Por Billie J Parker
PALABRA DE
MUJER
Recién abordamos el injusto
contexto en que sobreviven los enfermos de las Hepatitis virales en México, y
por las reacciones a la columna anterior, una gran parte de la población con
enfermedades diversas, enfrenta la misma crisis. Expuse como los negocios
emergen a raíz de las omisiones y opacidades de las instituciones de salud
pública y añado al letal escenario, el que la mayoría de los afectados del
hígado desconocen como exigir sus derechos establecidos en los artículos 1o y
4o de la constitución. Mismos que crean la obligación del Estado para proteger
la salud o repararla cuando ha sido afectada, y cuanto más por la falta de
prevención y descuido sanitario en hospitales públicos y privados.
Incluso, quienes cotizaron toda una
vida y no gestionaron su pensión por falta de conocimiento, se les niega la
atención en el IMSS, ISSTE y no pueden reclamar al sistema que vivió del fruto
de toda su vida laboral. Los ignoran cuando enfrentan un problema de salud.
Muchos han recurrido a amparos y comisiones estatales de Derechos Humanos para
hacer valer el acceso a la salud pero, son los menos, porque la mayoría -
principalmente del campo- no cuentan con herramientas económicas o culturales
para hacerlo.
El primer negocio abierto es el de
la corrupción, pero cómo ha sido trivializada esta ya ni se nota. En el sector
salud, se le encuentra tanto en el nivel administrativo como político. Desde el
ejercicio de los presupuestos, hasta la cadena de complicidades que cierran las
fronteras a genéricos accesibles, por presión de farmacéuticas.
La corrupción política ha generado
una crisis financiera nacional que obliga al recorte presupuestario,
principalmente en el área de la salud, lo que implica una regresión del Estado
en materia de derechos humanos fundamentales. Cada peso que le quitan los
legisladores al presupuesto de Salud implica pérdidas de vidas. Sin compromisos
con sus representados sólo la presión ciudadana podría contrarrestar a los
legisladores.
En el congreso de la Unión, durante
la pasada mesa de trabajo de Fundación Hepatos AIÓN con autoridades en la
materia, la diputada Teresa Lizárraga, evidenció la dimensión del problema al
mostrar anualmente los subejercicios crecientes del sector salud en miles de
millones de pesos. Sólo en el 2016 el subejercicio alcanzó 13 mil mdp. Imagine
usted cuántos tratamientos pudieron salvar vidas con ese recurso. La
legisladora propone crear un grupo de seguimiento para vigilar como se ejercen
los fondos asignados, en este caso de la hepatitis C, pero puede aplicarse en
todos los ámbitos. Además urge que los hospitales transparenten a el destino de
los tratamientos, para evitar la sospecha de fuga de ellos hacia
consultorios privados.
El
Seguro Popular tiene mil 100 millones de pesos para Hepatitis Viral C (HVC) y
autorizó financiar las terapias de antivirales con recursos del Fondo de
Protección contra Gastos Catastróficos, pero los pocos medicamentos que se
distribuyen -con criterios de elegibilidad discriminatorios y
anticonstitucionales, apenas alcanzan un 15 por ciento de los pacientes, que
también han sido diagnosticados fuera del SP, porque ellos no atienden
hepatitis. Urge que las instituciones mexicanas reporten cuántos
derechohabientes del Seguro Popular, IMSS, ISSSTE, Hospital de Nutrición han
fallecido porque no obtuvieron las terapias, cuántos quedaron incapacitados y
sin patrimonio, buscando su cura.
Otros obstáculos que enfrentan los
enfermos de hepatitis virales es la del negocio capitalista de las
farmacéuticas. La hepatitis C, es la única de cuatro (A,B,C,D,E) que tiene un
tratamiento de cura en México y cuesta casi un millón de pesos (mil dólares la
pastilla x tres meses). Ante la falta de programas de detección o prevención
los pacientes son diagnosticados cuando el mal está avanzado, y con el
argumento que su condición es grave les niegan los tratamientos en un círculo
criminal y mortal. Hoy en día los sistemas de salud advierten que es menor el
costo si curan la hepatitis C, que atenderlos por cirrosis o cáncer, aun cuando
lo especuladores sigan rumiando que curar al paciente no es negocio.
La guerra de los laboratorios
evidencia el motivo por el cual los institutos de salud optan por agotar su
inventario de protocolos obsoletos, dolorosos, que dejan serias secuelas con
apenas una efectividad del 50 %. Exhiben la política del “maiceo” para
que los genéricos -con bajo costo- no puedan ingresar al territorio mexicano
restándole la oportunidad de cura a miles de pacientes. Ello propicia un
mercado negro donde algunos deshumanizados seres, hacen jugosos negocios con
los antivirales que son gratis en la India. Y lo más terrible es que ya empezaron
a circular “clones” que contribuyen a que los enfermos desesperados por su
cura, se ocasionen más daño hepático.
Otra piedra es la falta de
preparación y actualización del personal médico y/o, ponen en la consulta a
pasantes. Los pacientes son estigmatizados, algunos los desahucian y a veces
los mismos enfermos son los que les indican el rumbo para su sanación. La
exigencia de “tratamientos para todos” de organizaciones como la de Miriam
Castellot, en Mexicali B.C. no es infundada. Los medicamentos en las
instituciones los proporcionan a cuenta gotas y bajo criterios de elegibilidad
siniestra, la discriminación de enfermos por edad, condición socioeconómica,
gravedad y hasta por distancia al hosspital. Agregue usted que no todos los
infectados tienen seguridad social y los pocos hospitales que el Seguro Popular
habilitó para atenderlos, están rebasados por la cantidad de pacientes.
Ante ello la sociedad civil
organizada conformada por enfermos y familiares, han iniciado una campaña para
acceder a los tratamientos de patente o genéricos, siguiendo la línea de la
experiencia internacional, como en España, donde los enfermos tomaron
hospitales y oficinas de salud para exigir “Tratamiento para todos”… y se los
dieron. En México esto apenas empieza.
