COMUNICADO PÚBLICO
La comunidad universitaria y la opinión pública deben conocer que, durante la reciente sesión del Consejo Universitario General (CUG) de la Universidad Veracruzana, se produjo un hecho grave, irregular e inaceptable que vulnera los principios de legalidad, representación democrática, deliberación colegiada y autonomía universitaria.
La exclusión de al menos 23 consejeras y consejeros universitarios, entre ellos consejeros alumnos de las facultades de Pedagogía, Antropología, Biología, entre otras, así como consejeras maestras del Instituto de Ciencias de la Salud, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, así como del Instituto de Investigaciones Biomédicas, implica la sustracción deliberada de voces legítimas de diversas áreas del conocimiento y sectores de la comunidad universitaria.
El Consejo Universitario General es, conforme a la Ley de Autonomía, la Ley Orgánica y el Estatuto General de la Universidad Veracruzana, el máximo órgano colegiado de gobierno. Su integración plena no es una concesión administrativa, sino una exigencia normativa.
La negativa de acceso, fundada en un retraso ocasionado por un hecho fortuito y verificable (mortal accidente vial en el boulevard Xalapa–Banderilla), carece de razonabilidad y proporcionalidad, máxime cuando existen precedentes reiterados en los que, ante circunstancias similares, se ha ampliado el margen de tolerancia para garantizar la representación plena del órgano. Excluir consejeros en este contexto vicia de origen la deliberación y pone en entredicho la validez política —y eventualmente jurídica— de las decisiones adoptadas.
Resulta particularmente preocupante que el acceso al anexo de la Sala Tlaqná haya sido resguardado por personal de seguridad privada, identificado como “guaruras”,
situación inédita pero ya como una constante en la historia reciente del CUG. La presencia de este tipo de dispositivos de control, sumada a la negativa de acceso a consejeros críticos, configura un ambiente de intimidación incompatible con un órgano colegiado autónomo. La autonomía universitaria no se ejerce bajo vigilancia ni se protege con exclusiones.
La gravedad de estos hechos se acentúa porque el CUG sesionaba para discutir asuntos de la mayor trascendencia jurídica e institucional, relacionados con la prórroga del mandato rectoral. La normatividad universitaria es clara:
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El cargo de Rector o Rectora tiene duración determinada;
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Su designación y relevo deben sujetarse a procedimientos expresamente previstos;
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No existe disposición normativa que faculte una prórroga automática, extraordinaria o discrecional.
Cuando existen dudas fundadas sobre la legalidad de una decisión de la Junta de Gobierno, el Consejo Universitario General no solo puede intervenir: tiene la obligación institucional de hacerlo.
Cada consejera y consejero universitario no representa a una autoridad, sino a una comunidad académica y estudiantil que confió en nosotros para defender la legalidad universitaria, incluso cuando hacerlo implica costos políticos o personales. La exclusión sufrida no es individual; es colectiva y estructural. Afecta la legitimidad del órgano y sienta un precedente peligroso: que la participación en el CUG pueda condicionarse cuando la deliberación resulta incómoda.
Ante estos hechos, en la representación de académicos y estudiantes de la UV, exigimos públicamente:
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Que se reconozca y documente la exclusión ocurrida;
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Que se informe formalmente al CUG sobre lo ocurrido y sus implicaciones;
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Cuestionar la validez política y procedimental de las decisiones adoptadas sin representación plena;
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Reafirmar el carácter autónomo, deliberativo y colegiado del Consejo Universitario General.
La autonomía se defiende ejerciéndola. La legalidad se preserva exigiéndola. La comunidad universitaria y la sociedad veracruzana merecen claridad, legalidad y respeto a sus instituciones.
Xalapa Enríquez, Veracruz, a 16 de diciembre del 2025.
Atentamente