A estas horas el gobernador Cuitláhuac García se debe estar preguntando si fue buena idea meter en prisión al militante del PRD Rogelio Franco Castán, porque el caso se le está saliendo de control. Este miércoles cientos de perredistas marcharon por las calles de Tuxpan para exigir su “liberación inmediata” y amenazan con hacer más ruido.
Como es de todos sabido, Rogelio fue detenido el
pasado sábado por ultrajes a la autoridad, cuando los agentes ministeriales
llevaban una orden de aprehensión por violencia intrafamiliar. Los agentes denunciaron
que Rogelio se les puso al brinco e incluso a uno le rompió su playera de 325
pesos, por lo que la juez de control le decretó prisión preventiva de 8 meses.
¿Por qué tanto por tan poco? Porque un ultraje a
autoridad es considerado delito grave en el Código Penal de Veracruz desde el
pasado jueves; dos días antes de su detención.
¿Qué es ese delito? Es algo ambiguo, vago e impreciso
y esa ambigüedad permite a los jueces su arbitraria aplicación. Es más o menos como
el enigmático delito de disolución social por el que guardaban en Lecumberri por
años a los enemigos del régimen.
Basados en esa premisa, casi nadie cree que el ex
Secretario de Gobierno fue encarcelado por faltarle al respeto a los agentes, sino
por una venganza de Cuitláhuac García contra los Yunes Linares Márquez (que ven
a Rogelio casi como de su familia), por el “estúpido” que le espetó Fernando
Yunes.
En conferencia de prensa ahí en Tuxpan, el líder
nacional del PRD Jesús Zambrano no se anduvo con remilgos a la hora de
calificar a Cuitláhuac. “Es un gobernante corrupto y sátrapa a quien exigimos
la libertad inmediata e incondicional de Rogelio”.
¿Sátrapa? Pasu… eso sí que debe calentar.
Como paradoja e independientemente de si golpeó o no a
su ex mujer, Franco Castán está siendo visto por miles de veracruzanos como víctima
de una vendetta política orquestada por un gobierno abusivo, corrupto y
represor.
Esto sin duda lo canalizará a su favor la coalición integrada
por el PRI, PAN y PRD, que desde que se formó le tiene pisada la sombra tanto al
gobernador como a Morena.
Con el encarcelamiento de Rogelio Franco, el
gobernador se metió en un embrollo del que no puede salir. Si ordena su
liberación malo porque el tuxpeño y su partido saldrán fortalecidos, mientras
los exiguos bonos y la poca autoridad de Cuitláhuac sufrirán una considerable
merma.
Pero si lo deja en la cárcel y por la de malas le
llega a suceder algo allá adentro… ¡aguas, aguas, aguas! Aparte de que todos
los índices lo señalarán a él como el directamente responsable, un mártir de la
oposición será la peor de las desgracias para su gobierno y para Morena en pleno
proceso electoral.
Zambrano también anunció que tramitará un juicio
político en su contra y si yo fuera Cuitláhuac me preocuparía. No porque esas denuncias
surtan efecto sino porque caen como una maldición.
Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte tuvieron
demandas de juicio político siendo gobernadores, lo que les provocó ataques de
hilaridad compulsiva.
Y mira nomás dónde están ahora, lector.
Algo
más que un calambrazo para Román Bastida
El desparpajo con el que se ha conducido el alcalde
con licencia de Vega de Alatorre, Román Bastida Huesca, su desprecio por las
leyes electorales y la prepotencia con la que se maneja, tuvieron sus
consecuencias.
Bastida Huesca busca la candidatura a la diputación
local por el distrito VIII con cabecera en Misantla, por la coalición “Juntos
Haremos Historia” que conforman los partidos Morena, PT y el Partido Verde
Ecologista. Pero sus mal disimuladas ansias lo están llevando a cometer errores
que le pueden costar caro.
Este miércoles fue presentada una denuncia en su
contra ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por; “haber
realizado actividades proselitistas en beneficio personal mientras se
encontraba desempeñando sus funciones como alcalde”.
El denunciante es el ciudadano Jesús Rivera
Villagómez, quien narró que en septiembre del año anterior, Román Bastida
convocó a los alcaldes de ese distrito a una reunión en el rancho El Vado para:
“Presentar mi proyecto con miras a la contienda electoral del 2021. Como
primeras autoridades que son ustedes, me gustaría que escucharan mis propuestas
que servirán para detonar las actividades económicas de nuestra región”, decía
la invitación.
Para Rivera Villagómez resulta evidente que Bastida
Huesca, “actualizó la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 11 de
la Ley General en Materia de Delitos Electorales, al redactar y confeccionar un
escrito dirigido a terceras personas, servidores públicos homólogos al cargo
del denunciado en otros municipios vecinos, invitándolos a una reunión con
fines proselitistas a su favor en un día laboral”.
En la acusación se plasma que el munícipe con licencia
utilizó papelería con el slogan del Ayuntamiento de Vega de Alatorre con fines
electorales y aspiraciones personales, ya que el slogan es propiedad y parte de
los bienes del Ayuntamiento, por tanto se encuentra haciendo uso indebido del mismo
para su beneficio personal.
Para el denunciante no hay duda que Román realizó
actividades proselitistas en beneficio personal mientras se encontraba
desempeñando sus funciones como Alcalde del Ayuntamiento de Vega de la Alatorre.
Quien piense que esto es un simple calambrazo se
equivoca, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ha dicho que no dejará
en el tintero ninguna denuncia. Si la acusación de Jesús Rivera Villagómez se
comprueba, que se vaya despidiendo Román de sus sueños de ser candidato a la
Legislatura local, e incluso de imponer a su esposa como su sucesora en la
alcaldía de Vega de Alatorre.
