IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
En
México, el precio de la gasolina no solo se decide en los mercados
internacionales, sino también en el escritorio del gobierno. El subsidio a los
combustibles —particularmente a la gasolina y el diésel— se ha convertido en
una herramienta clave para contener presiones económicas. Sin embargo, detrás
de este alivio inmediato se esconde una pregunta incómoda, ¿cuánto tiempo puede
sostenerse?
La
respuesta exige mirar más allá del precio en la bomba y entender tres elementos
fundamentales: su costo fiscal, sus beneficios económicos y sus límites
estructurales.
El
primer dato es contundente. El subsidio funciona reduciendo o eliminando el
IEPS, lo que en términos simples significa que el gobierno deja de recaudar
ingresos. No es un gasto visible, pero sí un ingreso perdido. De acuerdo con
cifras oficiales, este mecanismo puede costar hasta 5 mil millones de pesos por
semana. Si se mantuviera de forma continua durante un año, estaríamos hablando
de alrededor de 260 mil millones de pesos.
En
ese contexto, la estimación de BBVA —que calcula un impacto de 38 mil millones
de pesos— no es contradictoria, sino parcial. Refleja escenarios de corto plazo
o momentos específicos de precios elevados, no el costo total de sostener el
subsidio de manera prolongada.
Pero
sería simplista reducir el análisis únicamente al costo. El subsidio cumple una
función económica clara, contener la inflación. Sin este apoyo, el precio de la
gasolina podría superar fácilmente los 30 pesos por litro, encareciendo el
transporte, los alimentos y prácticamente toda la cadena logística del país. En
ese sentido, el subsidio actúa como un amortiguador que evita que los choques
externos —como el alza del petróleo— se trasladen de forma directa al bolsillo
de los ciudadanos.
Aquí
entra un elemento estratégico poco discutido, el papel del diésel. A diferencia
de la gasolina, cuyo impacto es más visible para el consumidor individual, el
diésel sostiene más del 80% del transporte de carga. Por ello, el gobierno ha
concentrado en este combustible una parte significativa del apoyo, con
subsidios que pueden alcanzar hasta el 80% del IEPS. No se trata solo de
contener precios, sino de proteger el funcionamiento de la economía productiva.
Sin
embargo, el subsidio no es una política aislada ni automática. Su continuidad
depende de tres variables clave. La primera, y más determinante, es el precio
internacional del petróleo. Mientras se mantenga en niveles altos —como los
actuales, cercanos a los 100 o 110 dólares por barril—, la presión para
sostener el subsidio será constante. Si el precio baja, el margen de maniobra
se amplía.
La
segunda variable es el espacio fiscal. Cada peso que el gobierno deja de
recaudar por el IEPS es un peso menos para gasto social, inversión o reducción
de deuda. En el corto plazo, esta pérdida puede absorberse. En el mediano
plazo, comienza a generar tensiones. Y en el largo plazo, se vuelve
insostenible sin ajustes.
La
tercera variable es política. El subsidio no solo responde a criterios
económicos, sino también a la necesidad de evitar aumentos abruptos en los
precios —los llamados “gasolinazos”— y de mantener estabilidad social. En ese
sentido, su permanencia también está vinculada al costo político de retirarlo.
Así,
la gran pregunta no es si el subsidio funciona —porque claramente lo hace—,
sino cuánto tiempo puede mantenerse. En el corto plazo, de tres a seis meses,
es plenamente sostenible y permite ajustes semanales. En un horizonte de seis a
doce meses, sigue siendo viable, pero a un costo creciente. Más allá de un año,
con precios elevados del petróleo, su permanencia implicaría decisiones
difíciles: mayor deuda, recortes al gasto o una retirada gradual del apoyo.
La
conclusión es inevitable. El subsidio a los combustibles es, en esencia, una
medida de contención. Protege a la economía, suaviza los efectos de choques
externos y brinda estabilidad en momentos de incertidumbre. Pero no es una
solución permanente.
México,
como cualquier país, no puede escapar de la lógica fiscal, lo que hoy se
subsidia, mañana se paga. Y la verdadera discusión no está en si se debe o no
aplicar el subsidio, sino en cómo y cuándo dejar de depender de él.
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cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en
Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico en comunicación en la
Ibero y en la Universidad Anáhuac, campus norte CDMX.
