IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
En un país donde el gas LP forma parte esencial de la vida cotidiana —desde la cocina hasta la economía nacional—, la revelación de que México importa entre el 60% y el 70% de este energético no es un dato menor, es un síntoma de una vulnerabilidad estructural profunda. Más que un problema técnico o coyuntural, esta dependencia evidencia una fragilidad sistémica que expone al país a riesgos económicos, energéticos, geopolíticos y sociales.
El primer frente de vulnerabilidad es el de los precios. Al estar atado a los mercados internacionales, el gas LP en México no responde únicamente a condiciones internas, sino a dinámicas globales muchas veces ajenas al interés nacional. Conflictos geopolíticos, como la guerra entre Irán-Israel y Estados Unidos ha provocado tensiones en regiones productoras o fluctuaciones en la oferta que impactan directamente en el bolsillo de los mexicanos. El reciente incremento de hasta el 26% en el precio del gas LP, derivado de tensiones internacionales, y que hasta el momento la industria nacional esta conteniendo el incremento de precios con un menor margen para las compañías distribuidoras, es un recordatorio de cómo factores externos pueden traducirse en inflación energética y en un aumento inmediato del costo de vida.
A esta presión se suma un riesgo aún más delicado, la seguridad energética. La alta dependencia del exterior implica que cualquier interrupción —ya sea por fenómenos climáticos, fallas en infraestructura o decisiones políticas de los países proveedores— puede afectar el suministro nacional. Esta situación se agrava al considerar que México también importa entre el 70% y el 76% del gas natural que consume. En un escenario adverso, esto podría traducirse en escasez, paros industriales o afectaciones a la generación eléctrica, con consecuencias económicas de gran escala.
La dimensión geopolítica añade otra capa de complejidad. La mayor parte del gas que importa México proviene de Estados Unidos, lo que genera una relación asimétrica. Esta dependencia coloca al país en una posición vulnerable frente a decisiones regulatorias, comerciales o estratégicas del vecino del norte. En términos prácticos, el suministro energético podría convertirse en un instrumento de presión política, limitando la capacidad de México para actuar con plena autonomía.
Desde el punto de vista económico, la dependencia externa también frena el desarrollo del mercado interno. La falta de incentivos para fortalecer la producción nacional reduce la competitividad y obliga a destinar grandes cantidades de divisas a la importación de energéticos. Además, el Estado pierde margen de maniobra para estabilizar precios o intervenir eficazmente en el mercado, lo que puede derivar en distorsiones y desigualdades.
A ello se suman problemas estructurales históricos, como la limitada capacidad de almacenamiento y transporte. México carece de reservas estratégicas suficientes, lo que significa que ante cualquier interrupción externa el margen de respuesta es mínimo. En lugar de amortiguar los choques, el sistema energético los amplifica, acelerando posibles crisis.
Sin embargo, el impacto más inmediato y sensible es el social. El gas LP es el principal energético para millones de hogares mexicanos. No es un lujo ni un insumo marginal, es una necesidad básica. Por ello, cualquier variación en su precio o disponibilidad afecta directamente a las familias, especialmente a las de menores ingresos. El resultado puede ser un aumento en la pobreza energética, acompañado de tensiones sociales y presión política.
En conjunto, esta dependencia configura un escenario de alta exposición a factores externos. Los riesgos no son aislados, sino interdependientes, un choque internacional como el actual, puede desencadenar inflación, escasez, tensiones políticas y malestar social de manera simultánea. En este contexto, el problema de fondo es claro, México no controla una parte crítica de su matriz energética.
La discusión, por tanto, no debe centrarse únicamente en el corto plazo o en medidas paliativas, sino en una estrategia de fondo que fortalezca la producción nacional, diversifique fuentes de suministro y desarrolle infraestructura. La soberanía energética no es un concepto abstracto; es una condición necesaria para la estabilidad económica, la seguridad nacional y el bienestar social.
Ignorar esta realidad no solo perpetúa la vulnerabilidad, sino que la profundiza. El desafío está planteado. O México reduce su dependencia, o seguirá sujeto a las decisiones —y a las crisis de geopolítica— de otros países en este mundo cada vez más global e interconectado.
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cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico en comunicación en la Ibero y en la Universidad Anáhuac, campus norte CDMX.
