IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
Por momentos, el debate entre el Gobierno de México por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU parece técnico, incluso semántico. Pero no lo es, en realidad, se trata de una disputa profunda sobre cómo nombrar una tragedia nacional y, sobre todo, quién debe asumir su responsabilidad.
Las lecturas de este choque pueden ordenarse en tres planos —jurídico, político y narrativo—, pero todos convergen en un punto incómodo: México ya no puede explicar el fenómeno de las desapariciones únicamente como un problema externo al Estado.
El pronunciamiento de la ONU introduce un elemento disruptivo. Al activar un mecanismo excepcional para llevar el caso ante la Asamblea General, no solo eleva el tono diplomático, sino que redefine el terreno del debate.
Su señalamiento más relevante no es únicamente que existan indicios de desapariciones sistemáticas —lo cual ya es grave—, sino cómo se entiende la desaparición forzada en el siglo XXI. La ONU rompe con la visión clásica que la limita a la acción directa del Estado y la amplía hacia escenarios donde hay participación indirecta, tolerancia o aquiescencia o incluso protección de organizaciones criminales dentro de patrones sistemáticos.
Este punto es el verdadero epicentro del conflicto. Porque si se acepta esa definición, el argumento central del Estado mexicano —“no somos nosotros, es el crimen organizado”— deja de ser suficiente.
Frente a ello, la respuesta del gobierno mexicano no sorprende, pero sí revela su estrategia, contener el alcance jurídico del problema.
El rechazo frontal al informe —calificado como tendencioso, sesgado y carente de rigor— cumple una función política evidente, deslegitimar el diagnóstico antes de discutir sus implicaciones. Pero más allá del tono, lo sustantivo está en la defensa jurídica.
México sostiene que no existe una política de Estado para desaparecer personas, muchas desapariciones son atribuibles al crimen organizado, por tanto, no encajan en la categoría de desaparición forzada.
A esto se suma la reivindicación de avances institucionales recientes, que busca equilibrar la narrativa internacional con una imagen de esfuerzo estatal.
En síntesis, el gobierno intenta acotar la responsabilidad del Estado a casos aislados, evitando que se configure como un fenómeno estructural. En el fondo, la disputa no es sobre cifras, sino sobre definiciones.
Para la ONU, la responsabilidad estatal puede existir incluso sin una orden directa, si hay colusión, tolerancia, o incapacidad sistemática.
Para el gobierno mexicano, en cambio, la responsabilidad solo aplica cuando hay participación directa del aparato estatal.
Esta diferencia no es menor. Es la distancia entre un Estado que puede ser responsable por omisión o debilidad estructural y un Estado que solo responde por acciones explícitas.
La ONU, en línea con la evolución del derecho internacional, adopta una visión más amplia. México, en cambio, se aferra a una interpretación más restrictiva, que reduce su exposición jurídica. Soberanía contra escrutinio, pero el debate jurídico es también político.
El gobierno mexicano busca evitar dos escenarios, que el caso escale a instancias internacionales de mayor peso, que se configure como crimen de lesa humanidad.
Ambos tendrían consecuencias profundas en términos de reputación, presión internacional e incluso posibles responsabilidades futuras.
Al mismo tiempo, hay un esfuerzo claro por controlar la narrativa interna, insistir en que el problema radica en el crimen organizado y no en el Estado.
La ONU, por su parte, opera en sentido contrario. Su objetivo es internacionalizar el problema, generar presión y empujar hacia mayores niveles de rendición de cuentas.
Sin embargo, más allá del cruce de argumentos, hay un punto en el que ambas posturas coinciden, aunque no lo admitan en los mismos términos, México enfrenta una crisis masiva de desapariciones.
Más de 100 mil personas desaparecidas no son una anomalía estadística. Son el reflejo de debilidad institucional, impunidad persistente y, en algunos casos, colusión entre autoridades y crimen. La diferencia radica en cómo se interpreta esta realidad.
Para el gobierno, es el resultado de la fragmentación criminal y las limitaciones del Estado.
Para la ONU, podría ser evidenciade un patrón más amplio, donde la responsabilidad estatal no puede descartarse tan fácilmente.
La discusión revela algo más profundo que un desacuerdo diplomático, expone la dificultad de los estados modernos para asumir responsabilidad en contextos donde el poder está fragmentado.
Porque el problema no es solo si el Estado desaparece personas, sino qué ocurre cuando no puede impedir que eso suceda de manera sistemática. Ahí es donde la línea entre omisión y responsabilidad comienza a desdibujarse.
Al final, este choque deja tres conclusiones claras, Jurídica estamos ante una disputa sobre la definición misma de desaparición forzada. Política, México defiende su soberanía y reputación; la ONU busca elevar el nivel de escrutinio y por último estructural, la crisis revela un país donde la frontera entre Estado y crimen no siempre es nítida.
Y quizá esa sea la incomodidad mayor, no se trata solo de quién tiene razón en el debate, sino de que ambas posturas, en distintos niveles, apuntan a una misma verdad difícil de aceptar.
México no enfrenta únicamente un problema de criminalidad. Enfrenta una crisis que pone en cuestión la capacidad misma del Estado para garantizar lo más básico, que una persona no desaparezca sin dejar rastro.
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cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico en comunicación en la Ibero y en la Universidad Anáhuac, campus norte CDMX.