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lunes, 13 de abril de 2026

El costo de la incongruencia

Por Miguel Angel Cristiani G.

NOVENAY ÚLTIMA PARTE

Como periodista con más de medio siglo observando el teatro de la política, podemos afirmar que nada daña más a un proyecto de cambio que la incongruencia de sus protagonistas. El nefasto Martín Aguilar Sánchez llegó a la rectoría con la bandera de la ética y los derechos humanos, pero su gestión terminará marcada por la defensa a ultranza de su permanencia y su beneficio económico personal. No se puede predicar la transformación desde un pedestal de privilegios que la ley ya ha empezado a demoler en otras instancias del servicio público.

La reforma al artículo 127 recientemente aprobada en el Congreso de Veracruz y la ley local de austeridad no son ataques a la universidad; son defensas de la sociedad contra el abuso del poder. La autonomía universitaria debe ser rescatada de quienes la han convertido en un búnker de intereses privados. Veracruz necesita una universidad que gaste en laboratorios, no en jubilaciones de lujo; que invierta en sus alumnos, no en blindar el futuro de sus funcionarios.

La gobernadora Rocío Nahle tiene ante sí el reto de hacer valer la ley sin vulnerar la esencia de la universidad. Pero la mayor responsabilidad recae en la propia comunidad universitaria. Es hora de que estudiantes y académicos exijan una rendición de cuentas real, que no se limite a leer hojas de cálculo con entusiasmo burocrático, sino que explique por qué se permite que la cima de la pirámide viva con excesos mientras la base sufre las carencias de un presupuesto que nunca parece alcanzar para lo importante.

La ética pública no admite medias tintas: o se sirve al interés general o se sirve al bolsillo propio, y en la Universidad Veracruzana, el Rector parece haber elegido lo segundo.

 

El costo de la incongruencia



Por Miguel Angel Cristiani G.

NOVENAY ÚLTIMA PARTE

Como periodista con más de medio siglo observando el teatro de la política, podemos afirmar que nada daña más a un proyecto de cambio que la incongruencia de sus protagonistas. El nefasto Martín Aguilar Sánchez llegó a la rectoría con la bandera de la ética y los derechos humanos, pero su gestión terminará marcada por la defensa a ultranza de su permanencia y su beneficio económico personal. No se puede predicar la transformación desde un pedestal de privilegios que la ley ya ha empezado a demoler en otras instancias del servicio público.

La reforma al artículo 127 recientemente aprobada en el Congreso de Veracruz y la ley local de austeridad no son ataques a la universidad; son defensas de la sociedad contra el abuso del poder. La autonomía universitaria debe ser rescatada de quienes la han convertido en un búnker de intereses privados. Veracruz necesita una universidad que gaste en laboratorios, no en jubilaciones de lujo; que invierta en sus alumnos, no en blindar el futuro de sus funcionarios.

La gobernadora Rocío Nahle tiene ante sí el reto de hacer valer la ley sin vulnerar la esencia de la universidad. Pero la mayor responsabilidad recae en la propia comunidad universitaria. Es hora de que estudiantes y académicos exijan una rendición de cuentas real, que no se limite a leer hojas de cálculo con entusiasmo burocrático, sino que explique por qué se permite que la cima de la pirámide viva con excesos mientras la base sufre las carencias de un presupuesto que nunca parece alcanzar para lo importante.

La ética pública no admite medias tintas: o se sirve al interés general o se sirve al bolsillo propio, y en la Universidad Veracruzana, el Rector parece haber elegido lo segundo.

 

domingo, 12 de abril de 2026

“Cien días y la eterna pregunta: ¿gobernar o administrar la silla?”


Por Miguel Ángel Cristiani González

 En política, cien días no son una eternidad, pero sí el tiempo suficiente para saber si alguien llegó a gobernar… o simplemente a sentarse en el sillón.

 Acaban de cumplirse los primeros cien días de las nuevas administraciones municipales en los “212 ayuntamientos del estado de Veracruz”, y el balance, como suele ocurrir en la vida pública mexicana, ofrece un contraste revelador: algunos alcaldes informan resultados; otros, en cambio, parecen haberse limitado a ocupar el cargo y esperar que el tiempo pase.

 Es la vieja enfermedad de la política municipal: confundir el ejercicio del poder con la comodidad del despacho. 

Los primeros cien días de un gobierno no son un capricho mediático. En la tradición política moderna —desde Franklin D. Roosevelt hasta los gobiernos contemporáneos— ese periodo sirve para medir el ritmo inicial de una administración: la claridad de su proyecto, la capacidad de organización y, sobre todo, la voluntad de actuar. 

En Veracruz, donde los municipios enfrentan rezagos históricos en servicios públicos, infraestructura urbana y orden administrativo, los primeros meses de gestión deberían ser un periodo de intensa actividad. No siempre ocurre así.

 Hay alcaldes que aún parecen estar en la fase contemplativa del poder: reuniones interminables, fotografías oficiales, discursos bien ensayados… pero escasos resultados tangibles.

 Por eso resulta interesante observar los casos donde sí se presentan datos concretos. Uno de ellos es el del alcalde de Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo García, quien decidió informar públicamente sobre los avances de su administración al cumplirse los primeros cien días de gobierno. 

