Dr. Rafael Vela Martínez
Frente a
este escenario, la comunidad universitaria está en espera de que lo aseverado
por el diputado Esteban Bautista, al cuestionar el destino del presupuesto
asignado a la Universidad Veracruzana para 2026, encuentre eco ante los
órganos fiscalizadores de la cuenta pública, tanto federal como estatal, a fin
de que se revise el presupuesto ejercido durante la gestión del señor Martín
Aguilar al frente de Nuestra Máxima Casa de Estudios y de no solventarse
las observaciones que las legislaturas y los entes de fiscalización hayan
detectado, se ejerzan las acciones legales a fin de deslindar responsabilidades
y aplicar las indemnizaciones que correspondan. Por ello, nuestro apoyo a la
Gobernadora de Veracruz y a Esteban Bautista, en su afán de ejercer un manejo
responsable de los dineros, cuya opacidad ha imperado en los últimos cuatro
años en la Universidad Veracruzana.
Es muy
importante señalar que en pleno reconocimiento de la actitud ética y de gran
compromiso social del diputado Bautista,
es que un amplio grupo de universitarios, tanto académicos, trabajadores
administrativos, como estudiantes, me han solicitado que le dirija esta breves líneas al titular
de la JUCOPO como al resto de los diputados de la actual legislatura estatal,
con el propósito de solicitar que intervengan
para resolver a la mayor brevedad posible la crisis de legalidad que
actualmente se registra en la UV: se trata, de manera puntual, de la solicitud de interpretación auténtica
de la normatividad universitaria.
La
Universidad Veracruzana (UV), institución autónoma por ley pero intrínsecamente
vinculada al marco normativo estatal, se encuentra inmersa en una profunda
crisis de legalidad. Esta situación se ha agudizado tras la prórroga del
mandato del actual rector, Martín Gerardo Aguilar Sánchez, por parte de la
Junta de Gobierno de la Universidad, una decisión que ha sido ampliamente
cuestionada por su falta de sustento legal y por usurpar funciones que no le
corresponden, conforme al marco jurídico vigente.
Ante
esta grave anomalía institucional, de acuerdo con lo expresado por destacados
juristas de la entidad, así como otros a nivel nacional, el Congreso del Estado
de Veracruz, como órgano legislativo y garante del Estado de Derecho, tiene la
obligación ineludible de intervenir a través de una interpretación auténtica de
la Ley Orgánica y la de Autonomía de la Universidad Veracruzana. Esto no solo
es legalmente procedente, sino también urgente para restaurar la certidumbre
jurídica y funcional de la Universidad.
La ley
es clara y categórica: el periodo rectoral es de cuatro años. No hay
disposición alguna que faculte a algún órgano universitario a modificar esa
duración. No existe en la Ley Orgánica ni en el Estatuto General de la UV la
figura de prórroga o extensión del mandato del Rector. En todo caso, si el
rector saliente tiene menos de 65 años de edad, tendrá que sujetarse a una
convocatoria donde contenderá con otros aspirantes a la rectoría, en igualdad
de condiciones. Además, la Junta de Gobierno no tiene competencia para
interpretar la ley, ni siquiera en su ámbito universitario. Es decir, en ningún
momento se le otorgan facultades para interpretar normas legales o modificar
plazos establecidos por ley.
¿Quién
puede interpretar la ley? El Congreso del Estado es el único órgano con
competencia para realizar una interpretación auténtica de una norma legal. Esta
facultad está contemplada en el Artículo 55, fracción III de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que establece: “Son
facultades del Congreso: […] III. Interpretar, reformar y derogar las leyes y
decretos que expida.”
Desde
mi punto de vista y del grupo de
académicos que represento, es necesario que el Congreso de Veracruz asuma su
papel como garante de la legalidad y la estabilidad institucional. No se trata
de intervenir en la autonomía universitaria, sino de ejercer su facultad
constitucional para ofrecer certeza jurídica en un momento de crisis. Esta
interpretación auténtica no solo resolvería conflictos normativos, sino que
abriría el camino a una normalización de la vida universitaria en todos sus
ámbitos; pero además, se enviaría un mensaje claro de que el Estado está comprometido
con el fortalecimiento de sus instituciones educativas, con el respeto a la
legalidad y con la protección del interés público.
Para
toda la comunidad universitaria está claro que la Universidad Veracruzana es
mucho más que una institución educativa: es un patrimonio colectivo de los
veracruzanos. Su estabilidad es clave para el desarrollo científico, la
movilidad social, la economía regional y la paz social. Ignorar la crisis de
legalidad que hoy afecta a nuestra Máxima Casa de Estudios traerá consecuencias
negativas a varias generaciones de veracruzanos Por ello, urge que el Congreso de Veracruz
actúe con prontitud y responsabilidad, realizando una interpretación auténtica
de su normatividad, para restaurar el orden, la legalidad y el futuro de la
Universidad Veracruzana.
Dirección
de correo para comentarios o sugerencias: rvelam_1@hotmail.com
