Por Miguel Ángel Cristiani G
Hay discursos que se escuchan con atención y otros que
obligan a reflexionar. El pronunciado por la presidenta municipal de Xalapa,
Daniela Griego Ceballos, durante el desayuno ofrecido a periodistas con motivo
del Día de la Libertad de Expresión, pertenece a la segunda categoría.
No porque haya dicho algo revolucionario, sino porque
recordó principios que en México suelen mencionarse con frecuencia y aplicarse
con escasez: el respeto a la crítica, la transparencia gubernamental y el
derecho ciudadano a estar informado.
La alcaldesa hizo un amplio reconocimiento a la labor
periodística. Habló de la importancia de la libertad de expresión, de la función
social de los medios de comunicación y del papel que desempeñan los periodistas
como intérpretes de la realidad. Recordó además su trayectoria legislativa en
materia de transparencia y acceso a la información pública, un tema que conoce
bien y que forma parte de su historial político.
Hasta ahí, todo correcto.
Sin embargo, la verdadera prueba de cualquier gobernante no
está en la calidad de sus discursos sino en su capacidad para soportar las
consecuencias de aquello que proclama.
La libertad de expresión es muy sencilla de defender cuando
los comentarios son favorables, cuando las entrevistas son cómodas o cuando las
notas destacan los logros de una administración. El problema aparece cuando
llegan las preguntas incómodas, los reportajes que exhiben errores, las
denuncias ciudadanas o las investigaciones que contradicen la narrativa
oficial. Que bueno que la presidenta municipal de Xalapa está consiente de la
importancia de la crítica periodística.
Y es precisamente ahí donde históricamente muchos gobiernos
mexicanos han fracasado.
Veracruz conoce demasiado bien esa historia. Durante
décadas, periodistas han enfrentado presiones, amenazas, campañas de
desprestigio y, en los casos más graves, violencia criminal. La entidad se
convirtió en referencia nacional no por la fortaleza de sus instituciones
democráticas, sino por los riesgos que implica ejercer el periodismo.
Por eso resulta pertinente que la presidenta municipal haya
reconocido públicamente que ningún gobierno democrático puede aspirar a la
legitimidad si pretende controlar el flujo de la información o convertir la
comunicación social en un simple aparato propagandístico.
El problema es que la tentación sigue vigente.
Las oficinas de comunicación social en buena parte del país
continúan operando bajo una lógica que privilegia la construcción de imagen
sobre la rendición de cuentas. Se invierten recursos públicos para difundir
éxitos, mientras los problemas estructurales quedan relegados a notas
marginales o explicaciones burocráticas.
La alcaldesa sostuvo que la comunicación pública debe partir
de la honestidad y no de la simulación. Una afirmación impecable en teoría.
Pero la realidad obliga a una pregunta elemental: ¿Cuántos gobiernos están
realmente dispuestos a informar con la misma intensidad sus fracasos que sus
éxitos?
Muy pocos.
En ese contexto, también llamó la atención la referencia a
los ataques mediáticos, la desinformación y las campañas de desgaste que —según
señaló— ha enfrentado su administración durante estos primeros meses.
Las redes sociales han democratizado la difusión de
información, pero también la propagación de rumores, noticias falsas y campañas
interesadas. Sin embargo, los gobiernos suelen cometer un error recurrente:
confundir toda crítica con una conspiración.
No toda observación incómoda es desinformación. No toda
denuncia es un ataque político. No toda investigación periodística responde a
intereses oscuros.
La democracia exige tolerancia al escrutinio permanente.
El periodismo no existe para agradar a los gobernantes.
Existe para vigilar al poder. Su función no es proteger administraciones, sino
informar a la sociedad. Cuando cumple adecuadamente esa tarea, inevitablemente
genera incomodidad.
Y esa incomodidad es saludable.
Lo verdaderamente preocupante sería una prensa silenciosa,
dócil o subordinada.
Xalapa necesita gobiernos transparentes, pero también medios
responsables y críticos. Necesita funcionarios capaces de escuchar
cuestionamientos sin victimizarse y periodistas capaces de investigar sin
convertirse en operadores políticos. Ambos son indispensables para fortalecer
la vida pública.
Porque la libertad de expresión se demuestra cuando el poder
acepta ser observado, cuestionado y exhibido sin intentar controlar el espejo
que refleja sus errores.
La democracia
comienza donde terminan los aplausos oficiales y empieza la obligación de
responder, con hechos, a las preguntas que el poder preferiría no escuchar.
