Por Miguel Ángel Cristiani G.
En política, tan grave es despilfarrar el dinero público como administrar el ahorro sin respetar la ley. Ambas conductas terminan erosionando la confianza ciudadana. La diferencia es que el despilfarro suele escandalizar de inmediato, mientras que los excesos cometidos bajo el discurso de la austeridad pasan inadvertidos porque se presentan como actos de buena voluntad.
Eso parece estar ocurriendo en el Ayuntamiento de Poza Rica.
El regidor tercero, Charly Barrios Rosales, promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano al considerar que los acuerdos aprobados por el Cabildo durante su Décimo Segunda Sesión Extraordinaria fueron ejecutados de manera distinta a lo autorizado.
Conviene precisar un aspecto fundamental que algunos han intentado simplificar. El regidor no está impugnando la reducción de salarios. Al contrario, votó a favor del acuerdo y reconoce públicamente que fue aprobado por unanimidad. Su inconformidad radica en otro terreno: sostiene que el Cabildo autorizó una disminución de hasta el 30 por ciento y que, al momento de ejecutarla administrativamente, la reducción alcanzó aproximadamente el 50 por ciento.
La diferencia no es menor.
En cualquier gobierno democrático, el Cabildo constituye la máxima autoridad deliberativa del municipio. Sus acuerdos no son sugerencias ni recomendaciones sujetas a interpretación administrativa. Son decisiones colegiadas que deben ejecutarse exactamente en los términos aprobados por la mayoría de sus integrantes.
Si el acuerdo establecía un límite del 30 por ciento, nadie tiene facultades para convertirlo unilateralmente en un descuento cercano al 50 por ciento. Y si existía la intención de modificar esa determinación, el camino institucional era regresar al Cabildo para discutir y votar un nuevo acuerdo.
Así funciona un Estado de Derecho.
Lo contrario significaría aceptar que las votaciones de los cuerpos colegiados pueden reinterpretarse según la conveniencia de quien ejecuta las decisiones. Ese precedente sería mucho más peligroso que el monto mismo del descuento salarial.
El asunto también exhibe otra contradicción frecuente en la política mexicana. La austeridad se ha convertido en una bandera electoral tan rentable que, en ocasiones, parece justificar cualquier procedimiento. Sin embargo, la legalidad no puede sacrificarse en nombre del ahorro.
La austeridad sin reglas deja de ser virtud para convertirse en discrecionalidad.
Más aún cuando el debate gira alrededor de aproximadamente 180 mil pesos mensuales que, de acuerdo con los señalamientos públicos, no corresponderían al porcentaje autorizado originalmente por el Cabildo. La pregunta obligada no es únicamente cuánto dinero representa esa diferencia, sino bajo qué fundamento jurídico se determinó un descuento superior al aprobado.
Ese será precisamente el fondo que deberá resolver la autoridad jurisdiccional.
No se trata de defender salarios de servidores públicos ni de cuestionar las políticas de contención del gasto. Se trata de algo mucho más importante: preservar el principio de legalidad que debe regir cualquier acto de gobierno.
Porque si mañana una autoridad puede modificar unilateralmente un acuerdo de Cabildo argumentando razones administrativas, el problema dejará de ser un descuento salarial y se convertirá en un precedente que debilita la división de competencias dentro del propio gobierno municipal.
La democracia también se construye respetando las formas. Los procedimientos existen para evitar que la voluntad de una persona sustituya la decisión colectiva de un órgano constitucionalmente facultado para gobernar.
En este caso corresponderá al tribunal determinar si existió o no una aplicación indebida del acuerdo aprobado. Lo deseable es que la resolución aporte certeza jurídica y, sobre todo, recuerde a todos los gobiernos municipales que la austeridad no exime del cumplimiento de la ley.
Porque administrar recursos públicos exige disciplina financiera, pero también disciplina institucional.
Cuando un gobierno modifica en los hechos lo que el Cabildo aprobó en el papel, el problema ya no es el porcentaje del descuento, sino el porcentaje de respeto que se tiene por la legalidad.