DE PRIMERA MANO
Por Omar Zúñiga
*Que
Siga La Democracia impugnará la negativa a su registro ante la máxima autoridad
electoral
*Fernando
Quiroz, dirigente en Veracruz, alza la voz y anuncia el recurso legal
Por Omar
Zúñiga
La
decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de negar el
registro como partido político nacional a la agrupación Que Siga La
Democracia no es el final del camino, es apenas el inicio de un litigio que
podría escribir un nuevo capítulo en la larga historia de los partidos
políticos nacidos —o rescatados— por la vía jurisdiccional en México.
Fernando
Quiroz, representante
estatal de la agrupación en Veracruz, anunció que el próximo 6 de julio la
dirigencia nacional presentará ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación un recurso de impugnación contra la resolución
del INE.
La
estrategia es clara: agotar los cauces legales disponibles con la convicción de
que los requisitos exigidos por la ley fueron plenamente cumplidos y que
corresponde al órgano jurisdiccional revisar si el Consejo General actuó con
apego a derecho, se cree que no fue así.
“Confiamos
en que el Tribunal analizará con imparcialidad los argumentos que serán
presentados. Estamos convencidos de que cumplimos con los requisitos que
establece la ley y defenderemos, por la vía institucional, el derecho de miles
de ciudadanos que decidieron organizarse para participar en la vida democrática
del país”.
*****
El
argumento de QSD no surge en el vacío; el historial reciente del sistema
electoral mexicano ofrece dos precedentes directos que la agrupación
seguramente pondrá sobre la mesa ante los magistrados de la Sala Superior.
El
primero es el caso de Fuerza por México. En 2020, el INE negó el registro a
esta agrupación encabezada por el senador Víctor Fuentes, al considerar que no
había acreditado suficientemente la celebración de sus asambleas ni el número
mínimo de afiliados requeridos.
La
resolución del INE parecía inapelable, sin embargo, el TEPJF revirtió la
negativa y ordenó otorgar el registro, al determinar que la agrupación sí había
cumplido con los requisitos de ley y que el Instituto había aplicado criterios
excesivamente restrictivos.
Fuerza
por México participó en las elecciones de 2021, aunque después perdió su
registro al no alcanzar el umbral mínimo de votación.
El
segundo antecedente es Redes Sociales Progresistas (RSP), el INE también le
negó el registro, argumentando irregularidades en sus asambleas constitutivas,
el Tribunal volvió a intervenir y, tras revisar las pruebas aportadas, ordenó
reconocer su registro como partido nacional.
RSP, al
igual que Fuerza por México, terminó perdiendo su acreditación en las
elecciones intermedias de 2021, pero el punto es relevante: en ambos casos, el
árbitro electoral “se equivocó” —o al menos fue corregido por la autoridad
jurisdiccional— y los partidos obtuvieron su registro por la vía del litigio.
Estos
dos precedentes no son anecdóticos, establecen que el INE puede equivocarse —o
actuar con criterios cuestionables— al evaluar el cumplimiento de requisitos, y
que el Tribunal Electoral es la instancia llamada a corregir esos errores. Que
Siga La Democracia apuesta a que la historia se repita.
*****
La
discusión central en cualquier impugnación de este tipo se concentra en una
pregunta técnica y al mismo tiempo política: ¿acreditó la agrupación el número
mínimo de afiliados y la realización de asambleas válidas en al menos veinte
entidades federativas, según exige la normativa electoral?
La
postura de la agrupación es categórica: sí cumplió.
Sus
representantes sostienen que los requisitos legales fueron satisfechos y que la
resolución del INE carece de sustento jurídico suficiente, esta afirmación
deberá ahora probarse ante los magistrados electorales, quienes tendrán que
ponderar la evidencia documental y los argumentos de ambas partes.
La
clave, como ocurrió en los casos de Fuerza por México y RSP, estará en los
detalles: la autenticidad de las listas de afiliados, la regularidad de las
asambleas, la representatividad geográfica. El Tribunal es meticuloso en estos
análisis y si la agrupación cuenta con la documentación en regla, las
posibilidades de éxito son reales.
Con las elecciones de 2027 a la vuelta de la esquina
—por supuesto Veracruz incluido, donde la correlación de fuerzas entre Morena y
los bloques opositores será sometida a prueba—, QSD lo que menos tiene es
tiempo.
El
recurso del 6 de julio deberá resolverse en semanas. El reloj corre... el
Tribunal tiene la palabra.
¡Qué
barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
