Por Miguel Ángel Cristiani G.
Hay políticos que padecen una enfermedad incurable:
la ansiedad por el poder. No pueden esperar los tiempos que marca la ley porque
consideran que las reglas son un obstáculo para sus ambiciones y no un
requisito de la democracia. Entonces inventan recorridos de
"agradecimiento", encuentros "ciudadanos", conferencias
"informativas", brigadas "sociales", campañas de "posicionamiento"
o cualquier otro disfraz semántico que les permita hacer exactamente lo que la
ley les prohíbe: pedir el voto antes de tiempo.
La creatividad para violar la legislación electoral
parece no tener límites. Cambian el nombre de la campaña, pero no la conducta.
Eliminan el eslogan, pero conservan los espectaculares. Sustituyen la palabra
"candidato" por "referente", "coordinador",
"promotor" o cualquier eufemismo de moda, mientras despliegan la
misma maquinaria propagandística financiada con recursos cuyo origen muchas
veces ni siquiera queda claro.
El problema es que el derecho electoral no se
construye sobre las apariencias, sino sobre los hechos. Y los hechos terminan
pesando más que los discursos de justificación.
Por eso adquieren especial relevancia las
declaraciones del magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz,
Gilberto de Jesús Salazar Ceballos, al advertir que las conductas relacionadas
con actos anticipados de campaña pueden llegar a comprometer incluso el
registro de una candidatura cuando exista reincidencia o cuando la gravedad de
la infracción así lo amerite.
No se trata de una amenaza. Se trata de la
aplicación de la ley.
La legislación electoral mexicana nació
precisamente para impedir que quienes tienen mayores recursos económicos,
control gubernamental o presencia mediática obtengan ventajas indebidas sobre
los demás contendientes. La equidad en la competencia no es un capricho
jurídico; constituye uno de los pilares de cualquier elección democrática.
Sin embargo, pareciera que algunos actores
políticos consideran que las sanciones forman parte del costo de hacer
negocios. Pagan una multa, presentan un recurso, ofrecen una conferencia para
victimizarse y continúan exactamente con la misma estrategia. Su apuesta
consiste en saturar el espacio público con su imagen durante meses para llegar
a la campaña formal con una ventaja construida al margen del espíritu de la
ley.
Esa lógica representa una profunda degradación de
la competencia democrática.
Lo más preocupante no es únicamente que existan
aspirantes dispuestos a estirar la liga jurídica hasta casi romperla. Lo
verdaderamente alarmante sería que las autoridades encargadas de vigilar el
proceso observaran esas conductas con indiferencia o excesiva complacencia. La
impunidad también hace campaña.
El propio presidente del Tribunal Electoral fue
claro al precisar que aparecer en el padrón de personas sancionadas no implica
automáticamente la pérdida del derecho a ser candidato. Pero también dejó
perfectamente establecido que la reincidencia y la gravedad de las conductas
pueden modificar completamente ese escenario.
Ahí está la diferencia entre una falta aislada y
una estrategia sistemática para burlar la legislación.
Muchos acelerados deberían leer con mayor
detenimiento esa advertencia. Porque existe la falsa creencia de que mientras
no pronuncien literalmente la frase "vota por mí", todo lo demás está
permitido. La jurisprudencia electoral mexicana ha demostrado en múltiples
resoluciones que el análisis de los actos anticipados no depende únicamente de
las palabras utilizadas, sino del contexto, la intención, la sistematicidad, la
difusión y el efecto que producen frente al electorado.
No basta cambiarle el nombre al acto político para
convertir una campaña en una reunión ciudadana. Tampoco basta colocar el
logotipo de una asociación civil para ocultar un proyecto electoral
perfectamente identificable. La simulación también deja huellas.
En Veracruz ya comenzó una competencia silenciosa
por aparecer primero en bardas, espectaculares, redes sociales, entrevistas
pagadas y eventos multitudinarios. Todos dicen respetar la ley mientras buscan
la manera más ingeniosa de rodearla. Es el viejo deporte nacional: cumplir la
norma únicamente cuando ya no queda otra alternativa.
Pero esa estrategia puede convertirse en un
búmeran.
Quien hoy presume músculo político mediante
campañas disfrazadas podría descubrir demasiado tarde que la propaganda
anticipada termina siendo el expediente probatorio que un adversario necesita
para impugnar su candidatura. En política, los excesos suelen cobrarse con
intereses.
La democracia exige competencia, no ventaja ilegal;
exige convicción, no simulación; exige respeto a las reglas, no abogados
especializados en encontrar resquicios para burlarlas. Cuando los aspirantes
empiezan violando la ley para llegar al poder, lo verdaderamente ingenuo sería
esperar que después gobiernen respetándola.
Porque quien necesita
hacer trampa antes de ser candidato ya anunció, sin decir una sola palabra,
cómo piensa ejercer el poder cuando llegue a él.