A finales de enero, cuando la titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, solicitó una nueva prórroga para la entrega de la Cuenta Pública 2019 concerniente al primer año de gobierno de Cuitláhuac García, contó un bonito cuento.
Dijo que no la pudo entregar el
31 de enero porque la pandemia del Covid causó la hospitalización y muerte de “varios”
trabajadores de esa dependencia.
Imagino que así debió ser su
diálogo con los legisladores. ¿Como cuántos trabajadores resultaron afectados,
señora? Muchos. ¿Como cuántos son muchos? Pues muchos, varios…un montón. ¿De
qué áreas? De varias. Ora pues.
Pero además argumentó que por la naturaleza
de los documentos, su contenido no se puede tratar en reuniones virtuales sino
presenciales.
Esto último es falso y lo sabe
doña Delia. Pero bueno…, como quiera que sea el Congreso le dio hasta
septiembre para que entregue la dichosa cuenta.
Pero independientemente de lo
anterior en Veracruz están sucediendo cosas muy raras. La Auditoría Superior de
la Federación detectó un presunto quebranto por 3 mil 115 millones de pesos
cuyo faltante está principalmente en la Secretaría de Salud que dirige Roberto
Ramos Alor.
También hay presuntos desvíos en
la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría
de Turismo. Eso sin contar con los faltantes en la Sedesol, la súper Secretaría
que dirige Manuel Huerta que depende de la Federación.
Son cada vez más las voces que se alzan señalando
que el gobierno que encabeza Cuitláhuac García está cometiendo fraudes a gran
escala que no cometió ni Duarte en dos años de gobierno. Carreteras mal
pavimentadas a precios inflados, clínicas rurales a precios inflados, obras en
municipios a precios inflados. Además de opacidad en la rendición de cuentas.
Hasta el momento no se sabe en qué condiciones se
compraron o alquilaron 160 patrullas en mayo del 2019. Ni la compra millonaria
(más opaca que una pared y más oscura que la noche) de medicamentos a una
empresa de Guadalajara con conflicto de intereses.
Las empresas fantasma que fueron un escándalo hace
seis años están proliferando como hongos en el gobierno de Cuitláhuac y casi a
la vista de todos; lo mismo que los nuevos funcionarios millonarios. Hay
sujetos que llegaron al gobierno con una mano atrás y otra adelante y ahora
viven en zonas residenciales y usan vehículos que ya los quisiera Obama.
Inocente o cínico, Cuitláhuac dice que todo está
bien.
Pero no, nada está bien. Principalmente el humor de
los veracruzanos que otra vez fueron timados por sujetos que les dijeron que ellos
no robarían como los anteriores, no los defraudarían como los anteriores y no les
mentirían como los anteriores.
Y vaya que están cumpliendo porque salieron más
bravos y voraces que los anteriores.
Si la ASF falló al calcular el costo de cerrar el NAIM,
ha sido muy acertada en sus observaciones sobre los más de 3 mil millones de
pesos que le entregaron al gobierno de Cuitláhuac como parte del presupuesto
del 2020 y que al parecer se evaporaron.
Si el gobernador quiere cerrar los ojos a la
realidad allá él. Pero forzosamente tendrá que abrirlos para no tropezarse cuando
ande a salto de mata.
Y a propósito de lo anterior
El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín,
denunció que tanto el gobierno federal como el gobierno de Veracruz han
manejado los recursos de manera ineficiente, ineficaz y poco transparente. “Pasaron
a ser gobiernos mentirosos y corruptos que se entrometen en los procesos
electorales, que firman pactos de manera solitaria, y que aíslan y reprimen
mecanismos de comunicación”.
Durante una conferencia conjunta con los
presidentes estatales del PAN, Joaquín Guzmán Avilés y del PRD Sergio Cadena
Martínez, el líder tricolor dijo que lo más grave es la embestida institucional
de ambos gobiernos a los órganos que se dedican a la auditoría de los recursos.
Agregó que en el Informe de la Auditoría Superior
de la Federación (ASF), hay un probable daño patrimonial a Veracruz por 3 mil 110
millones 200 mil pesos del gasto federalizado, lo que cuestiona severamente al gobierno
estatal en un tema de corrupción, a lo que se suma su deficiente actuar y malos
resultados en todas las áreas de gobierno.
Dijo que es reprobable que se quiera engañar a los
veracruzanos tratando de minimizar, desdeñar y hasta desmentir los resultados
de la ASF.
Recriminó que no se hayan podido acreditar costos
por 2 mil 460 millones 100 mil pesos relacionados con obras comprometidas
relativas a la ampliación del Puerto de Veracruz, y que se señalen
observaciones por 3 mil 417 millones 100 mil pesos de recursos de la Secretaría
de Bienestar, en recursos de programas sensibles como: Adultos Mayores,
Sembrando Vida, y Servidores de la Nación.
Cabe recordar que de acuerdo a los resultados de la
segunda entrega del Informe de la ASF 2019, se realizaron 7 auditorías del
gasto federalizado de tipo cumplimiento para Veracruz, para recuperar o aclarar
2 mil 413 millones 400 mil pesos. Sin embargo, Marlon Ramírez puntualizó que, “es paradójico que el gobierno de la
transparencia y austeridad sólo haya recibido 7 auditorías, con revisión en
documentos no en tierra.”
“El ORFIS, a lo único que se concretó fue a pedir prorrogas,
estamos sin saber qué es lo que pasó en Veracruz con el dinero público de 2019,
que ya sabemos hubo subejercicios. Ya transcurrió 2019, concluyó 2020 y no
terminan de decirnos que pasó”, añadió.
Marlon lamentó que a este mal manejo de los
recursos, se le sume que Veracruz se ha colocado en el segundo lugar nacional
en tasa de letalidad de muertes por contagio de Covid-19, la cual llega al
14.8%. Asimismo, que durante el 2020 se hayan perdido 31 mil 912 empleos; y en
lo que va de este 2021, se hayan perdido 3 mil 571 empleos; que continúe el
decrecimiento económico, y en aumento los delitos del fuero común.
Lo dicho, las cosas no están bien. Nada bien como
pretende hacernos creer el señor gobernador.
