IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
La reciente reforma judicial en
México ha sido criticada internamente por Morena, con Alfonso Ramírez Cuéllar y la
ministra Jazmín Esquivel admitiendo errores en su diseño e implementación, como la
selección de candidatos vía "tómbola" y "acordeón", que
generaron candidaturas cuestionables y baja legitimidad. La desaparición de las
Salas de la SCJN, responsables del 93% de los expedientes, ha sobrecargado el
Pleno con miles de casos pendientes (aumento del 37.7% en 2025), reduciendo la
eficiencia en hasta 45% según estimaciones por menor capacidad resolutiva. La
ministra Jazmín Esquivel ha defendido aspectos, pero rechazos a sus proyectos
resaltan tensiones en el diseño constitucional. La
discusión ya no gira únicamente en torno a la pertinencia de la reforma, sino a
la necesidad de corregirla para preservar tres pilares fundamentales: la
eficiencia institucional, la legitimidad democrática y la confianza económica.
Ramírez Cuéllar sugiere
posponer las elecciones judiciales de 2027 hasta junio de 2028 para corregir
fallas, eliminar comités de evaluación multipartidistas, reducir candidaturas
por puesto y fortalecer filtros de idoneidad e independencia frente a partidos
e intereses económicos. Otros ajustes incluyen digitalizar expedientes para
verificación, capacitar personal electoral en perfiles judiciales y separar
elecciones judiciales de las políticas para evitar confusión y politización. La
presidenta Sheinbaum minimiza inquietudes para inversionistas, pero expertos
piden blindaje jurídico contra corrupción en candidaturas.
La elección popular de
jueces ha elevado temores de captura partidista, con baja participación (13% en
2025), candidatos ligados a corrupción o crimen organizado, y alias como
"Juez de AMLO" que sugieren sesgo político. Para 2027, coincidir con
elecciones políticas podría sobrecargar al INE, generar confusión ciudadana y
minar independencia, según analistas y sociedad civil; EE.UU. ha expresado
preocupación por impacto en T-MEC. Expectativas incluyen mayor escrutinio
ciudadano y mecanismos de evaluación de desempeño para mitigar dudas.
La reforma genera
desconfianza al elevar incertidumbre jurídica, deteniendo inversiones frescas
(empresas reinvierten utilidades pero pausan expansiones), con impacto en IED
de 36 mil millones USD en 2023. Retardos en litigios, arbitrajes y percepción
de riesgo judicial amenazan T-MEC en 2026, con Coparmex alertando sobre menor
atractivo para capital extranjero. Ajustes como posposición y filtros podrían
restaurar certidumbre, pero sin ellos, persiste volatilidad para inversionistas
nacionales y foráneos.
Uno de los cambios más
controvertidos fue el rediseño de la Suprema Corte de Justicia. La reforma
redujo el número de ministros de once a nueve y eliminó las salas
especializadas para concentrar todas las decisiones en el pleno. Aunque la
intención era simplificar la estructura del tribunal constitucional, la medida
ha generado efectos contraproducentes. Al desaparecer las salas que antes
resolvían una gran parte de los asuntos, el pleno enfrenta ahora una mayor
carga de trabajo y menor especialización en materias clave como derecho penal,
administrativo o laboral. Diversos análisis advierten que esta reorganización
podría estar afectando la productividad judicial y ralentizando la resolución
de casos. Ante este escenario, una corrección razonable sería restablecer salas
especializadas o crear cámaras temáticas que permitan mantener eficiencia sin
renunciar al nuevo modelo institucional.
Otro eje polémico de
la reforma es la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Más de
2,600 cargos judiciales federales y estatales comenzaron a definirse mediante
voto ciudadano. En principio, esta medida busca acercar el Poder Judicial a la
sociedad. No obstante, la primera experiencia electoral reveló varios
problemas: campañas poco conocidas, participación ciudadana muy reducida de
solo el 12% de la ciudadanía y el uso de “acordeones” para orientar el voto
hacia determinados candidatos. Esto pone en evidencia un dilema estructural:
mientras la democracia electoral privilegia la competencia política, la función
judicial exige independencia técnica y profesionalismo. Para equilibrar ambas
dimensiones, varios especialistas han propuesto modelos híbridos en los que
comités técnicos independientes preseleccionen a los candidatos y la ciudadanía
vote únicamente entre perfiles certificados o ratifique periódicamente a los jueces
ya en funciones.
