el estado de Yucatán; Olga Sánchez Cordero, ex ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la Segunda en volúmenes con concesiones en CDMX y el Estado México. Alfonso Ramírez Cuéllar: Denunció "depredadores del agua en Morena" pese a que en Chihuahua posee pozos ilegales, impulsó reforma pese vínculos indirectos vía aliados; Ricardo Monreal, acusado de tener intereses cerveceros; defendió ley como "orden vs. cártel agua". Por el lado de la oposición el PAN/PRI figuras como Martín del Campo, Juan Francisco Ramírez Acuña (Jalisco, 100k+ hectáreas de riego), el exgobernador Miguel Márquez y Gutiérrez (Campeche); votaron en contra pero retenían títulos masivos.
A pesar de que todos tenían conflictos y articipación, todos avalaron/impulsaron ley sin recusación, esto pese a que el reglamento de diputados señala de manera clara que deberán abstenerse (art. 46: abstención conflictos interés), generando choques del Senador Ricardo Anaya vs. Gerardo Noroña por sospechas de "mercado negro" favorecido por la centralización CONAGUA. Debió excluirse para imparcialidad (art. 14 CPEUM), preservando legitimidad. En fin pareciera que la legalidad y el respeto a la ley es cosa del pasado amigo lector.
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*Maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana, de la cual formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en comunicación, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte de CDMX.
