Por Miguel Ángel Cristiani
En las últimas fechas se
habla de una “imposición” en la rectoría de la Universidad Veracruzana. Palabra
fuerte. Carga pólvora. Y exige pruebas. Analicemos con bisturí, no con
megáfono.
Primero, el marco. En las
universidades públicas, la ley y los estatutos trazan el camino: convocatoria,
requisitos, auscultación a la comunidad, deliberación de la autoridad colegiada
y designación. La figura suele ser una Junta de Gobierno independiente no
manipulable o un órgano equivalente.
No es un concurso de
popularidad, pero sí un proceso que debe ser transparente, documentado y
verificable. Si la “imposición” fuera ilegal, tendría que romper una de esas
bisagras: convocatoria viciada, elegibilidad forzada, deliberación manipulada,
o incluso intervención externa indebida.
Segundo, las señales de
alerta. Son seis, y conviene checarlas una por una:
- Calendarios exprés que impiden la participación real.
- Cambios de última hora en requisitos o criterios.
- Falta de publicación de actas, votos razonados y criterios de
evaluación.
- Exclusión opaca de aspirantes que sí cumplían.
- Uso de recursos públicos para promocionar a una candidatura.
- Presiones de autoridades externas a la universidad.
Si hay una, ya preocupa.
Si hay varias, suena a imposición.
Tercero, las pruebas
útiles. Un señalamiento sólido no nace de un hilo en redes, sino de documentos.
¿Dónde están la convocatoria para los candidatos aspirantes original, los
anexos, el cronograma, las listas de aspirantes, los dictámenes, las actas
firmadas, los votos razonados, los registros de auscultación, las minutas? ¿Se
respetaron quórums, plazos y procedimientos? ¿Hubo testigos, videos, versiones
estenográficas? Eso pesa en un amparo. Eso derrumba o sostiene un rectorado.
Cuarto, el contrapeso. La
universidad puede alegar cumplimiento: convocatoria pública, audiencias con
sectores, evaluación colegiada, designación por mayoría. Puede decir:
autonomía, no plebiscito. Y tendría razón en un punto: la deliberación no
siempre es abierta, pero sí debe ser verificable. La opacidad legalizada es un
atajo a la desconfianza. La autonomía no es carta blanca; es responsabilidad
con luz.
Quinto, las vías. Si
alguien afirma “imposición ilegal”, el camino no es el rumor sino el
expediente:
- Solicitudes de información con base en la ley de
transparencia.
- Recursos ante órganos garantes si ocultan documentos.
- Quejas ante órganos internos de control universitario.
- Juicios de amparo si hubo violaciones claras a derechos o
normas.
- Auditorías externas a los procesos de designación, cuando
proceda.
Sexto, el ruido y la
señal. En política universitaria abunda la rivalidad. Unos confunden derrota
con fraude; otros creen que ganar legitima todo. Ni uno ni otro. El estándar es
simple: reglas claras, piso parejo, papeles a la vista.
Un guion práctico para exigirle
a la Junta de Gobierno:
- Muéstreme la convocatoria, completa, con fecha y firma.
- Liste a todos los aspirantes. ¿Quién quedó fuera y por qué?
- Comparta los criterios de evaluación. ¿Pesó más la docencia,
la investigación, la gestión?
- Publique las actas, los votos razonados y el quórum.
- Explique cualquier cambio al procedimiento, con fundamento.
Si eso aparece, se
despejan nubes. Si no, el término “imposición” deja de ser consigna y se vuelve
hipótesis plausible. Y si además hay ilegalidad documentada, entonces no es un
editorial: es un caso.
La universidad se
defiende con ideas. Su legitimidad, con procedimientos impecables. Abrir los
papeles no debilita a nadie. Por el contrario: vacuna contra la sospecha y
fortalece la autonomía que todos dicen cuidar.