En un Estado de derecho, las decisiones sobre el
nombramiento o destitución de un funcionario deberían surgir de
investigaciones, expedientes, responsabilidades administrativas o resoluciones
judiciales. En Veracruz, sin embargo, pareciera que basta una narcomanta para
mover piezas del gobierno con una velocidad que ninguna denuncia ciudadana
consigue.
Eso es exactamente lo que deja entrever el caso
ocurrido en Tuxpan. La Secretaría de Marina y el Ayuntamiento terminaron
destituyendo al director de la Policía Municipal, el marino Raymundo Torres,
después de que un grupo delincuencial lo señalara públicamente de no cumplir
los presuntos acuerdos pactados durante la campaña electoral que llevó a Daniel
Cortina a la presidencia municipal. El relevo tampoco ofrece tranquilidad: fue
designado otro marino previamente dado de baja y también señalado por presuntos
vínculos con grupos criminales y otros episodios polémicos.
El problema no es únicamente el cambio de un mando
policial. Lo verdaderamente alarmante es el mensaje que reciben los ciudadanos.
Si una organización criminal publica una amenaza y, poco tiempo después, las
autoridades modifican la estructura de seguridad exactamente en el punto
señalado por los delincuentes, la percepción pública resulta devastadora. La
duda deja de ser un rumor para convertirse en una sospecha legítima.
Desde el 25 de febrero de este año, cuando apareció
la narcomanta dirigida al alcalde y al entonces director de la policía
municipal, la gravedad del contenido obligaba a una investigación exhaustiva.
En ese mensaje no solamente se lanzaban amenazas; también se afirmaba que
existieron aportaciones económicas ilícitas para la campaña electoral y
compromisos incumplidos entre actores políticos y grupos criminales.
Si tales afirmaciones eran falsas, las autoridades
debieron demostrarlo con investigaciones transparentes y contundentes. Si
existía alguna posibilidad de que fueran ciertas, el deber era aún mayor: abrir
carpetas de investigación, revisar el origen de los recursos utilizados en la
campaña, investigar posibles responsabilidades penales y garantizar que la
seguridad pública permaneciera libre de cualquier infiltración criminal.
Lo que no puede aceptarse es que una acusación de
semejante magnitud quede flotando en el ambiente mientras únicamente cambian
los nombres de quienes ocupan un cargo.
Aquí surge una pregunta inevitable: ¿por qué el
OPLE no detectó absolutamente nada durante el proceso electoral? Si existían
indicios de financiamiento ilícito o de intervención del crimen organizado,
¿dónde estuvieron los mecanismos de fiscalización? ¿Dónde quedaron los
controles que, en teoría, deben garantizar elecciones libres de dinero
criminal?
Igualmente preocupante resulta el silencio de los
partidos políticos derrotados. Si conocían estas versiones y nunca las
denunciaron formalmente, fueron omisos frente a un asunto de interés público.
Si no las conocían, entonces demostraron una preocupante incapacidad para
vigilar la limpieza de un proceso electoral cuya legalidad estaban obligados a
defender.
La infiltración del crimen organizado en la
política municipal no comienza cuando aparece una patrulla; empieza cuando el
dinero ilegal financia campañas, decide candidaturas, compra silencios y
convierte a las instituciones en simples administradoras de intereses
criminales.
Por ello resulta indispensable practicar controles
de confianza y exámenes patrimoniales no solamente a los integrantes de las
corporaciones policiacas. También deberían extenderse a síndicos, regidores,
funcionarios municipales e incluso al propio alcalde. La confianza pública no
puede sostenerse únicamente sobre discursos; necesita verificaciones
permanentes y transparencia absoluta.
La seguridad pública jamás podrá construirse
sustituyendo uniformes mientras permanecen intactas las estructuras de poder
que permiten la infiltración criminal. Cambiar un mando puede aliviar una
crisis mediática, pero jamás resolverá una crisis institucional.
Veracruz ha vivido durante demasiados años las
consecuencias de la colusión entre política y delincuencia organizada. Cada
episodio que no se investiga fortalece la impunidad. Cada silencio
institucional alimenta la desconfianza ciudadana. Cada explicación incompleta
erosiona un poco más la credibilidad del Estado.
Cuando una narcomanta parece
tener más capacidad para remover funcionarios que las propias instituciones de
justicia, el verdadero gobierno deja de despachar en el palacio municipal y
comienza a hacerlo desde la sombra de la impunidad.