Por Miguel Ángel Cristiani
Después de casi cinco meses de combate
ininterrumpido, finalmente fue sofocado el incendio del pozo Krem-1, cuyo
violento estallido ocurrido el pasado 5 de marzo mantuvo en vilo a comunidades
enteras del sur de Veracruz y puso a prueba la capacidad de respuesta de las
autoridades y de Petróleos Mexicanos.
La noticia fue recibida con alivio. Era imposible
no celebrar el fin de un siniestro que durante casi 150 días representó un
riesgo permanente para trabajadores, habitantes de la región y el medio
ambiente.
Pero una vez apagadas las llamas comienza la parte
más difícil de esta historia.
Porque extinguir un incendio no significa extinguir
sus consecuencias.
Como ocurre con demasiada frecuencia en nuestro
país, el interés público parece desvanecerse al mismo ritmo que desaparecen las
imágenes espectaculares de la televisión. Mientras hubo fuego, humo y
explosiones, el tema ocupó espacios informativos. Hoy que el incendio ha sido
controlado, pareciera que el problema quedó resuelto.
Nada más alejado de la realidad.
La verdadera emergencia apenas empieza.
Miles de habitantes de la zona tienen derecho a
saber cuál es el estado real de los suelos, de los cuerpos de agua y de la
calidad del aire después de meses de combustión continua. Los productores
agrícolas y ganaderos necesitan conocer el impacto que pudo haber tenido este
desastre sobre sus actividades y sobre el patrimonio que sostiene a sus
familias.
No basta con anunciar que el pozo dejó de arder.
Ahora corresponde explicar qué sigue.
¿Existe ya un diagnóstico ambiental integral?
¿Quién realizará el monitoreo permanente de la
zona?
¿Qué instituciones federales y estatales
supervisarán los trabajos de remediación?
¿Qué papel asumirán la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente?
Y la pregunta que más interesa a los habitantes de
la región: ¿quién responderá por los daños ocasionados?
No se trata únicamente de responsabilidades
legales. Se trata de un compromiso ético con miles de familias que durante
meses convivieron con humo, incertidumbre y preocupación.
En México existe una vieja costumbre gubernamental:
atender con rapidez la emergencia visible y olvidar sus consecuencias cuando
disminuye la presión mediática.
Ocurrió con huracanes, inundaciones, incendios
forestales y derrames industriales. Se instalan mesas de crisis, llegan
funcionarios, se anuncian acciones inmediatas y, conforme pasan las semanas, el
tema desaparece de la conversación pública.
Los afectados, en cambio, permanecen.
Veracruz no puede permitirse repetir esa historia.
El caso del pozo Krem-1 debe convertirse en un
precedente sobre cómo enfrentar integralmente un desastre ambiental. No basta
con controlar el fuego; es indispensable restaurar el entorno, evaluar
científicamente los daños, transparentar los resultados y garantizar que las
comunidades reciban información clara y oportuna.
La sociedad no necesita boletines triunfalistas.
Necesita certezas.
Porque el éxito de una operación no debe medirse
únicamente por haber sofocado las llamas, sino por la capacidad del Estado para
reparar el daño, proteger a la población y evitar que una tragedia semejante
vuelva a repetirse.
Las imágenes del incendio ya forman parte de la
historia.
Ahora comienza la etapa que realmente pondrá a
prueba a las instituciones.
Si el incendio ya fue extinguido, ¿cuándo conocerán
los veracruzanos el verdadero alcance del daño ambiental y quién asumirá, con
nombres y apellidos, la responsabilidad de repararlo?
Pancho López, el filósofo ateniense xalapeño,
pregunta:
"¿Será que el humo también se llevó las
responsabilidades, o esas siguen enterradas junto al pozo?"
