Desde el Café
Bernardo Gutiérrez Parra
El martes 30 de noviembre del 2010 al filo del
mediodía, el gobernador Fidel Herrera Beltrán salió de su oficina rumbo al
parque Juárez a bolearse los zapatos. Lo seguían aproximadamente una docena de
empresarios (de más de ciento cincuenta) a los que su gobierno adeudaba varios
millones de pesos. Los empresarios esperaron a prudente distancia a que el
gobernador terminara de chacualear con los reporteros y el bolero hiciera su
trabajo. Luego se los cuenteó.
“Aguanten señores, mi mandato termina hasta las 12 de
la noche. Ustedes tranquilos, en un par de horas a más tardar tendrán su
dinero. No me iré sin finiquitarles, los cheques se están haciendo, todo es
cuestión de tantita paciencia”. Los empresarios respiraron aliviados, Fidel
bromeó con ellos, les contó un par de chascarrillos, les palmeó la espalda, se
despidió de cada uno con un apretón de manos y… no lo volvieron a ver.
Ese martes 30 de noviembre de hace casi diez años,
comenzó el viacrucis para los empresarios veracruzanos a los que Fidel dejó colgados
de la brocha con un adeudo bárbaro. Su sucesor, Javier Duarte de Ochoa prometió
pagarles, pero les pidió esperar “un tiempo razonable en lo que hago el corte
de caja”.
Duarte les pagó una pichicatería y les ofreció más
trabajo, pero se fue atrasando en los pagos y el adeudo creció a 700 millones
de pesos. Los empresarios comenzaron a ahogarse y lo fueron a ver, tenían
deudas con sus proveedores y con los bancos. “Ayúdenos señor gobernador,
nuestras necesidades son apremiantes”. “Ustedes aguanten” fue la contestación.
Y los empresarios aguantaron hasta que ya no pudieron.
Algunos vendieron su maquinaria para pagar adeudos y sueldos, otros cerraron
por quiebra cuando Duarte les cerró la puerta de su despacho y ya no los quiso
recibir.
Miguel Ángel Yunes Linares de plano dijo que no
pagaría porque no era adeudo de su administración sino de las anteriores y se
las cumplió. Meses después, presionado por los afectados y la opinión pública,
dijo que les pagaría, pero tendrían que justificar con papelito en mano cada
tuerca que hubieran vendido al gobierno estatal. Los empresarios cumplieron y
ni así les pagó.
Ya para entonces habían quebrado más empresas y
algunos empresarios habían fallecido.
Con la 4T llegó el cambio, pero no para los hombres y
mujeres de empresa que parecían aboneros recorriendo con sus facturas los
pasillos de la Secretaría de Finanzas, la Tesorería y el Palacio de Gobierno.
Un día el gobernador Cuitláhuac García se levantó
magnánimo y dijo que al fin les pagaría. Pero fue más la alharaca porque les
abonó cinco millones de pesos y eso fue todo.
Cuando todo parecía perdido, la Comisión Estatal de
Derechos Humanos emitió la recomendación 155/2020 remitida al titular de la
Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, en la que lo
emplaza a que en un término de 15 días hábiles acepte la recomendación y tome
acciones para reparar el daño. Es decir, la CEDH está emplazando a la Sefiplan
a que les pague a los empresarios.
“Se instruye a la Secretaría de Finanzas y Planeación
a revisar y en su caso validar los presuntos adeudos de la Administración
2010-2016 –sexenio de Javier Duarte-, a cargo de distintas dependencias y
Entidades de la Administración Pública con proveedores y contratistas”.
Pero además, la CEDH le está poniendo una oportunidad en
bandeja de oro al gobierno de Cuitláhuac para que se vista de héroe, y aparte
de pagar a los empresarios que ahora son oficialmente “víctimas”, inicie
procedimientos administrativos en contra de los servidores públicos que
resulten responsables. Obviamente todos ellos de las administraciones Duarte –
Yunes Linares.
Con eso, la 4T estaría anotándose un punto a su favor
y mira que buena falta que le hace, lector.
¿Y el adeudo del gobierno de Fidel?
Ese ya se perdió, pero de lo perdido lo que aparezca.
