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lunes, 29 de junio de 2026

El precio de proteger al culpable


 DE PRIMERA MANO

*La publicación del NYT que apunta a La Chingada

Por Omar Zúñiga

Hay silencios que cuestan caro. Y hay complicidades que, tarde o temprano, presentan su factura. 

Lo que The New York Times reveló este fin de semana no es una nota de política exterior: es una radiografía de la descomposición interna de Morena y una sentencia anticipada sobre el costo que la presidenta Claudia Sheinbaum está dispuesta a pagar por proteger, con el escudo de la "soberanía nacional", a un gobernador acusado formalmente en Estados Undidos de operar como cómplice del Cártel de Sinaloa.

La revelación del Times no proviene de fuentes enemigas ni de halcones republicanos: proviene de los propios cuadros de Morena. 

Al menos una docena de funcionarios electos —gobernadores, legisladores, operadores del partido en el poder— se han acercado discretamente a autoridades estadunidenses para ofrecerse como informantes; no lo hacen por patriotismo ni por conciencia cívica. 

Lo hacen, según las fuentes consultadas por los periodistas Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, porque temen que las investigaciones pronto se centren en ellos mismos. Es el instinto de supervivencia política en su expresión más descarnada: sálvese quien pueda.

Mientras la Presidenta proclama ante las cámaras que las acusaciones son "injerencia extranjera" y pregunta retóricamente si Washington tiene interés genuino en combatir al crimen organizado o si actúa al servicio de la ultraderecha para sus elecciones de noviembre, sus propios correligionarios están del otro lado de la mesa, conversando en privado con la DEA. 

La fractura interna es brutal y el NYT la documenta con precisión: el gabinete de la presi está dividido entre funcionarios pragmáticos que abogan por la cooperación y colegas “de izquierda dura” que insisten en la narrativa de la soberanía. 

Sheinbaum, atrapada entre ambos, ha optado por la postura más costosa: la del avestruz.


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El epicentro de la crisis es Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, acusado formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de apoyo electoral en los comicios de 2021. 

La acusación no es un rumor ni una filtración: es un pliego de cargos formal, con nombre, apellido y hechos específicos, aunque acá lo nieguen.

El gobierno respondió con la negativa. Sheinbaum sostuvo que no existen pruebas suficientes para ejecutar la detención y prometió que la Fiscalía mexicana realizaría sus propias investigaciones. Pero el tiempo está desmontando ese argumento pieza por pieza. El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad del gobierno de Rocha, ya está bajo custodia estadunidense y ha declarado ante un tribunal en Nueva York. 

El exsecretario de Finanzas, Enrique Alfonso Díaz Vega, siguió el mismo camino: se entregó. Una jueza federal ya advirtió que la evidencia contra Mérida es "abundante". 

El barco se hunde, y los primeros en saltar son los más cercanos al capitán.


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La estrategia del DOJ y la DEA es metódica; se apoya en lo que los operadores del sistema judicial que llaman "efecto dominó": noventa y dos líderes y operadores de cárteles mexicanos han sido extraditados en los últimos dieciocho meses. 

Desde su cautiverio, varios de los hijos de "El Chapo" Guzmán, sus pilotos y sus asesores estratégicos están proporcionando información detallada sobre cómo se corrompió a la clase política mexicana. 

Cada declaración es un ladrillo que construye un caso y cada caso es una puerta que se abre hacia el siguiente.

El administrador interino de la DEA, Derek Maltz, fue claro: los funcionarios de Morena que están cooperando con las investigaciones, sumados al acervo de testimonios de narcotraficantes bajo custodia, aumentan la probabilidad de acusaciones al más alto nivel. 

"Estoy muy seguro", dijo Maltz, "de que habrá algunas personas de alto nivel que serán imputadas". 

No es una advertencia, es una cuenta regresiva.


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Para Sheinbaum, el cálculo político que justificó la negativa a detener a Rocha Moya está resultando ser una trampa de proporciones mayores. 

Algunos de los investigados por los vecinos del norte no son simples militantes de Morena: son aliados cercanos del Nerón de Macuspana Andrés Manuel López Obrador; iniciar procesos jurídicos contra ellos equivale a abrir una caja de Pandora.


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Pero la alternativa, ese discurso que ya está desgastado de seguir protegiendo a los señalados bajo el manto de la soberanía, está produciendo un efecto devastador: la desintegración silenciosa del partido desde adentro. 

Cuando tus propios gobernadores y legisladores se convierten en informantes del gobierno al que públicamente denuncias de injerencia, la narrativa oficial se convierte en farsa y las farsas, en política, no duran; duran hasta que ya no pueden.


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Hay además una dimensión jurídica que el gobierno federal parece subestimar y más grave aún, pues si los procesos en EU prosperan —y todo indica que así será— México habrá sido evidenciado como el escenario donde operaron libremente funcionarios que, según el DOJ, actuaron como socios del crimen organizado. La historia judicial no perdona esas omisiones.


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Para documentar el optimismo llega la pregunta… ¿qué o a quién está protegiendo realmente el gobierno federal cuando se niega a colaborar con EU en el caso Rocha Moya? ¿El gastado discurso que ya ni la presidenta se cree de proteger la soberanía nacional? 

Los hechos sugieren que protege algo más concreto y apuntan a La Chingada: la red de lealtades, financiamientos y compromisos políticos que tejió el lopezobradorismo, y que incluye vínculos cuyo escrutinio será devastador para la continuidad de su proyecto político.


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El caso tiene resonancias locales que no deben ignorarse y la pregunta que deben hacerse veracruzanos, con sus propias dinámicas de poder y sus propios silencios institucionales, es incómoda pero necesaria: ¿cuánto de lo que ocurre en Washington hoy tiene ecos en lo que ocurre aquí? Quizá Miguel Ángel Yunes pueda responder…

Las ratas saltan del barco, pero cuando el barco termina de hundirse, la pregunta no es quién saltó primero sino quién lo agujeró desde adentro, y quién tuvo el poder de repararlo y decidió no hacerlo.


¡Qué barbaridad!

deprimera.mano2020@gmail.com