Según los datos presentados por el edil, su gobierno ha alcanzado una productividad “250 por ciento superior al promedio de las últimas cuatro administraciones municipales”, una afirmación que, si se confirma con el tiempo, representaría un cambio significativo en la dinámica administrativa del municipio. 

Los números expuestos son, por lo menos, dignos de análisis.

 En materia financiera, el ayuntamiento reporta “un incremento del 62 por ciento en los ingresos municipales respecto al mismo periodo de 2022”, acompañado de “una reducción del gasto por 60 millones de pesos”, recursos que —según la administración— se han redirigido hacia inversión pública.

 En el terreno de los servicios urbanos, el municipio enfrentaba un rezago estimado en “9 mil metros cuadrados de bacheo”, de los cuales ya se han atendido “4 mil metros cuadrados”. Puede parecer un dato técnico, pero en una ciudad donde la vialidad se ha deteriorado durante años, cualquier avance en ese rubro impacta directamente en la vida cotidiana. 

Algo similar ocurre con la recolección de basura. El parque vehicular del servicio operaba apenas al “25 por ciento de su capacidad”; hoy, de acuerdo con el informe municipal, alcanza “un 85 por ciento de funcionalidad”, además de la eliminación de “más de diez basureros clandestinos”. 

En el ámbito social, el gobierno municipal reporta la entrega de “7 mil 500 despensas”, con otras “5 mil en proceso”, además de jornadas de salud que incluyen consultas médicas, vacunación y acciones preventivas contra el dengue.

 También se informó sobre avances en “la regularización de viviendas de más de mil 200 familias”, la escrituración de “68 escuelas”, la instalación de “11 consejos municipales” en distintas áreas y la creación de una “policía cibernética” para atender delitos digitales.

 Son datos que, si se sostienen en el tiempo, apuntan hacia una administración con cierta lógica operativa. 

A ello se suma la recuperación del “70 por ciento del parque vehicular en áreas como seguridad y protección civil”, así como la coordinación con fuerzas estatales y federales para operativos de vigilancia. 

En el plano de la movilidad urbana, el alcalde anunció la llegada de “60 autobuses híbridos del sistema Quetzalli”, gracias al apoyo de la gobernadora Rocío Nahle que representa un cambio en el transporte público de la ciudad.

"Aprovecho para mandarle un agradecimiento a nuestra gobernadora que sin ella nada de esto hubiera sido posible", mencionó.

Por supuesto, los primeros cien días no hacen un gobierno. Apenas muestran la dirección del timón. 

El propio alcalde lo reconoció con una frase que, al menos, revela conciencia política: “es un inicio digno, pero sin excelencia”.

 Conviene recordar que la política municipal en Veracruz ha estado marcada durante décadas por la improvisación administrativa, la corrupción silenciosa y la inercia burocrática. Por eso, cuando aparece una gestión que intenta medir su desempeño con cifras y resultados, el ejercicio merece atención… y también vigilancia ciudadana.

 Porque gobernar no es anunciar cifras: es sostener resultados.

 Y la historia política del estado nos ha enseñado una lección elemental: los primeros cien días pueden impresionar… pero los mil días siguientes son los que realmente definen a un gobierno.

viernes, 10 de abril de 2026

El IPE y la bomba de tiempo: Justicia para unos, miseria para otros


Por Miguel Angel Cristiani G.

OCTAVA  PARTE

El drama de las pensiones en Veracruz tiene dos caras. Por un lado, la de aquellos que, como el Rector, buscan retirarse con la gloria de un cheque de seis cifras. Por otro, la de los miles de trabajadores que ven con angustia el futuro del Instituto de Pensiones del Estado. El IPE opera bajo un esquema que requiere una inyección constante de recursos públicos para no colapsar, y cada "Pensión Dorada" que se autoriza es un clavo más en el ataúd de su viabilidad financiera.

Indicador IPE Veracruz

Valor / Estado (2026)

Observación

Pensionados Totales

>35,000 personas

Crecimiento constante de la nómina

Presupuesto de Préstamos

880 millones de pesos

Mecanismo de auxilio financiero

Periodo de Revista

Febrero - Marzo 2026

Control estricto de supervivencia

Déficit Actuarial

Crítico / Histórico

Dependencia de subsidio estatal

La Ley de Pensiones del Estado es clara en sus objetivos, pero las interpretaciones "especiales" para los altos funcionarios han creado una casta de privilegiados. La pensión íntegra equivalente al cien por ciento del sueldo regulador es un derecho que debería estar sujeto a los mismos topes para todos. No hay razón lógica ni ética para que el sueldo de un Rector, inflado con compensaciones opacas, se convierta en una carga de 120,000 pesos mensuales para el instituto durante décadas.

La sociedad veracruzana no olvida que en 2016 la universidad ya vivió una crisis financiera profunda bajo la gestión de Sara Ladrón de Guevara. En aquel entonces, la lucha era por el presupuesto mínimo para operar. Hoy, la lucha parece ser por el presupuesto máximo para jubilarse. Este cambio de prioridades habla de una degradación institucional que debe ser frenada. La "Pensión Dorada" no es un logro laboral; es un despojo al patrimonio de los veracruzanos.