A ello se suma la
fragilidad institucional del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, creado para
supervisar la conducta de los juzgadores. Este órgano debería ser el pilar del
combate a la corrupción judicial; sin embargo, su funcionamiento inicial ha
sido cuestionado por su lentitud y por dudas sobre su independencia. Si la
instancia encargada de vigilar a los jueces es percibida como politizada, el
sistema pierde credibilidad. De ahí que resulte fundamental fortalecer su
integración mediante la participación equilibrada de la judicatura, la academia
y la sociedad civil, además de establecer procedimientos transparentes y
mecanismos de auditoría externa.
Más allá de los
aspectos técnicos, uno de los riesgos más discutidos es la posible politización
del Poder Judicial. Diversos analistas han advertido que el nuevo sistema
podría favorecer la alineación de los tribunales o “captura” con
el partido gobernante, especialmente después de que la mayoría de los ministros
electos en la nueva Suprema Corte están vinculados con el oficialismo. La
preocupación central es que el equilibrio entre poderes —un elemento esencial
de cualquier democracia constitucional— se debilite si el Poder Judicial pierde
autonomía frente al Ejecutivo o al Legislativo. Para evitar ese escenario,
sería necesario prohibir el financiamiento político en campañas judiciales,
limitar la propaganda partidista, exigir trayectorias profesionales sólidas y
establecer periodos escalonados de elección que impidan la captura simultánea
de todo el tribunal.
Las implicaciones de
la reforma también trascienden el ámbito político y alcanzan el terreno
económico. Para los inversionistas nacionales y extranjeros, la seguridad
jurídica es un factor clave en la toma de decisiones. Cuando se percibe que el
sistema judicial puede responder a intereses políticos, aumenta el riesgo país,
se encarece el financiamiento y se retrasan proyectos de inversión. La
confianza económica depende en gran medida de la estabilidad institucional y de
la existencia de tribunales capaces de resolver conflictos de manera imparcial.
Por ello, recuperar la certidumbre exige reglas claras en la transición
judicial, tribunales especializados en áreas estratégicas como comercio y
energía, y el respeto a mecanismos internacionales de arbitraje.
Las próximas
elecciones judiciales previstas para 2027 representan una prueba decisiva para
el futuro de la reforma. El proceso es escalonado y busca completar la
renovación del sistema; sin embargo, persisten dudas sobre la participación
ciudadana, la complejidad de las boletas y la posibilidad de que los partidos
políticos influyan de manera determinante en los resultados. De aquí a entonces
pueden abrirse tres escenarios: una corrección institucional que fortalezca el
modelo, la consolidación de un sistema judicial más alineado con las mayorías
políticas o, en el largo plazo, una contrarreforma que retome esquemas mixtos
de nombramiento.
En este contexto, los
ajustes más viables políticamente no requieren necesariamente una reforma
constitucional profunda. Bastaría con establecer filtros técnicos obligatorios
para los candidatos, reinstalar mecanismos de especialización dentro de la
Suprema Corte, fortalecer la carrera judicial, regular estrictamente las
campañas y garantizar una verdadera autonomía del Tribunal de Disciplina.
La reforma judicial mexicana no está condenada al
fracaso, pero su diseño inicial ha mostrado fallas significativas. Si no se
corrigen a tiempo, el país podría enfrentar un triple riesgo: la captura
política del Poder Judicial, la erosión de la legitimidad democrática y un
deterioro en la confianza económica de parte de inversionistas tanto nacionales
como extranjeros. En donde la Inversión Extranjera Directa (IED) ha sido clave
para el desarrollo de nuevos polos y la generación de empleos. La clave no está en revertir completamente la
reforma, sino en perfeccionarla para que cumpla su objetivo original: construir
una justicia más cercana a la ciudadanía, pero también sea independiente,
profesional y capaz de garantizar el Estado de derecho.
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cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la
Universidad Iberoamericana. Formó parte
del cuerpo académico en comunicación en la Ibero y en la Universidad
Anáhuac, campus norte CDMX.
