Xalapa, Ver. — Con el propósito de consolidar un Poder
Judicial más cercano a la ciudadanía, con enfoque de derechos humanos,
perspectiva intercultural y atención a los sectores históricamente vulnerables,
la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Veracruz, Rosalba Hernández Hernández, presentó su Primer Informe de
Resultados, correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2025 al 30 de junio
de 2026.
Acompañaron en el evento a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la gobernadora del Estado, Rocío Nahle García y la presidenta del Congreso la diputada Naomi Edith Gómez Santos.
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Bajo el lema “Justicia cercana, humana y para todas las
personas”, el documento plantea como eje de la gestión una transformación
institucional orientada a reducir las barreras geográficas, económicas y
sociales que dificultan el acceso a la justicia. El informe destaca que la
Presidencia buscó llevar el Tribunal más allá de sus oficinas centrales,
mediante presencia territorial, audiencias públicas, diálogo con abogados,
atención a colectivos y acercamiento con comunidades indígenas y afromexicanas.
Uno de los aspectos que sobresalen es precisamente la
presencia de la Presidencia en los distritos judiciales. Hernández Hernández
reporta recorridos y reuniones de trabajo en Huayacocotla, Poza Rica, Martínez
de la Torre, Córdoba, Orizaba, Veracruz, Xalapa-Pacho Viejo, Zongolica,
Cosamaloapan, Coatzacoalcos y Acayucan.
El objetivo, señala el informe, fue conocer directamente las
condiciones en que trabajan las personas juzgadoras y las necesidades de
quienes acuden a los tribunales. En Zongolica, por ejemplo, se estableció
coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para garantizar
intérpretes y traductores, mientras que en Poza Rica se gestionaron medidas de
seguridad vial para facilitar el acceso a la Ciudad Judicial.
Otro de los mecanismos de acercamiento fue el diálogo con la
abogacía organizada. Durante el periodo se atendieron 65 audiencias con
profesionales del derecho, tanto en las oficinas centrales como durante los
recorridos por los distritos judiciales. El propósito fue recoger observaciones
sobre tiempos de respuesta, resoluciones, acceso a expedientes y atención a los
usuarios.
Durante el periodo que comprende el informe, Veracruz también fue escenario de un ejercicio democrático sin precedentes, al llevar a consulta pública la iniciativa presentada por la gobernadora para armonizar la Constitución Política del Estado de Veracruz con el reconocimiento nacional de los pueblos originarios y afromexicanos como sujetos de derecho público.
La ceremonia reunió a las Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, así como a integrantes del Órgano de Administración Judicial e invitados especiales.
Con la presentación de este primer informe, el Poder Judicial del Estado de Veracruz refrendó su compromiso con una justicia cercana, eficiente y de calidad, en una etapa de transformación institucional orientada a fortalecer la confianza de la sociedad en sus instituciones de justicia.
La atención a grupos en situación de vulnerabilidad ocupa
también un capítulo importante. El informe registra atención a 52 colectivos,
bajo la premisa de que la inclusión efectiva dentro del sistema judicial
constituye no solamente una obligación jurídica, sino también una
responsabilidad institucional.
En materia de justicia intercultural, uno de los resultados
señalados como relevantes es la incorporación de 31 profesionales al Padrón
Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (PANITLI), después
de un proceso de formación y certificación con participación de instituciones
especializadas.
La capacitación y vinculación académica también forman parte
de la estrategia. El Tribunal recibió a 538 estudiantes de distintas
universidades del estado, quienes conocieron el funcionamiento de las Salas y
las etapas de los procesos de segunda instancia. Asimismo, la presidenta
participó en conferencias y actividades académicas sobre acceso a la justicia,
argumentación jurídica, derechos humanos, derecho familiar, derechos de pueblos
indígenas y afromexicanos, entre otros temas.
En el ámbito institucional, la Presidencia reporta una
relación de colaboración con los otros poderes del Estado, pero subraya que
ésta debe sustentarse en el principio de separación de poderes y en la
independencia judicial.
También destaca la participación del Poder Judicial en el
seguimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
relacionada con el caso Ascencio Rosario y otros vs. México, mediante reuniones
estatales y federales destinadas, entre otros objetivos, a mejorar el acceso a
la justicia de mujeres indígenas víctimas de violencia y eliminar barreras
lingüísticas.
Otro de los compromisos institucionales fue la política de
“Cero Tolerancia al Hostigamiento y Acoso Sexual”, acompañada de capacitación
sobre prevención, denuncia, medidas de protección y procedimientos de actuación
dentro del Poder Judicial.
El informe incorpora además el trabajo social del
Voluntariado “Cercano a la Gente”, que durante el periodo participó en acciones
de apoyo a comunidades afectadas por fenómenos meteorológicos, mujeres
artesanas indígenas, personas de la sierra veracruzana, escuelas rurales y
personas con necesidades de salud.
Más allá de las cifras y actividades, el documento plantea
una definición política e institucional de lo que pretende ser el Poder
Judicial veracruzano en esta nueva etapa: una institución abierta, con
presencia territorial y capacidad de escuchar.
La propia presidenta lo resume al señalar que la “Justicia
Cercana” no es un programa con fecha de inicio y término, sino una identidad
institucional.
Y ahí estará precisamente el reto de los siguientes
informes: que esa identidad no se quede solamente en el discurso, sino que
pueda medirse en algo que finalmente importa a cualquier ciudadano que toca las
puertas de un tribunal: qué tan pronta, accesible, imparcial y efectiva resulta
la justicia que recibe.
