El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en riesgo, ya que el ejecutivo federal envió una iniciativa legislativa para modificar a fondo el sistema electoral mexicano, en la cual se pretende sustituir al INE por un nuevo órgano regulador elegido por sufragio universal.
Será llamado, si todo le sale bien al presidente AMLO, Instituto Nacional de Elecciones y Consulta, más pequeño, pero con mayor competencia. De tener 11 consejeros se reduciría a 7, y la elección de sus miembros, al igual que los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) será por voto directo. Ello representa toda una reforma para, una vez en el poder, imponer una situación partidista en las elecciones de órganos reguladores. Esto no es lo más razonable, pues si son candidatos propuestos por los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la elección trae consigo intereses partidistas, parcialidad para regular y “mano negra” en su ejecución, no obstante, lo que se busca es que haya imparcialidad, legalidad, transparencia, entre otros valores.
Eliminar o sustituir al INE es un golpe a la democracia de nuestro país, ¿quién manejará el padrón electoral?, ¿a quién le correspondería la función de administrar dicho padrón? La intención maquiavélica del gobierno actual es clara para quien así lo quiera ver. La Secretaría de Gobernación afila sus dientes para administrar la lista nominal, el IFE, actualmente INE, ha administrado por más de 30 años toda la información de la ciudadanía, este órgano autónomo tiene la confianza de la gente.
“El INE se encuentra por encima de los actores políticos, no vamos a entrar a un debate” respondió el presidente consejero; por su parte, en la “mañanera”, AMLO señaló que Lorenzo Córdova “da pena ajena” por no mostrar una encuesta.
La máxima autoridad electoral del Estado mexicano, en mi opinión, se encuentra en riesgo, pues recae sobre la Cámara de diputados, órgano legislativo competente para que se logren acuerdos en favor de la democracia en México, ya que, como siempre, se encuentran intereses de poder, de grupos y partidistas.
Se debe poner en claro que hay que interpretar los signos de los tiempos en los cuales se está viviendo a la luz de la verdad, con una conciencia clara y, al mismo tiempo, profunda y legal, para saber qué es lo que mejor y lo que conviene para nuestro país. Creo que no se debe acabar con las instituciones, sino fortalecerlas, “purificarlas” y no destruirlas. Deben estar al servicio de todos los ciudadanos, no solo para unos cuántos, y tratarse de un organismo distinto de las funciones del Estado, sin privilegios, aun cuando se preocupe por la imparcialidad y la legalidad.
El buscar el bien común para un mejor desarrollo democrático en nuestro país implica estas y otras cuestiones. Un análisis efectivo nos ayudará a valorar los organismos que ya tenemos, a identificar la necesidad y la legitimidad que la cámara de diputados debe ofrecer, y a tener en cuenta los principios de reflexión, criterios de juicio y directrices imparciales de acción, repito, en favor del bien común, pues la iniciativa tomará su curso. Por eso, cuando hablo del bien común, me ocupo del desarrollo de la democracia de los pueblos, por lo tanto, estoy convencido de que dicha iniciativa de reforma no puede ser acusada de sobrepasar su campo específico de competencia, y mucho menos quedar a merced del Estado mexicano.
Cada uno de los diputados y legisladores debe tomar conciencia de esta iniciativa, porque interpela a su responsabilidad, además de su conciencia. Espero la tengan, ya que es la fuente de las decisiones y así no se les reclame nada.
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