Xalapa, Ver., a 18 de septiembre del año 2020
El día de ayer 17 de septiembre 2020 a las 13 horas, a solicitud por escrito de mi representada para hacerlo tuvo lugar el encuentro entre el Barzón de Resistencia Civil Estado de Veracruz A. C. "Alianza por la Dignidad" y el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE), atendiendo la reunión por parte del organismo su Titular, el subdirector de prestaciones institucionales, el subdirector jurídico, el subdirector de finanzas entre otros.
Iniciándose la reunión con la presentación de nuestra Asociación Civil, la explicación de su objeto social para clarificar sus fines de servicio y ayuda social por los cuales nos deriva interés en todo aquel asunto en donde se estén cometiendo abusos o usura en contra de deudores; la exposición de la problemática de la profesora jubilada con solicitud de apoyo para el caso concreto, y al final (dado que éste no es un caso aislado) pusimos a consideración de los representantes del Instituto la revisión del mecanismo de colocación y operación de créditos otorgados por Sociedades Anónimas de Capital Variable, así como su tasa de interés por considerar que las mismas son elevadas y que pudieran afectar el bienestar de los derechohabientes.
Respecto al caso concreto de la profesora el IPE ofreció 3 opciones:
1.Cancelar el descuento que viene haciendo el Instituto con la advertencia que sería demandada por la casa de préstamo para reclamar la deuda, y que incuso corría el riesgo del embargo de su vivienda, y demás consecuencias legales que una contienda legal implica, al dejar de pagar.
2.Disminuir el descuento que actualmente tiene hasta quedar en un 30%, con la consecuencia que dados los términos del contrato, al no cubrirse el pago mensual pactado el remanente generaría intereses a una tasa moratoria del doble de la tasa ordinaria, esto es del 62% anual, y no a la del 31% que es la establecida en concepto de ordinaria, perpetuando la deuda.
3.Canalizarla con la financiera, para convenir con ella sobre la deuda, sin la participación del Instituto al sostener que carece de injerencia para hacerlo.
En relación a los tres escenarios propuestos, el primero complicaría lejos de resolver el caso, máxime que la posición del Barzón nunca ha sido dejar de pagar las deudas, sino pagar lo justo. El segundo implica una clara desventaja para la derechohabiente. La tercera, que implica más bien evadir la responsabilidad para deslindarla a terceros. Relativo al punto tratado en último lugar el Instituto por conducto de sus representantes externó que tal asunto no es de su competencia, y por tanto carece de facultades para intervenir, y que desconoce los términos que los pensionados acuerdan con las casas de préstamo respecto a intereses.
ANTE ESTAS RESPUESTAS por parte del Organismo, que lo muestran "ajeno" a la problemática que enfrentan un número indeterminado de pensionados bajo esta situación y a quienes les urgen respuestas de solución, es conveniente hacernos las siguientes preguntas:
1.- ¿La revisión de estos contratos y su pacto de intereses no están dentro de sus facultades o no les interesa hacerlo?
2.- Si el Instituto no es competente para revisar los contratos de crédito que descuenta a favor de particulares, en el rubro de intereses, ¿Quién lo es?
3.- Si el organismo sostiene que desconoce los montos de intereses aplicados a los pensionados, no resulta contradictorio a sus principios éticos y fortaleza como ente de tutela de los derechos de pensionados y jubilados ignorarlo?
4.- Es verdad el asunto se trata de un conflicto entre particulares, como también es verdad que el organismo exhortado cumple una función de coadyuvancia al ser quien retiene el descuento a cambio de una comisión. ¿Qué ganancia por mas lícita que parezca, jus
El día de ayer 17 de septiembre 2020 a las 13 horas, a solicitud por escrito de mi representada para hacerlo tuvo lugar el encuentro entre el Barzón de Resistencia Civil Estado de Veracruz A. C. "Alianza por la Dignidad" y el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE), atendiendo la reunión por parte del organismo su Titular, el subdirector de prestaciones institucionales, el subdirector jurídico, el subdirector de finanzas entre otros.
Iniciándose la reunión con la presentación de nuestra Asociación Civil, la explicación de su objeto social para clarificar sus fines de servicio y ayuda social por los cuales nos deriva interés en todo aquel asunto en donde se estén cometiendo abusos o usura en contra de deudores; la exposición de la problemática de la profesora jubilada con solicitud de apoyo para el caso concreto, y al final (dado que éste no es un caso aislado) pusimos a consideración de los representantes del Instituto la revisión del mecanismo de colocación y operación de créditos otorgados por Sociedades Anónimas de Capital Variable, así como su tasa de interés por considerar que las mismas son elevadas y que pudieran afectar el bienestar de los derechohabientes.
Respecto al caso concreto de la profesora el IPE ofreció 3 opciones:
1.Cancelar el descuento que viene haciendo el Instituto con la advertencia que sería demandada por la casa de préstamo para reclamar la deuda, y que incuso corría el riesgo del embargo de su vivienda, y demás consecuencias legales que una contienda legal implica, al dejar de pagar.
2.Disminuir el descuento que actualmente tiene hasta quedar en un 30%, con la consecuencia que dados los términos del contrato, al no cubrirse el pago mensual pactado el remanente generaría intereses a una tasa moratoria del doble de la tasa ordinaria, esto es del 62% anual, y no a la del 31% que es la establecida en concepto de ordinaria, perpetuando la deuda.
3.Canalizarla con la financiera, para convenir con ella sobre la deuda, sin la participación del Instituto al sostener que carece de injerencia para hacerlo.
En relación a los tres escenarios propuestos, el primero complicaría lejos de resolver el caso, máxime que la posición del Barzón nunca ha sido dejar de pagar las deudas, sino pagar lo justo. El segundo implica una clara desventaja para la derechohabiente. La tercera, que implica más bien evadir la responsabilidad para deslindarla a terceros. Relativo al punto tratado en último lugar el Instituto por conducto de sus representantes externó que tal asunto no es de su competencia, y por tanto carece de facultades para intervenir, y que desconoce los términos que los pensionados acuerdan con las casas de préstamo respecto a intereses.
ANTE ESTAS RESPUESTAS por parte del Organismo, que lo muestran "ajeno" a la problemática que enfrentan un número indeterminado de pensionados bajo esta situación y a quienes les urgen respuestas de solución, es conveniente hacernos las siguientes preguntas:
1.- ¿La revisión de estos contratos y su pacto de intereses no están dentro de sus facultades o no les interesa hacerlo?
2.- Si el Instituto no es competente para revisar los contratos de crédito que descuenta a favor de particulares, en el rubro de intereses, ¿Quién lo es?
3.- Si el organismo sostiene que desconoce los montos de intereses aplicados a los pensionados, no resulta contradictorio a sus principios éticos y fortaleza como ente de tutela de los derechos de pensionados y jubilados ignorarlo?
4.- Es verdad el asunto se trata de un conflicto entre particulares, como también es verdad que el organismo exhortado cumple una función de coadyuvancia al ser quien retiene el descuento a cambio de una comisión. ¿Qué ganancia por mas lícita que parezca, jus
