Primera parte
Por Miguel Ángel Cristiani G.
Hay frases que se repiten tanto en el discurso
público que terminan convertidas en dogma político. Una de ellas es la promesa
de austeridad. Otra, la de terminar con los privilegios del poder. Pero basta
rascar un poco la superficie de la vida institucional para descubrir que,
detrás de la retórica, siguen existiendo prácticas que recuerdan demasiado a
los viejos vicios del sistema.
La reciente reforma aprobada en el Congreso de
Veracruz sobre el régimen de pensiones vuelve a colocar en la mesa un tema
incómodo: las llamadas pensiones doradas. No es un asunto menor ni
meramente administrativo; es, en realidad, un debate ético y político sobre la
congruencia entre lo que se predica y lo que se practica en las instituciones
públicas.
En círculos académicos y políticos se comenta con
insistencia que el rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar
Sánchez, ha manifestado interés en permanecer en el cargo el tiempo suficiente
para jubilarse con una pensión que rondaría los 120 mil pesos mensuales. De
confirmarse esa cifra —que aún no ha sido desmentida con claridad— estaríamos
hablando de un ingreso que supera incluso el salario de la gobernadora del
estado, Rocío Nahle.
El dato, por sí mismo, provoca preguntas
inevitables.
¿Es razonable que un funcionario público se retire
con una pensión superior al sueldo de la titular del Ejecutivo estatal?
¿Es congruente con el discurso de austeridad que ha dominado la narrativa
política en los últimos años?
¿O estamos frente a uno de esos casos donde la ley permite lo que la ética
cuestiona?
Conviene recordar que las pensiones especiales no
son un fenómeno nuevo en México. Durante décadas, distintos sectores del
aparato público diseñaron esquemas de retiro privilegiados que terminaron
generando desigualdades evidentes frente a la mayoría de los trabajadores. En
muchos casos, estas jubilaciones se calculaban con base en los últimos sueldos
—frecuentemente inflados— o mediante regímenes especiales creados a la medida
de ciertas élites burocráticas.
El resultado fue una bomba financiera que hoy
siguen pagando los sistemas de pensiones del país.
Por eso, cada vez que surge un caso de pensión
extraordinaria, el debate rebasa lo personal y entra al terreno del interés
público. No se trata de cuestionar el derecho de un trabajador a jubilarse
dignamente; ese derecho está consagrado en la legislación laboral y es parte
esencial del Estado social. El problema aparece cuando ese derecho se convierte
en privilegio.
La universidad pública, además, tiene un papel
particularmente delicado en este debate.
La Universidad Veracruzana no es una dependencia
cualquiera del gobierno. Es una institución autónoma, financiada con recursos
públicos, cuyo prestigio descansa precisamente en su autoridad moral, en su
compromiso con la ética académica y en su capacidad para formar ciudadanos
críticos.
Por eso, las decisiones que se toman en su interior
no pueden medirse únicamente con criterios administrativos; también deben
evaluarse bajo la lupa de la legitimidad pública.
En Veracruz, la discusión sobre las pensiones
coincide además con un contexto financiero complejo. Los sistemas de retiro en
el país enfrentan presiones crecientes por el envejecimiento de la población,
el déficit de fondos y la desigualdad entre regímenes laborales. Mientras miles
de trabajadores apenas alcanzan pensiones modestas después de décadas de
trabajo, las jubilaciones de seis cifras inevitablemente generan indignación
social.
No se trata de una reacción populista, como algunos
intentan descalificarla. Es una reacción lógica frente a una percepción de
injusticia.
En política, la legitimidad no se construye solo
con discursos; se construye con congruencia.
Si la narrativa dominante del gobierno federal y de
muchos gobiernos estatales ha sido la eliminación de privilegios y la
instauración de una república austera, entonces esa lógica debería aplicarse
también dentro de las universidades públicas y de todos los organismos
financiados por el erario.
De lo contrario, el mensaje que recibe la
ciudadanía es devastador: que la austeridad es para unos y la comodidad
institucional para otros.
La transparencia sería el primer paso para disipar
dudas. Si el rector de la universidad tiene derecho legal a una pensión
determinada, lo correcto sería explicar con claridad los criterios, montos y
fundamentos normativos que la sustentan. La opacidad solo alimenta sospechas.
Pero más allá de la legalidad estricta, el fondo
del asunto sigue siendo político y moral.
Las instituciones públicas viven de la confianza
social. Y esa confianza se erosiona cada vez que el ciudadano percibe que el
sistema sigue reproduciendo privilegios en las alturas mientras predica
sacrificios en la base.
En tiempos donde el discurso oficial insiste en que
se terminó la era de los abusos y las prebendas, cualquier pensión que huela a
privilegio se convierte inevitablemente en una prueba de coherencia para el
poder público.
Porque en democracia la legalidad puede justificar
muchas cosas… pero la ética termina juzgándolas todas.
Y cuando el retiro de un funcionario público vale
más que el salario de la gobernadora, el problema ya no es la pensión: es la
credibilidad del sistema entero.
