* Ya que pretende que el titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Universidad Veracruzana sea designado de acuerdo a la fórmula jurídica vigente.
Por: Blanca Arguelles
Xalapa, Ver.- Llama la atención como a menos de un año de haber tomado posesión como Rector de la Universidad Veracruzana el Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez declara que el titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Universidad Veracruzana debe ser designado de acuerdo a la fórmula jurídica vigente, esto es, que el rector en turno envíe una terna al Consejo Universitario General para que éste valide a quien, como siempre sucede, quede en la persona que el rector en turno desea para tapar los errores y desfalcos de su gestión.
Ello en contraposición directa a las facultades que tiene el Congreso del Estado de designar a esta figura central en la estrategia de combate a la corrupción establecida desde el artículo 113 de la CPEUM.
Experto en estudiar los movimientos sociales es claro que esta desinformado de la actualidad de sus obligaciones jurídicas en materia de combate a la corrupción, o bien se confirma que este funcionario universitario ya se ha entregado a las mafias universitarias que han vivido en la opacidad derivada de la improductividad y la falta de compromiso social con una comunidad que observa, a su principal casa de estudios, cada vez más lejana de las necesidades que cotidianamente experimenta la sociedad veracruzana.
Aunque son razonables los dos ejes de su gestión: los derechos humanos y la sustentabilidad, el tema central de su gestión debería ser la ampliación de la oferta educativa para atender el creciente número de jóvenes que quedan fuera de la UV y/o que de plano optan por irse a las escuelas públicas y privadas dentro y fuera del estado.
¿Qué el rector y los funcionarios universitarios no se dan cuenta que la institución esta en en una crisis institucional donde el conflicto de intereses, y la distracción de los recursos públicos a tareas administrativas insustanciales son cotidianas reduciendo recursos a las actividades sustantivas de docencia, investigación y difusión del conocimiento, las ciencias y las artes.
Un OIC designado por el Congreso exento de compromisos al interior de la institución con un alto grado de formación académica y experiencia en materia de auditoria, investigación y substanciación pueden ser, en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una solución para romper con las mafias académicas que operan con impunidad al interior de la institución.
Sería muy bueno que el rector a su declaración en los medios de comunicación adicione la motivación y fundamentación jurídica de su dicho, y que explique de frente a la sociedad si el incumplimiento del mandato constitucional por parte de él y su equipo de trabajo no tipifican el delito de incumplimiento del deber legal lo cual es una falta grave en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ojo, Ley General.
Alguien debe explicarle al Rector Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez, que corre el riesgo de que su Ley Orgánica sea declarada inconstitucional en este y otros apartados por el incumplimiento en materia de responsabilidades administrativas.
Es importante que los funcionarios universitarios que promueven la Nueva Ley Orgánica de la UV ante la legislatura del estado observen que todos los órganos autónomos del estado de Veracruz (ORFIS; TEJAV; IVAI; Congreso del Estado, CEDH, CEAPP, FGE); cuentan con un titular del Órgano Interno de Control designado por el Congreso del Estado, previa convocatoria expedida por la legislatura.
Que este hecho no ha significado una intromisión del Contralor a las actividades sustantivas de éstas instituciones. Y solo la Universidad Veracruzana incumple con este mandato de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado de Veracruz. ¿Qué hace diferente a la UV de los otros organismos autónomos?.
¿Podría explicarlo el Rector que cuenta con los amplios estudios realizados en Francia?...
Esta cápsula jurídica y de opacidad en que se ha convertido la UV tiene, entre otros efectos, que la mayoría del personal de la UV no hacen su declaración patrimonial, su declaración de conflicto de intereses y están exentos de hacer públicos el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo que contrasta con los demás maestros del sistema educativo nacional y del estado de Veracruz quienes están obligados hacerlo.
La existencia de un Órgano Interno de Control (OIC), como el que opera en la actualidad provoca que las leyes de responsabilidades administrativas sean letra muerta en la UV.
